En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Iparraguirre mencionó que “se inició una causa penal que tramita ante el Ministerio Público Fiscal en cuyo legajo se ordenó la demora de los funcionarios policiales Molina e Íbalo y lo que está faltando en el proceso y es la traba que existe es el pedido para que se llame a prestar declaración de imputado a ambos funcionarios, porque la fiscalía quiere producir la totalidad de la prueba para analizar si –a su criterio- corresponde avanzar en el proceso o la actuación de estos funcionarios estaría enmarcada en alguna justificación o de exculpabilidad”.
Al respecto, planteó que desde la querella “disentimos con esto, hace tiempo solicitamos al Ministerio Público Fiscal que tome declaración a ambos imputados, haciendo un análisis pormenorizado de los distintos elementos de prueba de cargo que existen en la causa y esto todavía no fue resuelto”.
Informó además que “recién ahora se está por producir la pericia del dermotest que no se había podido realizar porque con la cintas que levantaban las muestras de los posibles restos de pólvora de la mano de los funcionarios y de la víctima, el procedimiento se hizo de una forma muy elemental, una práctica que en Policía Federal y Gendarmería no se utiliza más y por lo tanto no tenían equipamiento para poder relevar estos datos y realizar la pericia y por eso se estuvo demorando todo en el último tiempo”.
“Todo el resto de las pruebas han sido incorporadas al legajo: testimoniales, pericia balística del arma secuestrada, planimetría, y demás”, acotó el abogado.
Respecto de la pericia que falta sostuvo que “es absolutamente llamativo que la policía de Entre Ríos en una causa tan importante donde están vinculados funcionarios de la policía en la comisión de un hecho delictivo hayan tomado el viejo criterio de levantar con cintas adhesivas los restos de deflagración o de pólvora, porque es una técnica que ha sido dejada de lado desde las fuerzas nacionales, y que no se haya utilizado las técnicas más de avanzada” y agregó que “todas las partes plantearon y acordaron separar a la policía de la provincia e la producción de las distintas pruebas, y este criterio es correcto pero todas las pruebas o indicios incorporados al legajo fueron levantados por la propia fuerza”.
En ese contexto, Iparraguirre aseguró que “la teoría que sostenemos desde la acusación privada y entendemos por demás acreditada es que estamos ante una ejecución, así lo relataron todos los testigos ofrecidos, cercanos al lugar de los hechos, que aseguran que Gusmán luego de ser perseguido por el móvil policial se detiene con los brazos en alto en señal de entrega y en ese momento uno de los funcionarios baja del auto, toma posición de tiro arrodillándose y apuntando a poca distancia dispara ingresando el proyectil por la nuca”.
No obstante, planteo que “en contraposición, está la hipótesis de una causa de justificación o el haber actuado en el marco del legítimo ejercicio de su derecho, pero en esta situación donde se podría plantear el sobreseimiento hay dos cuestiones: el planteo de que no se imponga la doctrina Chocobar en la provincia de Entre Ríos, que no se imponga la muerte por la espalda de personas que han sido detenidas”.
Asimismo, apuntó que “aunque los efectivos policiales estuviesen amparados en alguna de esas posibilidades, esto debería ser motivo de debate en el juicio oral, y para eso hay que tomarle declaración de imputados, hacer la audiencia de remisión a juicio y posteriormente ir a juicio para ventilar allí qué fue lo que sucedió”.
Aclaró que “si están amparados en una causa de justificación o en cualquier situación del artículo 34 los llevaría a l absolución, pero en caso de probarse en esa instancia de juicio que se trató de una ejecución, estaríamos ante un homicidio agravado donde corresponde una cadena perpetua”.
En este marco, el abogado aseveró que “hay pruebas más que suficientes para llegar a un juicio oral y a una sentencia de condena” y reiteró “la necesidad de que no se imponga la doctrina Chocobar en Entre Ríos”. En tal sentido, cuestionó que “fue muy grave que frente a la excarcelación de los funcionarios más de 50 patrulleros salieron festejando por las calles de Paraná o las propias declaraciones del jefe de la fuerza, allí hubo una situación institucional muy grave que le planteamos a (la ministra de Gobierno) Rosario Romero”.
Finalmente, aseveró que “hay que separar a la policía administrativa de la investigación de los hechos delictivos, porque si bien las investigaciones están a cargo del Ministerio Público Fiscal pero el auxiliar de la Justicia y quien lleva la prueba sigue siendo la policía administrativa. Y este caso es muy claro de esta situación, hay irregularidades muy manifiestas en esta causa, donde prima un espíritu de cuerpo porque es muy difícil que la policía se investigue a sí misma, y es momento de discutir seriamente la conformación de la mal denominada policía judicial”.
