El nombre de David Perona apareció en un pendrive que se secuestró el sábado pasado en la casa de Leonardo Peiti, luego que este declarara como “arrepentido” en esta causa en la que terminó detenido el martes pasado por cobrar coimas el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien ayer fue suspendido en su cargo por la Legislatura de Santa Fe.

En la residencia de Peiti también fue secuestrado un Renault Kwid, que está a nombre de Perona, a quien el empresario rosarino lo habría provisto de las máquinas tragamonedas y ruletas electrónicas que importaba.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, Perona logró mantener el control de este negocio ilegal durante más de una década por complicidades con la policía y sectores de la justicia, que a pesar de que recibían denuncias contra este capitalista del juego nunca avanzaban en las investigaciones.

En Rafaela, donde vive Perona, unidades de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) realizaron cinco allanamientos, en los que se secuestró un millón de pesos, 15 mil dólares, objetos de oro, cinco autos y camionetas. Perona figura en la AFIP como agente de servicio de transporte automotor de pasajeros, con la chapa de un taxi registrada en 2013, consignó el diario La Nación.

“Perona y su hermano cuentan con una denuncia del año 2017 por casinos clandestinos ante el fiscal Martín Castellanos, expediente que nunca avanzó”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad.

Fuentes cercanas al ministro Marcelo Saín apuntaron que “la justicia de Rafaela más que investigar esa denuncia, lo que estaba haciendo era proteger a estas redes que eran conocidas desde hace mucho tiempo en la zona, por lo que tuvieron que intervenir fiscales de Rosario para realizar la investigación”. Les llamó la atención a los agentes de la TOE que los locales de juego que fueron allanar tenían carteles en el frente que decían: “Casino David Perona” “Casino Perona Clan” y “Casinos Perona”.

En esta megacausa de juego clandestino fue imputado el martes el fiscal Ponce Asahad, quien quedó preso por 90 días, luego de que en la audiencia los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra expusieran una serie de pruebas que confirmaron los dichos del empresario Peiti, que le pagaba un abono de coimas de cinco mil dólares a este funcionario y al jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, quien será imputado la semana próxima, luego de renunciar a su cargo.

Peiti, a su vez, está imputado de participar en extorsiones con la banda de Los Monos, con los cuales se había asociado en el negocio del juego clandestino luego de sufrir amenazas. Cedió a la banda narco criminal el control de varias salas de juego. Peiti declaró que fue “víctima” de Ariel Cantero, alias Guille, quien tras balear un edificio del empresario el 1º de julio de 2019 le exigió el pago de 400 mil dólares.

Este hombre usó sus “influencias” en la fiscalía de Rosario, donde -según admitió- pagaba coimas a Ponce Asahad y a Serjal desde diciembre de 2018, para favorecer a nivel judicial a dos “soldaditos” de Los Monos que habían sido detenidos cuando preparaban un atentado al casino de Rosario, que luego se produjo con otros miembros de la organización a principios de enero de este año, cuando fue asesinado el gerente del banco Nación de Las Parejas Enrique Encino, publicó el diario La Nación.

Esta investigación destapó la complicidad de dos fiscales y empezó a mostrar también las supuestas conexiones políticas que existían para darle protección al empresario Peiti, cuyo abogado declaró que este hombre manejaba empresas legales en Formosa, Misiones, y Mar del Plata, donde tenía vinculación con el casino del hotel Sasso de Mar del Plata, que es del Sindicato Gastronómico.

El abogado del gremio Horacio Ferro negó de plano esta afirmación y puntualizó que Peiti ofreció vender máquinas de ruleta electrónica a esa sala de juegos -que finalmente alquiló solo dos unidades en la temporada 2018-2019-, pero que no los une ninguna relación comercial con el imputado.