Por Luis María Serroels
El casamiento de que damos cuenta al principio se produce porque la primer magistrada decidió que se restablezca el feriado por carnaval que regía hasta 1976, cuando la Junta Militar decidió borrar de un plumazo una seguidilla de cuatro jornadas desde el sábado hasta el martes, incluyendo el siguiente fin de de semana para la “muerte del carnaval” con la inmolación del pobre Momo incluida.
La euforia que provocó el anuncio presidencial no puede conectarse fácilmente con los festejos en sí que muy pocos de los presentes conocieron (celebraciones barriales, corsos y juego con agua) sino con la posibilidad de no trabajar. Convengamos que las carnestolendas fueron muriendo por sus propios medios, la gente le retiró su atención y terminó todo reducido a grupos de adolescentes deambulando por las calles con sus globos cargados con agua y con destinatarios que generalmente lejos están de participar de la alicaída celebración. Aunque no debe haber ningún argentino al que le haya jorobado la vida la derogación de aquellos feriados, no por ello debe dejar de reconocerse que fue una medida muy caprichosa y antipática, propia de bigotudos con uniforme, ceño fruncido y grandes mostachos.
¿Ha necesitado la sociedad argentina desde entonces de estos feriados para dar rienda suelta a la pagana rememoración? De hecho que no, porque los grandes corsos –de los cuales y según entendidos, el carnaval de Gualeguaychú figura tercero en el mundo luego de Río de Janeiro y Venecia- se han erigido en captadores casi excluyentes de formidables concentraciones. Y porque encima de ello, en el caso particular de la ciudad sureña entrerriana, estos desfiles impactantes por su despliegue suntuoso, ya hace rato que dejaron de aguardar la tradicional fecha, sino que se inician cuando aún no se han apagado los ecos de las fiestas de fin de año. Por ende el movimiento turístico que puedan promover estas marchas de mega comparsas, no requiere por cierto de este par de “días no laborables”.
Abordaje particular requieren los denominados feriados puentes o sándwich, que se darán cuando un feriado prescripto en el calendario martes o jueves. En estos casos se dictarán decretos declarando no laborables el viernes o el lunes según sea la situación, por los cual diversas actividades críticas se detendrán durante cuatro días: jueves, viernes, sábado y domingo o sábado, domingo, lunes y martes (ya ocurrió con el 24 de mayo último). Esta peregrina forma de estimular el turismo, supondrá que no haya actividad bancaria, tribunalicia, educativa y de la administración pública en general durante cuatro días. Con la nueva norma, en 2011 habrá ocho fines de semana largos y en 2012 serán diez.
El nuevo diagrama que se dio a conocer, mantiene con buen criterio un cuadro de situación similar y carácter inamovible en cuanto a 1º de enero, 24 de marzo, Viernes Santo, 2 de Abril, 1º de Mayo, 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de Julio, 8 de Diciembre y 25 de Diciembre. Pero a nuestro juicio hay puntos objetables. Siempre hemos dicho que trasladar el 17 de Agosto, rememorativo de la muerte de José de San Martín, es una falta de respeto ya que se arriba a la fecha verdadera con actos sin gente (porque pasa a ser laborable) y el tercer lunes de agosto será feriado no laborable (pero sin actos). Muchos dirán que aún con feriado concurren muy pocos pero eso es harina de otro costal cuyas responsabilidades nadie atina a asumir.
El 12 de octubre –que hace mucho tiempo en América perdió significación festiva porque se recuerda que las denominadas corrientes conquistadoras más bien fueron exterminadoras-, será considerado no como Día de la Raza sino como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
¿Soberanía?
Hemos dejado para un tratamiento especial el 20 de Noviembre, -Día de la Soberanía Nacional en recordación de la Batalla de Obligado librada contra la flota anglosafrancesa en igual fecha pero de 1845- hasta ahora laborable y en adelante no laborable pero trasladado a la tercera semana de dicho mes. Resulta raro que se preste esta atención a una fecha que no debería ser trasladada, siendo útil recordar que el mayor homenaje tiene que darse en la verdadera defensa de los intereses soberanos de la Nación. Reiteradamente hemos opinado que cambiar de día a fechas sustanciales, sólo para impulsar el turismo, resulta irreverente. Más honesto sería fijar días turísticos tres veces al año declarando no laborables sendos lunes.
¿Porqué nuestro cuestionamiento? Porque advertimos un doble mensaje. El mismo gobierno que propone esta medida que se remonta a la gesta ocurrida hace casi 165 años, ha vetado una ley de defensa de la soberanía de las aguas dulces vinculada con los glaciares, una reserva envidiada en todo el mundo, en una decisión que favoreció a una multinacional de la minera (la canadiense Barrick Gold), con cuyo presidente Cristina Fernández recientemente compartió una comida. En otro orden sería interesante saber porqué esta administración no ha revisado los pactos secretos con Gran Bretaña, de claro sometimiento, suscriptos por Carlos Menem y su entonces canciller Domingo Cavallo hace casi 20 años. ¿Y qué decir de la claudicación frente a Botnia?
Tampoco se explica por qué no se actúa con rigor frente a la depredación obscena de recursos pesqueros que efectúan buques extranjeros frente a Punta Tombo, en la Península de Valdez (Chubut) y que graciosamente se tolera. Miles de albatros y gaviotas invaden la zona, según denuncia el Centro de Estudios del Medio Ambiente Patagónico, indicando que se trata de aves que han multiplicado por cien su cantidad en un par de décadas y que llegan atraídas por peces muertos que flotan cerca de la costa.
¿Muertes por contaminación? ¿Por fenómenos climáticos? ¿Desastre ambiental? No. Se debe a otro hecho no menos grave: la corrupción. Se reveló que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación decidió retirar los inspectores que iban en los pesqueros que extraen langostinos, reemplazándolos por meros “observadores” con prácticamente nulo poder de policía.
Recuérdese que la Comunidad Económica Europea expulsó de sus mares a los buques congeladores que depredaban los recursos y así fueron llegando grandes empresas a nuestro país, donde gozan de facilidades, por ausencia de controles en buques y factorías foráneos, desde cuyas cubiertas se arrojan al agua diez toneladas diarias de especies que no les convienen (porque privilegian al langostino, cotizado en el mercado mundial a 18 dólares por kilogramo), entre ellas, merluza, cazón, centolla, abadejo y salmón que quedan en sus redes y mueren pronto por diferencia de presión. Ese desecho flota hasta arribar a la costa y es devorado por las aves cuyas bandadas parecieran querer nublar el cielo.
Si multiplicamos 10.000 kilogramos por barco y a la vez por un centenar de embarcaciones que operan allí, llegaremos a 1.000 toneladas diarias (un millón de kilos) de peces muertos que, capturados criteriosamente y debidamente conservados, servirían para calmar el hambre de miles de familias. Los científicos dicen que a aquellos marineros argentinos que denuncian semejante atrocidad, son despedidos por las empresas y reemplazados por obreros peruanos y bolivianos. ¿Qué singular ejercicio de la soberanía es éste? Si deseamos ser dignos del coraje de los criollos de 1845, al menos adoptemos una postura coherente y sobre todo consecuente.
Comicios en veremos
Mientras el almanaque sigue desgranando jornadas, aumenta la incertidumbre con respecto al cronograma electoral en Entre Ríos. No es fácil por ahora develar una incógnita que instala inquietu, porque no se trata solamente de elegir fechas –que se presume podrían terminar siendo funcionales a los intereses y necesidades del oficialismo-, sino también de corregir ciertas normas que han sido impugnadas ante la justicia por su presunta condición de inconstitucionales.
Como en una tenaza, el gobierno va quedando urgido para definir un cronograma, pero ello debería ser el resultado de un diálogo político amplio y generoso, una costumbre hasta ahora alejada de la agenda oficial y muy parecida a lo que sucede con la gestión nacional, nada proclive a una concertación firme y sólida (Sergio Urribarri tampoco es afecto a convocar a conferencias de prensa que incluyan a los medios del interior con agenda abierta). Un encuentro desprejuiciado con la dirigencia del arco partidario provincial, abriría el camino a un entendimiento imprescindible. A nadie se le caerían los anillos si se concretase este cónclave cuya convocatoria debería partir de la Casa Gris, sin temor a lo que se piense en la Quinta de Olivos. Encuestas y circunstancias del vaivén político, no pueden ser tomadas como tabla para armar un calendario. Las opiniones adversas no siempre son malintencionadas y es bueno escucharlas porque forman parte de una sana e inteligente praxis institucional.
Los radicales están muy calentitos, tanto en el seno partidario como en sus bloques legislativos, donde tampoco se posa la vocación de consenso. Siendo tan claro el artículo 87º, inciso 6) de la nueva carta provincial, al fijar que la fecha y convocatoria serán decididas por ley de la Legislatura, pretender el Poder Ejecutivo arrogarse esa facultad, supone retrotraernos a las épocas en que los gobiernos de facto en su retirada con derrota decidían reintegrar el poder a las instituciones legitimadas para ejercerlo.
Paralelamente, debe recordarse que ya han transcurrido seis meses sin respuesta desde que los dirigentes Juan Carlos Arralde, Luis Brasesco y Fabián Rogel (UCR), hicieron una presentación popular de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, atacando varios artículos de la Ley 9.659/06 (conocida como Ley Castrillón, por ser su autor). Esta legislación veda la representación de las minorías y además establece internas abiertas y simultáneas, permitiendo que afiliados de un partido puedan operar en las líneas adversarias al permitírseles elegir precandidatos ajenos. Una práctica ridícula y aviesa que se puede dar entrecruzadamente.
Es menester respetar como guía irrenunciable, el artículo 38º de la Ley Suprema, donde reivindica a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, indicando que su creación y el ejercicio de sus actividades son libres. Esto significa que el modo en que escojan a sus candidatos, mientras no se aparte del sano respeto por las minorías, ni establezcan exclusiones, segregaciones o limitaciones, reconociendo la diversidad de pensamientos y el elemental derecho a escoger, no pueden someterse a norma alguna que menoscabe ese ejercicio. Y menos aún si la ley que se ataca ha sido concebida con nombres y apellidos. Desde el gobierno se afirma que no existe apuro, pero gestos y maniobras oficiales exhiben que ya se está transitando el camino del proselitismo.
Santa Cruz descarriada
En 1995 y siendo gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirhner, abusando del poder, decidió separar de su cargo al procurador General de la provincia, Eduardo Sosa (de este tema nos hemos ocupado en esta columna en otras oportunidades). Para ello se utilizó un complicado mecanismo legislativo consistente en desdoblar el cargo en dos pero con la sorpresa de que al titular no se le dio ninguno, cesanteándoselo. No obstante que los recursos presentados por Sosa tuvieron media docena de resoluciones favorables, el gobierno santacruceño se resistió a reintegrarlo y hasta llegó en 2005 a ofrecerle cerca de un millón y medio de pesos como indemnización, a lo que el desplazado se negó.
Luego de un largo peregrinar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a Sosa y ordenó al gobernador patagónico Daniel Peralta, en pronunciamientos del 20 de octubre y el 10 de noviembre de 2009, que se le devuelva el cargo. El ex funcionario siempre ha venido acusando a Kirchner de ignorar la división de poderes y vinculó su despido con investigaciones que realizaba respecto de honorarios recibidos por un estudio de abogados (percepción de millonarias regalías petroleras mal liquidadas), lo cual generó en el poder político fuertes preocupaciones.
¿Cómo sigue esta historia? Como Peralta, al mejor estilo K no cumplió con el fallo ni con el plazo fijado por el máximo tribunal que preside Ricardo Lorenzetti, con las firma de seis de los siete ministros se decidió denunciarlo penalmente ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En la presentación se solicita investigar la posible comisión de un delito de acción pública, sosteniéndose que “la omisión en que han incurrido las autoridades provinciales, configuran un desconocimiento inadmisible de sentencias de esta Corte”. Y remata con otra frase contundente al señalar que dicho incumplimiento por parte de Santa Cruz, “constituye un desconocimiento de la división de poderes que las provincias se han comprometido a garantizar, a la par que afecta la relación de subordinación propia del federalismo, al que deben sujetarse todas las provincias argentinas cuando reciben un mandato del poder federal”.
Pero además la Corte dio intervención al Congreso Nacional, que podría citar a Peralta e incluso llegar a decidir la intervención federal a Santa Cruz, algo que por las características del diferendo alcanzaría sólo a los poderes Ejecutivo y Legislativo de esa provincia. Pero es necesario aclarar que si bien el artículo 6º de la Constitución Nacional prescribe que es el gobierno federal el que interviene en el territorio de las provincias, en el artículo 75º, inciso 31) se preceptúa que tal resolución es atribución del Congreso. En este caso ya hay varios proyectos promoviendo esa intervención que sería la séptima vez desde 1983 (dos veces Corrientes y Santiago del Estero y una vez Catamarca y Tucumán).
El jefe de Gabinete Aníbal Fernández –el mismo que el miércoles les dijo a los diputados que el delito ha descendido y que no hace falta la ley que procura terminar con las salideras bancarias- defendió la posición de Peralta diciendo que la intervención promovida por la oposición sería un golpe de Estado. En tanto el gobernador declaró que la orden de reponer a Sosa resulta de cumplimiento imposible. Como frutillita rancia, Néstor Kirchner decidió convocar a un acto público para repudiar y resistir la decisión judicial, lo cual sí constituiría un liso y llano alzamiento contra la Corte Suprema y la Constitución, al mejor estilo del Malevo Ferreyra y con los riesgos que ello entraña. ¿Participará nuestro gobernador de esta insólita movida?.
Una salida lógica sería que se retire el actual procurador –quien usufructuó un acto ilegal para llegar a su cargo- y que el Estado provincial que lo designó lo indemnice previo a reponer al anterior. Se salvaría así el intríngulis, pero no se hace porque Sosa volvería a ser una piedra en el zapato del Poder Ejecutivo santacruceño.
Es imposible imaginar las insospechadas consecuencias de este embrollo y las reacciones de los jueces frente al rechazo a una eventual intervención. Tratándose de Santa Cruz, ¿podría inferirse que la mandataria nacional sucumbirá ante la dulce seducción del veto? No, porque en esta materia no hay veto que valga. El problema será a quién N.K. (virtual presidente) designe como interventor. Hasta la semana que viene.
