Por Luis María Serroels
Cada vez que por alguna razón afloran hechos y circunstancias que aluden al IOSPER, la mayor obra social entrerriana, debemos inevitablemente revisar todos los puntos que sitúan al organismo en un cuadro de cíclicas dificultades y situaciones demasiado recurrentes, que comprometen su eficiencia y colocan en riesgo toda garantía prestacional. Esta semana el tema retornó al debate.
Siempre viene a cuento el caso del joven norteamericano que en un rapto de extremo delirio asesinó a sus padres. Cuando, ya condenado a morir en la silla eléctrica el juez le preguntó si tenía algo que decir, ¡pidió clemencia por ser huérfano!
La metáfora sirve para analizar lo que ocurre en el ámbito oficial. Desde el Poder Ejecutivo, en alianza con legisladores alineados, se ha venido impulsando una estrategia destinada a meter mano a gusto y placer de ciertos sectores en la conducción del instituto. Críticas despiadadas, agravios gratuitos desde una banca, ausencia deliberada de controles y de fiscalización externa (como apostándose al desgaste que amerite un posterior intervensionismo), desacreditación de personas sin elementos creíbles y descalificación de la capacidad gestionaria de los gremios representantes de la masa de afiliados, han sido herramientas esgrimidas con llamativa ligereza.
No ha sido menos arbitraria la forma en que se reintegró el manejo a sus legítimos dueños, en tanto se impusieron condiciones casi leoninas, con un sistema de vigilancia y seguimiento propios de un gendarme, por parte de un poder político que cuando le tocó conducir el IOSPER con nombramientos “a dedo”, terminó haciendo desastres.
Pero al igual que el parricida norteamericano, el gobierno entrerriano se queja y condena lo que él mismo provoca por su abandono de claras obligaciones y su grado de responsabilidad en el desfinanciamiento con sus lógicas consecuencias.
Todo esto se asienta en el hecho –varias veces denunciado- de que el Estado provincial, conducido por seres de carne y hueso, continúa sin cancelar una fuerte deuda que mantiene con la obra que asiste nada menos que a 250 mil afiliados directos y adherentes. Cuando el entonces gobernador Mario Armando Moine, en agosto de 1995, le obsequió a su sucesor ya electo Jorge Pedro Busti, la Ley de Emergencia Nº 8.918, el Estado dejó de aportar la mitad del 4 % que debía ingresar por cada afiliado del sector pasivo.
Esta legislación, vigente por dos años con autorización de una prórroga para similar período, vio extinguidos sus efectos en agosto de 1999, pero precisamente en el ítem referido, se “olvidó” de reintegrar el aporte. El recorte –que el Poder Ejecutivo mantiene desobedeciendo una ley-, lleva acumulada una deuda para con el IOSPER que se va acercando a los 45 millones de pesos, situación que se agudiza en tanto el aporte por cada afiliado se ubica en el nivel más bajo entre las similares de otras provincias. Es obvio que regularizar la deuda y restablecer el 2 % ilegalmente retenido, significará oxigenar financieramente al instituto y con ello posibilitará proyectar en tiempo y forma su funcionamiento, su eficiencia prestacional y sus correctas relaciones con los efectores.
Pero existe otro elemento que no es menor a la hora de evaluar los problemas de caja. Más de un vez hemos mencionado el caso del Poder Judicial que, a partir de una Acordada del Superior Tribunal y desvirtuando la ley de creación del organismo, autoriza al agente que lo desee y esté disconforme con su prestadora provincial, a cesar en su aporte aunque manteniéndose el porcentaje patronal. Para ello, el interesado debe efectuar una presentación demostrando estar abonado a otra obra social (que bien podría ser una prepaga) y asumir las responsabilidades eventuales por dicha opción. Esto significa que fondos genuinos del IOSPER podrían ser transferidos hacia el sector privado.
Este procedimiento bien podría desembocar en una virtual estampida y abrirle las puertas a una sangría financiera de insospechadas derivaciones. En tanto se ignora qué interpretación ha hecho la Fiscalía de Estado sobre esta anomalía. Con estos antecedentes y haciendo andar la imaginación, no debería extrañarnos que en el futuro alguien plantee no aportar más a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y destinar ese monto a una AFJP.
Salvo que se trate de una broma para Tinelli –y lamentablemente no es así-, estamos ante una realidad muy grave, alimentada por algún remedo de la insólita solicitud de aquel muchacho con destino de silla eléctrica. Es muy feo querer convertirse en víctima de lo que se propicia.
* Picardías electromagnéticas
El tema de la instalación de antenas destinadas al servicio de telefonía celular, se ha convertido en un foco de polémica que, lejos de atemperarse, crece día a día favorecido por la falta de una adecuada información y un debate serio, y por cierta ausencia de los organismos con poder de policía a la hora de exigir la aplicación de normas técnicamente sustentadas.
Cuando esta situación genera vacíos y grietas por las que se cuela el desorden, surge inevitablemente el poder ciudadano para enfrentar cualquier síntoma de viveza criolla mal entendida. Así ocurrió esta semana cuando vecinos que habitan la zona de calles Hernandarias y Ovidio Lagos, reaccionaron ante una instalación con todas las características de estructura-base para una antena de telefonía móvil.
La sorpresiva construcción, que alguien puerilmente intentaba presentar como futuro sostén de un tanque de agua para una fábrica de jugos, prontamente quedó al descubierto en tanto los vecinos habían observado allí el arribo de utilitarios pertenecientes a una empresa de telecomunicaciones.
Lo insólito del caso es que quien alquiló el predio habría desconocido el verdadero destino que se le daría al sitio y que en las áreas específicas del municipio se negó la existencia de gestión alguna y menos aún de autorización para algún tipo de emprendimiento. Esto revela la audacia con que se opera, dejando a autoridades y habitantes frente a un hecho consumado.
Hablemos un poco de estas antenas que se observan hoy en distintos lugares de nuestra capital y hasta se asientan sobre edificios en torre. Como en muchas cuestiones, se afirma que existe media biblioteca para un lado y la otra mitad para el otro.
A modo de referencia digamos que en octubre de 2004, las autoridades comunales de Concepción del Uruguay no sólo prohibieron nuevas instalaciones, sino que emplazaron por un término perentorio a las empresas con estructuras ya existentes, para que las desmantelen y rearmen en otros espacios habilitados para tal fin. Todo ello, previa presentación de un estudio sobre impacto ambiental confeccionado por las propias servidoras.
En la revista dominical Rumbos, el ingeniero Ricardo Taborda, docente en ciencias exactas, físicas y naturales de la Universidad de Córdoba, defiende los límites máximos de densidad de potencia de campo electromagnético establecidos por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, como también las normas regulatorias fijadas por la Secretaría de Comunicaciones, tomando como referencia a la Organización Mundial de la Salud. Según reveló, se han realizado cientos de mediciones de laboratorio a lo largo de todo el país, hallando valores muy por debajo de lo que las normas permiten. Explicó que para establecer los límites, se ha tenido en cuenta el Principio de Precaución tanto en el campo habitacional como laboral.
Pero el profesional hace una alusión sorprendente sobre los mitos que genera el miedo a lo desconocido, cuando menciona que tanto como las antenas para celulares, deberían preocupar las de radio AM/FM y de televisión. ¿Quién mide y controla esto?
En la misma publicación pero en la otra vereda, el biólogo Dr. Raúl A. Montenegro, catedrático universitario y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, asevera que ningún estudio científico ha demostrado la inocuidad de las microondas que salen de las antenas de telefonía celular y equipos portátiles. De allí que los productos y servicios vinculados con este sistema no consignan que sean “inocuos para la salud de niños y adultos”.
Contradiciendo la opinión de Taborda, dice que a pesar de que numerosas publicaciones demuestran los efectos negativos sobre la salud humana –cita efectos térmicos y no térmicos sobre las moléculas de agua, incidiendo sobre células y tejidos- en nuestro país no se aplica el Principio de Precaución que fija la ley nacional 25.675.
Respecto de los térmicos, el especialista da cuenta de que en animales de laboratorio se comprobaron daños en córnea y cristalino, testículos y ritmo de desarrollo. En cuanto a los no térmicos, se advirtieron alteraciones en hormonas y enzimas, encendiendo el alerta en lo que atañe a la protección del cerebro de sustancias tóxicas y del sistema inmune.
Pero también precupa cuando revela que, mientras algunos países fijan valores bajos de radiación permitida (una densidad de potencia de 4 microvatios por cm2 para 1.800 MHz), en Argentina se siguen criterios internacionales que resultan más generosos y convenientes para las telefónicas (950 microvatios por cm2 para 1.900 MHz). Por eso –explica- a las empresas no les preocupan las mediciones porque con tales parámetros siempre están por debajo.
Nuestro municipio regula la instalación de las antenas en base a la Ordenanza 8.216 de 2000. La pregunta obligada es si todas las emplazadas en nuestra ciudad responden a las exigencias de la norma, en la que se contempla una multiplicidad de requisitos. Según datos oficiales, siete de las antenas de telefonía celular de esta capital han sido oportunamente inspeccionadas por técnicos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), cuyas emisiones estarían por debajo de los límites de radiación. No obstante sería más tranquilizador revisar también el resto, mientras rige el Decreto Nº 1.069/00, por el cual el municipio prohibió la instalación de nuevas estructuras hasta contar con estudios completos sobre impacto ambiental. Si el riesgo para la salud humana resultara real y concreto –de ahí la necesidad de seguir profundizando la cuestión- las preocupaciones de quienes soportan antenas en distintas zonas paranaenses está absolutamente justificada. La decidida protesta de los vecinos de Corrales, Los Gobernadores, Los Paraísos y Villa Uranga, es un alentador indicio.
* Irreverencia charrúa
El desafiante anuncio del gobierno uruguayo otorgando autorización a la empresa Botnia para duplicar el volumen original de uso de agua dulce del río Uruguay (compartido con nuestro país), no puede considerarse un acto de legítima soberanía. Se trata de un nuevo y peligroso gesto de provocación, por parte de un gobierno que poco a poco va perdiendo el barniz progresista con el que engañó incluso a miles de argentinos que aplaudimos y acompañamos fraternalmente su arribo al poder.
Si se sigue tensando la cuerda, irremediablemente se cortará. No pueden las autoridades vecinas alardear de independencia en sus decisiones, cuando todos conocemos los alcances leoninos del acuerdo con la firma finlandesa, con cláusulas que talvez muchos uruguayos ignoren y que incluso no pocos dirigentes y militantes del Frente Amplio llegaron a impugnar cuando eran oposición.
Plantear lacrimógenamente ante el Mercosur supuestas violaciones de nuestra parte respecto de normas que rigen al bloque regional, suena cínico en tanto la puesta en marcha del programa de industria de celulosa se plasmó violentando el Tratado del Río Uruguay, situación ahora reagravada por la concesión de millones de metros cúbicos de un curso de agua de dominio no exclusivo.
Quiso el destino cruel (como reza la letra de algún tango), que en territorio charrúa se produjeran esta semana cortes de rutas motivados por protestas de sectores del transporte. ¿Atinó el presidente Tabaré Vázquez a indicarnos de qué modo se pone fin a esta práctica por la cual están protestando internacionalmente? ¿No se le ocurrió mandar sus fuerzas de seguridad para restaurar los derechos invocados al momento de censurar a los ambientalistas de Gualeguaychú?
Como si fuera poco, la española ENCE, al revelar sus planes de alta inversión para el año próximo, confió que si bien el destino para la relocalización de su planta aún no ha sido determinado, no descartó que el sitio podría estar situado sobre el río Uruguay. El anuncio es más de lo mismo y las promesas sobre el cumplimiento de estandares de seguridad ambiental, sólo se entienden como parte del intento por conseguir financiamiento del Banco Mundial. Pese a ello y tras cartón, presa de una ciclotimia se revela que abandonarán otros emprendimientos.
Esto no hace más que exacerbar la lucha antipasteras y deja a los poderes públicos y asambleístas sin mayores opciones a la hora de endurecerse frente a los crecientes atropellos. De allí que este lunes, Jorge Busti y Pedro Guastavino anunciarán oficialmente nuevas acciones y renovados reclamos, en el marco de las denuncias penales presentadas contra Botnia y Ence.
No debe perderse de vista que un eventual asentamiento industrial al sur de Gualeguaychú, extendería el impacto ambiental negativo hacia un conglomerado urbano compuesto por millones de personas (Capital Federal y conurbano bonaerense). Sería muy aconsejable estar atentos ante el peligro que esto supone y no mantenerse en los pliegues de las especulaciones donde habita la frase de Bertold Brecht sobre la indiferencia social. No sea que cuando llegue la contaminación, ya sea demasiado tarde. Hasta la semana que viene.
