El desguace de YPF y la falta de memoria

Con motivo de las arbitrarias decisiones de la jueza Loretta Preska respecto de las acciones de YPF, y las reiteradas falsedades expuestas en los medios que han pretendido adjudicar a Axel Kicillof las responsabilidades por la expropiación del 51% de las acciones que tenía Repsol en YPF, desde el kirchnerismo y sectores mayoritarios del peronismo, han cuestionado duramente las decisiones de la justicia norteamericana, que ocasionaría perjuicios irreparables a la Nación, si las mismas no fueran impugnadas con todos los recursos que tiene el Estado. Ahora bien, como en la Argentina todos los sectores políticos cultivan la falta de memoria, esos mismos sectores han guardado un olímpico silencio sobre la responsabilidad que le cabe a Néstor y a Cristina Kirchner, en todo lo relacionado con el desguace de YPF, antecedente de todos los problemas que tuvo en adelante la petrolera, verdadero símbolo del progreso argentino.

Es importante recordar los antecedentes relacionados con la extranjerización de YPF que sistemáticamente se silencian mostrando entre los impulsores del proceso de privatización de YPF a algunos personajes de decisiva influencia en esta lamentable historia que aún continúa, como David Mulford que se alejó del Tesoro de los Estados Unidos en noviembre de 1992, asumiendo la vicepresidencia de First Boston Corporation. Junto con Merrill Lynch, fue contratado por el gobierno argentino para privatizar YPF. Mulford contó con el asesoramiento del Dr. Adalbert Krieger Vasena (ex ministro de Economía durante la dictadura de Onganía) estimando algunas pautas que convenía fijar para el proceso de privatización de la petrolera, siendo quizás el precio una de las principales cuestiones que se estimaron.

Como YPF siempre había sido un baluarte de la soberanía económica del país, el gobierno de Menem sabía que la privatización no iba a resultar fácil, y debido a ello necesitaba contar con la mayor cantidad de aliados posibles para no entorpecer la marcha de su proyecto enajenador. La negociaciones en el Congreso fueron intensas y él en ese entonces gobernador de Santa Cruz, Dr. Kirchner, arrimó una idea que fue bien recibida por el gobierno. La cuestión era lograr que todas las provincias productoras de petróleo apoyaran con sus senadores y diputados el proyecto para que este no tuviera problemas y se convirtiera en ley. La contrapartida era que se llegara a un acuerdo extrajudicial con cada provincia para terminar un litigio que estaba en la Corte Suprema de Justicia, donde las provincias reclamaban el pago de regalías presuntamente mal liquidadas.

Este tema se originaba en una serie de precarias demandas presentadas por algunos estados provinciales, reclamando el pago de regalías que no correspondían a los porcentajes, valuación del petróleo y fecha de esa valuación fijados por la ley 17.319. Era técnicamente imposible que la demanda prosperara, porque los términos de la ley eran categóricos y así lo entendió el Procurador General de la Nación, quien afirmó en un extenso dictamen, que los pagos se habían efectuado conforme a derecho y que las provincias no tenían nada que reclamar. Los expedientes no tuvieron un trámite preferencial de ningún tipo y estaban virtualmente paralizados en el Alto Tribunal. Pero aún con estas falencias, sirvió como moneda de negociación utilizada por Menem y el Dr. Kirchner para llegar a un acuerdo, que luego suscribirían otros mandatarios provinciales. En esos momentos fue intensa la labor desplegada por el matrimonio Kirchner para lograr climas favorables a la privatización.

El día 30 de agosto de 1991, se firmó un acta acuerdo entre Menem, Cavallo y Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz, por la cual el gobierno nacional reconoció una deuda de 480.061.020 millones de dólares por esas supuestas regalías, pactándose que: “Las partes convienen que lo estipulado... queda sujeto en su validez a ...la sanción y promulgación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación con fecha 21 de agosto de 1991...En el supuesto de no cumplirse (esa condición) las partes expresan que este principio de acuerdo quedará sin valor y efecto alguno, y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie”. Ese proyecto de ley consistía en la privatización de YPF, y es por eso que el gobierno nacional condicionó el pago a Santa Cruz a la aprobación de la ley. Son conocidos los esfuerzos que hizo el Dr. Kirchner para convencer a legisladores de aprobar el proyecto de ley, y las circunstancias en que fue enviado un diputado por Santa Cruz, para impedir la eventual falta de quórum. El senador Oscar Parrilli, manifestó en 1991 como diputado: “Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero Presidente” (Menem)

Promulgada la ley, se firmó otro acuerdo entre los ministros Cavallo, Manzano, el Gobernador Kirchner y su Ministro Julio de Vido, por el cual ante una nueva estimación de regalías se resolvió elevar la suma que debía pagar el Estado Nacional a 630.000.000 de dólares, lo que se hizo efectivo, en bonos que el estado provincial negoció con un notable rédito económico, suma esta cuyo destino jamás fue debidamente aclarado. Para terminar esta referencia, no debemos dejar de señalar que ese mismo Mulford, fue el que además de intervenir en el proyecto privatizador de YPF, sería luego condecorado por el gobierno argentino, y el que sugiriera al país en el año 2001 hacer un megacanje de títulos de la deuda externa., que aumentó considerablemente la misma.

Cuando se sancionó la Constitución de 1994, se dispuso en el artículo 124, que las provincias tenían el dominio originario de sus recursos, lo que significaba relativizar el poder de negociación de la Nación sobre el petróleo, el gas y la minería. Posteriormente se sancionó la ley 26.197 (llamada ley corta) en diciembre de 2006, por la cual las provincias no solo conservaban el dominio originario sino la administración de los yacimientos “quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares” Esto iba a permitir que cualquier gobierno provincial hiciera lo que se le diera la gana con los hidrocarburos.

Después de la sanción de la ley citada, la política de hidrocarburos siguió el derrotero que se había trazado con anterioridad. Se autorizó a Repsol a seguir repatriando sus ganancias sin límites, mientras las inversiones en exploración resultaban mínimas, lo que produciría un déficit energético que se iría acentuando año a año, hasta llegar a una situación, donde se tuvieron que importar combustibles realizándose una política a contramano de los intereses nacionales.

Repsol siguió transfiriendo recursos al exterior, y extrayendo hidrocarburos sin realizar inversiones que permitieran contar con las reservas necesarias para evitar esa caída sostenida. Con la asunción al poder del presidente Kirchner, se continuó concediéndole a Repsol las mismas franquicias de siempre. Se siguió llevando las divisas que conseguía, y exportando sin limitaciones los hidrocarburos, sin control de ninguna especie, con la consecuente y dramática caída de reservas.

Cabe también mencionar que YPF había transferido a Pan American Energy el 100% de las concesiones de explotación sobre las áreas “Anticlinal Grande-Cerro Dragón y Chulengo ubicadas en las provincias de Chubut y Santa Cruz y Cerro Tortuga y Las Flores en Chubut, concesiones que vencían en el año 2017. Como ciertos negocios no esperan, el 27 de abril del 2007, se firmó un acuerdo con la mencionada empresa, prorrogando la concesión hasta el año 2047, en violación a la ley 17.319, y a una serie de normas provinciales, todo lo cual fue puesto de manifiesto en la presentación que hiciera ante la justicia el Dr. Hipólito Solari Yrigoyen, presentación que oportunamente acompañamos. Esas áreas eran las más importantes que tenía en ese momento YPF.

En 2008, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se buscó revertir parcialmente esta situación permitiendo la participación de capitales argentinos en la gestión de YPF. Así, el grupo Petersen, liderado por la familia Eskenazi, adquirió un 14.9% de las acciones de YPF, previamente en manos de Repsol, sin realizar desembolsos iniciales. Esta operación, financiada con préstamos de bancos como Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Itaú (por US$1.018 millones), así como de la propia Repsol (US$1.015 millones), se completó con dividendos generados por YPF (US$201 millones). Posteriormente, el grupo Petersen adquirió un 10% adicional en condiciones similares, asumiendo el gerenciamiento de la empresa bajo el liderazgo de Sebastián Eskenazi., todo lo cual fue anunciado escenográficamente como si eso contribuyera al mejoramiento de la empresa. Finalmente terminarían pagando las acciones con los dividendos de la compañía.

La operación, sin embargo, no estuvo exenta de controversias. La entonces diputada Elisa Carrió denunció irregularidades en la compra, solicitando una investigación judicial. Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo no avanzó en la pesquisa, dejando sin esclarecer las acusaciones de ilicitud.

El grupo Petersen, originado como una constructora liderada por Enrique Eskenazi, se había consolidado en los años ‘90 como un importante grupo financiero, controlando bancos en provincias como Santa Cruz, San Juan, Entre Ríos y Santa Fe. A pesar de su falta de experiencia en el sector hidrocarburífero, la relación de los Eskenazi con Néstor Kirchner, forjada a través de operaciones en el Banco de Santa Cruz, facilitó su ingreso en YPF con los resultados que están a la vista.

Estos son los hechos estrictos sobre lo ocurrido con YPF durante la década del 90 y parte de la siguiente, que muchos desmemoriados no quieren recordar. Como ocurre siempre nunca se asumen las responsabilidades por hechos graves que comprometieran el desarrollo económico de la Nación, y habitualmente los discursos políticos enmascaran los hechos, para que no se adviertan los propios errores cometidos, por llamarlos de una manera prudente, aunque dejando los escrúpulos de lado se podría decir que no se trató de errores, sino de negocios perfectamente articulados, donde hubo beneficios económicos tangibles para los involucrados en el negocio.

Fuente: Perfil