Por Juan Cruz Butvilofsky 

De ANÁLISIS

Las autoridades están, desde el principio de la pandemia, ante la disyuntiva de optar por una política del mal menor. Ningún país del mundo se arrimó siquiera un poco a lo ideal, entendiéndose esto como un combate efectivo contra el coronavirus sin que éste afecte en lo más mínimo a la actividad económica y por consecuencia al pueblo trabajador. Ninguno.

Los países que optaron por restricciones de circulación más débiles no aseguraron un mejor indicador económico, de eso se puede dar cuenta cualquier persona que observe el cuadro que compara la caída del PBI con las medidas de cuarentena adoptadas por cualquier gobierno.

Está más que claro que la caída económica es consecuencia de la pandemia y no de la cuarentena tal como lo refleja el estudio presentado por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en donde se ve que el virus afectó la actividad económica de todos los países, independientemente de la cuarentena adoptada.

Para colmo de males, en la Argentina la economía tuvo el precedente del macrivirus: recesión en tres de los cuatro años de gestión, recortes en áreas sensibles como Salud, un cúmulo de políticas que disminuyeron el salario real, despidos, precarización anunciada como nuevos puestos de trabajo, liberación para que los buitres financieros se lleven más dinero del que pusieron haciendo sólo un click, endeudamiento en récord histórico, etc.

Un dato que si está ligado de manera directa a qué tipo de cuarentena adoptó cada país, es el de la mortalidad por el virus. En donde se adoptaron medidas de aislamiento más restrictivas, se evitó que el número de muertes sea alto -y viceversa-.

Sin embargo y a pesar de la claridad con la que se nos presentan las cosas -en tiempos donde todo se transmite en vivo por las redes sociales- hay un sector de la sociedad que se niega a reconocer lo innegable. En tiempos de fakenews y mucho periodismo para la hinchada, preferimos creer un sinnúmero de fábulas en lugar de mirar los cadáveres en las calles de los países vecinos.

Es así, hay un sector importante de la gente que quiere escuchar algo acorde a sus conclusiones previas y no quiere saber nada con un proceso reflexivo, crítico y un análisis selectivo de la sobreinformación. Y esto no el exclusivo a la temática del Covid-19.

Todas las autoridades del mundo se presentaron ante un escenario donde la política debía ser la del mal menor, aunque algunxs lo hicieron mejor que otrxs. Se impuso, de ese modo, la necesidad de una política de reducción de daños que asume como parte de la realidad que habrá consecuencias negativas pero que las medidas deben tender a reducir ese daño lo más posible.

El problema de esta modalidad de política es evidente: los resultados son silenciosos e invisibles. Está claro que las muertes evitadas en la Argentina no salieron en ninguna foto, no hay una imagen que se pueda ofrecer con contundencia y se debe acudir a la comparación con otros países.

Quienes se oponen a esta modalidad de ejecución política sostienen un modelo basado en ocultar la realidad para que las cosas no cambien tanto. Ocultemos que el virus existe, ocultemos que es una pandemia que afectó a los países más poderosos, ocultemos que hay países vecinos que no se aislaron y acumularon los muertos en fosas comunes, ocultemos todo porque yo soy todopoderoso y voy a poder contra esta mentira del coronavirus impuesta por el nuevo oden anti-cristo. Entiéndase esto último como un recurso caricaturesco y sarcástico de los sectores extremos y residuales de los anti-cuarentena, aunque no se que tan residual es, a sabiendas que un cura pretendió “exorcisar” a Paraná del coronavirus.

A pesar de esta dificultad y los dificultores, la política de reducción de daños debe haber llegado para quedarse. El Estado se enfrenta de manera diaria a problemas que su marco normativo oculta y decide darle la espalda.

Un buen ejemplo es el de la política de drogas que tiene en la Argentina, montada sobre un marco normativo rancio e ineficiente que rige hace décadas en sintonía con la fracasada Guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos durante el SXX. Se trata de un abordaje punitivo para una problemática que merece ser abordada estríctamente desde la salud y la educación.

Está claro el fracaso: el consumo no baja por la prohibición y el negocio ilegal del narcotráfico crece día a día. Lo que está mal, una vez más, es el enfoque: prohibimos para dar la espalda y que el negocio se sostenga en el tiempo. Y estamos hablando, nuevamente, de la necesidad de que el Estado cambie el paradigma de abordaje: las sociedades hacen un uso de las distintas drogas desde que existieron como comunidad y la políticas deben conciliarse con esa realidad.

En este ejemplo son varios los daños ineludibles: el consumo problemático de las denominadas drogas ilegales y legales; y, el daño -considerablemente menor al comparárlo con una adicción- que se autogenera quien decide hacer un uso de las drogas como un acto voluntario de ocio, diversión y/o terapéutico. Nadie dice que el consumo sea inocuo. Sin embargo, los daños generados por la política actual son considerablemente más gravosos para la sociedad y sus individuos: la criminalización, la violencia y la sangre como moneda de cambio del sostenimiento del negocio.

Párrafo aparte para el daño que genera la existencia de vínculos del Estado con las redes narcos, relación indisoluble y necesaria para el sostenimiento del negocio en todos los rincones del mundo y evidencia de porque algunos sectores de la casta política no quieren dar la discusión.

En este marco, si necesitas un efector de salud mental para darle pelea a tu consumo problemático, el Estado te aborda con el Código Penal y leyes como la de narcomenudeo. Esto sucede a pesar de los grandes esfuerzos que hacen los profesionales de la salud que trabajan en la provincia en un sentido opuesto al de la matriz normativa en la materia. Su esfuerzo termina limitado por el propio Estado.

Además están aquellas personas que deciden consumir lo que quieran sin afectar a terceros y que -a pesar del amparo de la Constitución Nacional- son criminalizados y sometidos al punitivismo estatal (privación o restricciones a la libertad, señalamiento público, costos procesales, etc.).

Un viejo ejemplo que cierre esta idea: si en la fiesta Time Warp se hubiese aplicado una política de reducción de daños, probablemente se hubiesen evitado las 5 víctimas fatales. Si, es contrafáctico, pero se puede comparar con los países de otras latitudes que abordan la problemática de otra manera. Las fiestas electrónicas existen, el consumo de metanfetaminas existe y esto es así a pesar de la prohibición. Si el Estado asume esta realidad y se pone de frente con nuevas leyes, puede estar allí presente controlando a los empresarios inescropulosos y ofreciendo una salida sanitaria para quien elige consumir sin dañar a nadie más que a sí mismo.

En definitiva: ni la gente se va a dejar de enfermar porque el Estado niegue el problema -como piden muchxs que haga-, ni la gente va a dejar de consumir porque el listado de drogas prohibidas sea cada vez más extenso. Es necesario que el Estado extienda esta modalidad más allá del Covid-19 y utilice la ciencia como bandera a la hora de determinar políticas públicas integrales en materia de salud pública.