Caso Moya: definen si el cura debe afrontar un juicio oral por las dos denuncias de abuso sexual

El cura Marcelino Ricardo Moya decidió dar un giro a su estrategia legal en la Justicia, dos años después de la denuncia que presentaron en su contra dos jóvenes de Villaguay, y no sólo que contrató a un nuevo bufete de abogados, sino que además ahora eligió una estrategia ofensiva.

El miércoles 21, durante una audiencia de depuración de pruebas a la que había convocado el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, previo a resolver el pedido de remisión a juicio de la causa por abusos solicitado por la fiscal Nadia Benedetti, sus defensores plantearon la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote.

Hasta ahora, con la defensa del abogado Gustavo Amílcar Vales, Moya, conocido mediáticamente como el “cura payador”, suspendido por la curia para oficiar misas en público desde junio de 2015, con dos denuncias por abuso, había escogido el silencio. El 21 de diciembre de 2016, cuando la fiscal Benedetti lo citó a brindar declaración indagatoria, escogió el silencio y dejó que la causa avanzar, según publicó El Diario.

A juicio

Pero Vales decidió renunciar a la defensa del cura. Ahora, Moya contrató a un bufete de Colón: los abogados Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier.

Y la primera acción, el miércoles 21, fue pedir la prescripción, la misma estrategia que exhibió la defensa de otro sacerdote involucrado en una causa penal por abusos: Justo José Ilaraz. En ese caso, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) definió, en un fallo del 27 de abril de 2015, que la causa Ilarraz no está prescripta.

El incidente de prescripción finalmente recaló en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un recurso extraordinario planteada por los defensores de Ilarraz, Jorge Muñoz y Juan Ángel Fornerón. El 21 de octubre de 2015 el caso llegó a la Corte, y desde entonces no se ha resuelto, aunque ya hay un dictamen de la Procuración que es contrario a la pretensión de Ilarraz.

El martes, en una nueva audiencia que tendrá lugar en los Tribunales de Villaguay, el juez Zaburlín las partes presentarán sus fundamentos: la fiscal Benedetti y los querellantes Juan Pablo Cosso y Florencio Montiel, por la elevación a juicio; los defensores del cura, Paulete y Germanier, por la prescripción.

En mayo último, la fiscal Benedetti dio por concluida la investigación penal preparatoria y pidió la elevación a juicio de la causa. Este miércoles el juez Zaburlín había citado a las partes para un proceso de depuración de prueba. Pero el cura Moya, con nuevo abogado, sorprendió con el pedido de prescripción de la causa.

La nueva audiencia por el caso Moya será el martes, a las 9,30, en los Tribunales de Villaguay.

En caso de que se resuelva elevar la causa a juicio, la causa recalará en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Las dos denuncias

El cura Marcelino Ricardo Moya está suspendido en su función de cura desde junio de 2015, cuando se abrió la causa penal en su contra, y está imputado por dos casos: uno es por promoción a la corrupción, y otro es un abuso sexual simple, en ambos casos, agravado por ser un ministro de la Iglesia Católica.

Moya fue apartado de todas sus funciones luego de que el 29 de junio de 2015 la Justicia comenzara a tramitar dos denuncias en su contra por abusos. La denuncia apuntó, en principio, a hechos ocurridos mientras Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, donde además ejerció como docente en el Instituto La Inmaculada, aunque también fue capellán de la unidad del Ejército.

Tras la presentación de la denuncia en la Justicia contra el sacerdote, la Iglesia de Paraná lo apartó y lo mandó al cura a recluirse en María Grande.

El arzobispo Juan Alberto Puiggari anunció entonces el inicio de las investigaciones preliminares según lo expresa el Código de Derecho Canónico en el canon nº 1.717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”.

Y “como medida cautelar, el sacerdote involucrado ha sido separado de la atención pastoral de la comunidad y se le ha impedido el ejercicio público del ministerio, según lo determina el Derecho Canónico, hasta que la Justicia se expida”. En esa condición sigue Moya.

Internación

La investigación de la causa penal por abusos del cura Moya transitó, como en los casos de Ilarraz y de Juan Diego Escobar Gaviria, el sendero del silenciamiento por parte de la Iglesia, aunque también del escándalo, cuándo no. A principios de año, se conoció la noticia de la internación de Moya en el Servicio de Infectología del Hospital San Martín, en Paraná, aunque luego la Iglesia buscó morigerar el impacto del papelón y decidió su traslado a un sanatorio de Buenos Aires.

El 13 de enero, el cura Moya abandonó el Hospital San Martín, a donde estaba internado desde el día 6 de enero, en la habitación 211 del Servicio de Clínica Médica, y fue derivado al Sanatorio San Camilo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el traslado intervinieron sus familiares y también la cúpula eclesiástica, según la información que pudo recogerse en los pasillos del Hospital San Martín.

Moya había ingresado al Hospital San Martín a través del Servicio de Infectología, y su diagnóstico se mantuvo siempre bajo siete llaves. Enterada del paciente que estaba bajo el cuidado de su servicio, la jefa de Infectología, Adriana Bevacqua, se presentó en Tribunales y pidió ser relevada del secreto profesional. La declaración de Bevacqua fue incorporada a la causa, aunque resguardada, sin que pudieran tomar conocimiento los querellantes.

Se inició entonces una pequeña batalla legal: los representantes de los denunciantes pidieron conocer el diagnóstico médico. La Justicia lo rechazó en primera y en segunda instancia. El 15 de marzo, se conoció el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, con la firma del camarista Rubén Chaia, que rechazó un recurso de apelación.

Los abogados querellantes, Carlos Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, pidieron levantar el secreto médico sobre Laura Díaz Petrussi y Adriana Bevacqua, quienes atendieron a Moya en el Hospital San Martín de Paraná en enero pasado.

Sin embargo, el planteo fue rechazado el 15 de febrero por el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín. Ante esa resolución, los abogados querellantes apelaron, pero Chaia terminó confirmando la resolución del juez de Garantías y, en consecuencia, rechazando el pedido del levantamiento del secreto médico.

En su fallo, el juez Rubén Chaia sostuvo que “luego de un atento repaso de los fundamentos de la impugnación, la postura fiscal y lo resuelto, no tengo más que compartir lo sostenido por el señor magistrado (por el juez de Garantías)”.

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