Por Daniel Enz

(de ANALISIS)

 Seguramente sorprendió a muchos lo que reveló el exdiputado provincial Daniel Ruberto. Pero detrás de todo esto hay una historia no siempre reflejada por los medios ni por los abogados defensores ni por la clase política. Los dichos de Ruberto son consecuencia de una situación, suscitada en uno de los allanamientos a uno de los ejecutores de los cobros de dinero de los contratos legislativos -como el caso de Hugo Mena-, cuando se encontraron en su casa numerosos contratos de personas, que figuraban como contratados por determinados diputados provinciales del PJ en el período anterior, 2015/2019, cuando Sergio Urribarri era el presidente de la Cámara Baja. 

Los policías hallaron contratos firmados por sus beneficiarios y otro lote importante sin firmar. Según el detalle, había 12 contratos que estaban ordenados por el exdiputado provincial Juan José Bahillo, quien presidió el bloque del Frente para la Victoria durante 2016 y 2017, antes de renunciar para asumir en el Congreso de la Nación. También había 6 contratos a nombre del exdiputado Pedro Báez (Paraná), como así también entre uno y dos contratos de los legisladores Juan Navarro (Tala), Rubén Vázquez (Paraná Campaña), Gustavo Osuna (Paraná), Leticia Angerosa (Gualeguaychú), Silvio Valenzuela (Uruguay), Daniel Ruberto (Paraná), Marcelo Bisogni (Uruguay) y Juan Carlos Darrichón (Diamante). Lo extraño del caso era que los contratados tenían residencia en la capital entrerriana, pese a que buena parte de los legisladores mencionados son del interior de la provincia. Además, encontraron 25 contratos del Senado. La mayoría no tenía nombre de senador alguno, pero sí indicaban "autoridades del Senado". 

A esto se sumó otra parte de la historia: cuando fue citado a indagatoria el exdirector del Servicio Contable de Diputados, Sergio Cardoso -después de negarse a declarar- y asistido por el abogado defensor Emilio Fouces, el ex funcionario administrativo contó que una autoridad de la Cámara, aunque no recordaba si había sido Sergio Urribarri o algún otro colaborador, le ordenó que atendiera a Roberto Ariel Faure, contratado también de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación, porque él iba a hacer de operador de algunos legisladores del PJ, para llevar y traer contratos, como así también sus cobros y manejos de las facturas pertinentes. 

Faure era el mano derecha de Alfredo Bilbao, uno de los imputados en esta causa, allegado directo del contador Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Contable del Senado, hasta que el exvicegobernador Adán Bahl pidió su desplazamiento, aunque la fiesta de los contratos no tuvo mayores variantes. Pérez y Bilbao eran los hacedores del mecanismo y quienes administraban las idas y vueltas del dinero de los contratos del Senado, cuyo formato trasladaron luego a Diputados, a partir de la gestión de José Angel Allende, aunque siempre ejecutado por Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada. Este último, cuñado de Aguilera, era el encargado del Area Contratos de Diputados. Aguilera y Mauro Urribarri, en tiempos de la Vicegobernación de José Cáceres, eran los dueños de las partidas presupuestarias del Senado y también manejaban Diputados. 

Cardoso contó en su declaración que Faure le dijo específicamente que los contratos que él le llevaba figuraban a nombre de los diputados Ruberto, Navarro, Angerosa y Darrichón, entre otros, pero que dependían de la Presidencia de la Cámara. Vale acotar que el presidente Sergio Urribarri, a la vez, hasta fines de 2019, recibía mensualmente 4 millones de pesos por mes para contratos. O sea, 48 millones al año. Todos los contratados eran de Concordia, pero nadie los conocía en los pasillos, salvo marcadas excepciones. Y a eso había que sumarle los cientos de miles de pesos por mes que le llevaba su cuñado Juampi Aguilera, tras la recaudación de Alejandro Almada, en función de los contratos truchos de la banda imputada en esta causa. 

Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberri citaron a declarar a los cuatro dirigentes políticos, para corroborar los dichos de Cardoso y todos ellos negaron conocer directamente a Faure. Darrichón reconoció que le dieron contratos que no conocía y que los firmó, por pedido de Urribarri. Angerosa también reconoció que alguna vez firmó contratos que no eran de su cupo y desconocía a esas personas. Que lo hizo por un pedido de las autoridades de la Cámara de Diputados. Navarro se manifestó en el mismo sentido, porque le pidieron que firme los contratos. Y quien se mostró más molesto al declarar fue el entonces diputado Ruberto. Dijo que nunca conoció a Faure, que por ende era falso que lo haya designado para gestionar contratos para él, pero reconoció que tuvo que firmar varios de ellos por pedido específico de Sergio Urribarri, a través de un operador del exgobernador y actual embajador argentino en Israel. 

Según se pudo saber, no se citó a otros exdiputados que aparecieron en copias de contratos en la casa de Hugo Mena, porque aún se está estudiando si convocarlos como testigos o como imputados. 

Pero queda claro que el enojo de Ruberto no fue con Cardoso ni con otra autoridad de la Cámara. Ruberto se molestó con Sergio Urribari y por eso quizás ese distanciamiento de más de tres años, en función de los coletazos de una causa que sigue generando cortocircuitos y preocupación en ámbitos del oficialismo. Más allá de los intentos de los abogados defensores por menoscabar la investigación, intentar algunos giros de términos y englobar a todos por igual, apostando al olvido, lo cierto es que aquí se robaron una fortuna de dinero, que está muy claro en los más de 150 testimonios de los contratados que ya declararon. El 80 por ciento de ellos nunca pisó la Legislatura entre 2011 y 2019, no conoce a ningún diputado o senador provincial, jamás tuvieron función alguna y cobraban un sueldo importante, que se lo tenían que entregar, en un altísimo porcentaje a Hugo Mena o Flavia Beckman, para que estos luego lo reingresaran -en buena parte- a la dirigencia política cómplice que instrumentó esta manera y otras parecidas, para recaudar dineros públicos. Acá se robó demasiado dinero del Estado entrerriano, que hacía falta para demasiadas necesidades de la gente. El que no lo quiera ver e intente tergiversar los hechos con un maquillaje ficticio, sabrá cuáles son sus intereses y por qué lo hace. Para muchos, que participaron y participan de ese juego perverso del robo sistemático al Estado, es más fácil desviar el eje y no poner el foco en por qué sucedieron estas cosas, con la complicidad de demasiadas personas, que se enriquecieron a costa del dinero público y sin ningún tipo de límites. Y así estamos.