En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) López Arango aclaró que desconoce “en detalle el ante proyecto” de ley que anunció Bordet y sostuvo que “es un anuncio del gobernador pero hasta el momento no sabemos concretamente lo que propone”.
No obstante, recordó que en la audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado previo a su designación se le consultó sobre un proyecto por el cual “las provincias podían adherirse a la ley nacional y hacerse cargo de la investigación de los delitos de narcomenudeo, aunque en ese momento se hablaba de la figura de tenencia simple y de tenencia para consumo personal” ante lo cual sostuvo que “en la práctica judicial, siempre desdoblar la competencia en materia de narcotráfico será para provocar una situación de incertidumbre respecto de quien investiga, porque hay que medir en qué tipo penal encaja la tenencia o no tenencia en cada caso, con lo cual ahí ya hay una complicación en la división de la competencia”.
A esa complicación “desde el punto de vista práctico” agregó “que las concreciones legislativas anteriores han tenido reparos con planteos de inconstitucionalidad de los jueces federales de nuestra jurisdicción, que es compartido prácticamente por todo el ámbito jurídico, y creo haber escuchado que el actual vocal de la Sala Penal, (Miguel) Giorgio, también se ha pronunciado en este sentido”.
En resumen, aseveró que “más allá de los reparos constitucionales que ha tenido este tema, está la cuestión de la eficacia práctica de desdoblar la competencia” aunque reiteró que “es necesario conocer en detalle el proyecto del gobernador que habla de consensos y de solucionar los cuestionamientos de la legislación que no pudo aplicarse”.
Ante ello, opinó que “el tema del narcotráfico debe necesariamente coordinar todas las fuerzas que se dedican a la investigación y represión del delito, pero la persecución penal debe estar concentrada en un solo órgano”.
En cuanto a la redacción que haría viable el proyecto, el magistrado aclaró: “No sé cuál es la intención del proyecto porque no advierto cómo serían las disposiciones legales que evitarían un planteo de inconstitucionalidad de la ley. Habría que preguntarles a los autores del proyecto por dónde encaran la cuestión, más allá de los consensos porque hay cosas que se pueden consensuar pero otras que si tienen reparos constitucionales no se pueden consensuar”.
En cuanto a la falta de consultas, reconoció: “Estamos un poco acostumbrados a que no nos consulten y que las cosas se hagan sobre la marcha; pareciera que son los tiempos que corren” y ejemplificó: “Acabamos de recibimos una reforma al Código de Procedimiento Penal de la Nación que prácticamente hace desaparecer el Tribunal Oral Federal como órgano colegiado, porque se establecen los juicios unipersonales para la mayoría de las causas, y de este proyecto nos enteramos por los medios de comunicación”.
En cuanto a las dificultades para realizar denuncias de narcotráfico en el interior del país y la falta de Juzgados Federales, dijo que “es una cuestión de realidad operativa y de coordinación de las fuerzas de prevención porque, en definitiva las fuerzas nacionales no están en todas las jurisdicciones de la provincia”. “El tema es la coordinación entre las fuerzas que investigan localmente y los Juzgados Federales, pero para solucionar esto se pueden buscar mecanismos de mayor celeridad y mayor comunicación, porque hay innumerables medios que se pueden utilizar para que la autoridad provincial que investiga un hecho esté en contacto directo con el juez Federal y pueda a la distancia tomar las medidas del caso”, analizó.
El trabajo de las fuerzas de seguridad
Consultado por la labor de las fuerzas federales en general, López Arango sostuvo que “básicamente Gendarmería que es la que tiene mayor incidencia en la cuestión del narcotráfico, porque Entre Ríos es una provincia de importante circulación de droga que viene del norte, está actuado con bastante eficacia”. “Por lo menos en el ámbito de las rutas está actuando bien, en los procedimientos que se hacen los resultados son buenos, se mejoraron la técnica, los protocolos y la calidad de los procedimientos”, describió.
Agregó que “también actúan, en menor medida, la Prefectura y la Policía Federal estaban trabajando muy bien” y “en el ámbito provincial la Dirección de Toxicología de la Policía de la provincia ha actuado muy bien, incorporó algo de tecnología que faltaba, pero insito en la idea original: si hablamos de lucha contra el narcotráfico se necesita que sea una política de Estado y coordinación de todas las fuerzas”.
Reiteró sus críticas respecto de “los celos que existen entre las distintas fuerzas y hasta se pisan en algunos casos, lo que evidentemente favorece a las organizaciones delictivas”. “Lo que falta es una coordinación de las fuerzas de seguridad y que sea una verdadera política de Estado, más allá de los anuncios que se hacen en todos los niveles, que hasta el momento quedan solo en declamaciones”, refirió.
Sobre el particular, criticó que “hay anuncios políticos que después no se ven en la práctica” y admitió que “Argentina tiene una frontera fluvial impresionante donde tiene que estar el primer control”. “El control de los radares de los vuelos ilegales que no funcionan todos los días ni en todos los horarios y el control de las fronteras fluviales por donde se sabe que pasa la droga, antes de ingresar a Argentina”, puntualizó.
Sostuvo además que “da la sensación de que en la provincia se trabaja bien, interceptando muchos cargamentos en las rutas, pero eso denota que no se los pudo detectar y filtrar antes, porque el mayor control, el más exhaustivo y eficaz debe ser en la frontera, porque todos sabemos por donde entra la droga al país”.
En ese sentido, definió que “no hay una verdadera lucha contra el narcotráfico, las acciones son espasmódicas”.
En otro orden de cosas, el magistrado dijo no haberse enterado de la reunión que mantuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en su última visita a Paraná, con los jueces federales.
Finalmente, dijo que la cuestión de la reincidencia tiene que ver con “un problema que excede lo penal y es social”. “Hoy el narcotráfico se está valiendo del narcomenudeo porque socialmente el personaje que vende la droga en el barrio es casi un benefactor del lugar, porque es el que maneja dinero entre gente que no maneja ningún tipo de recursos y está excluida del sistema. Hay un problema social, de adónde vuelve el detenido y cómo vuelve. La reincidencia tiene que ver con que encuentra un caldo de cultivo para seguir haciendo la misma actividad. Hay un enfoque que no se tiene en cuenta”, concluyó.
