Carlos Figueroa analiza la realidad del sector
Gerardo Figueroa
En el ámbito laboral, se ha instalado un patrón reiterado de fallos judiciales que ignoran las particularidades jurídicas, contractuales y operativas propias del trabajo en salud, especialmente en lo relativo a la medicina organizada bajo esquemas de guardias, honorarios y servicios profesionales independientes.
La aplicación automática de presunciones de relación de dependencia a médicos y técnicos contratados bajo regímenes de autonomía técnica constituye una distorsión del derecho laboral, que desnaturaliza los vínculos y genera pasivos laborales artificiales y ruinosos para los prestadores. Los fallos con actualizaciones monetarias que triplican o cuadruplican los montos originalmente reclamados, sin correlato con la capacidad económica del empleador ni análisis de sostenibilidad, generan quiebras inmediatas y cierres de instituciones. Este esquema ha sido incentivado por la proliferación de estudios jurídicos que operan como verdaderos “caranchos laborales”, incentivando demandas masivas sin fundamento técnico, apelando a la hiperprotección judicial del trabajador aún en contextos contractuales perfectamente válidos.
Argentina carece de una comisión técnica nacional especializada, autónoma y vinculante, que permita establecer si existió o no mala praxis médica antes de judicializar un caso. Las causas por presunta mala praxis son elevadas a juicio incluso cuando las pericias resultan favorables al profesional o institución, y en múltiples casos, los jueces ignoran deliberadamente los dictámenes técnicos o directamente se apartan de ellos sin justificación objetiva. Se verifica una creciente hipersensibilización judicial, donde el resultado clínico adverso (aunque previsible o estadísticamente posible) se presume como indicio suficiente de responsabilidad. Este abordaje, que carece de respaldo científico y contraviene el principio de culpabilidad basada en evidencia técnica, genera un riesgo jurídico permanente para todo profesional y desincentiva el ejercicio de la medicina, especialmente en áreas de alta complejidad y riesgo operativo.
Hoy hay clínicas cerrando, especialidades abandonadas, profesionales que ya no quieren ejercer, y miles de jóvenes que directamente descartan la medicina como vocación. La salud pública y privada está en peligro real. Si esta deriva continúa, la Argentina se enfrentará en pocos años a un colapso funcional de su sistema de salud, con efectos catastróficos: incremento de la morbimortalidad evitable, colapso de guardias y servicios, desarticulación regional de redes sanitarias, y pérdida de confianza social en la medicina institucional.
La desjudicialización no implica impunidad. Implica reencauzar el tratamiento de los conflictos bajo principios técnicos, especializados y de proporcionalidad, compatibles con la sostenibilidad del sistema. Es por eso que proponemos la creación de una Comisión Técnica Nacional de Evaluación de Mala Praxis, multidisciplinaria, autónoma y vinculante, como paso previo obligatorio a toda judicialización civil o penal. Además, la revisión del régimen jurídico-laboral aplicable al personal de salud, incluyendo la diferenciación expresa entre vínculo contractual autónomo y relación de dependencia, con presunciones específicas para el sector. Es importante la limitación legal a las actualizaciones judiciales de montos indemnizatorios, con topes proporcionales a la capacidad económica del prestador, como así también la sanción y control sobre el ejercicio abusivo del litigio, mediante herramientas procesales eficaces contra la mala fe, la temeridad y el uso del derecho como mecanismo extorsivo. Y por último, la declaración formal del sistema de salud como sector esencial y estratégico, con protección legal específica ante medidas judiciales que puedan comprometer la continuidad de servicios críticos.
El país está ante una disyuntiva estructural. O se reordena el sistema de resolución de conflictos con criterios técnicos y sostenibles, o se acelera un colapso de consecuencias irreversibles, que dejará a millones de argentinos sin acceso real a la atención médica. Este no es un reclamo gremial. Es una advertencia técnica al Estado, al Poder Judicial y a la sociedad. Si la salud colapsa, no habrá derechos que ejercer ni sentencias que ejecutar. Solo vacío.
Fuente: La Nación
