De ANÁLISIS DIGITAL

El advenimiento a la Casa Gris de Gustavo Bordet, generó saludables expectativas y fundadas esperanzas en una provincia donde el clima social ha venido calentándose progresivamente como resultado de erradas políticas, despilfarro de dineros públicos, maltrato laboral en el ámbito del Estado, endeudamiento sin solución de continuidad, desorientación económica y administrativa y, como frutilla del postre, actos reñidos con la legalidad realizados con un obediente respaldo legislativo y que han sido reprochados ante la justicia.

Todo aquello que sucede en la órbita del Poder Ejecutivo es responsabilidad de su titular. Incluye aún a las cosas y los hechos que desconozca en principio pero de los cuales sus colaboradores deben darle cuenta y razón.

Se cumple ya el primer mes de gestión del nuevo gobierno y si bien tradicionalmente se entiende –sin ley escrita alguna- que se deben dar al flamante mandatario 100 días para acomodarse, adaptarse y poner en marcha sus planes, existen asuntos que a esta altura ya deberían ser informados a la ciudadanía.

Las deudas del Estado lo son en definitiva de todos los entrerrianos y por eso merece conocerse cuánto deben y qué costo tendrá salir adelante. Que se hable con claridad y crudeza. Un mes puede no ser mucho tiempo pero alcanza para informar sobre el particular y también para explicar porqué en ciertas áreas se ha agrandado la planta de funcionarios en un marco de sequedad de recursos que exige una forzosa austeridad.

Bordet atraviesa una buena primavera de tolerancia y entendimiento con el ministro del Interior oficiante de nexo con Mauricio Macri, que le permite enfrentar situaciones urgentes, pero este grifo más temprano que tarde se irá cortando.

El pasado jueves el desencanto de los docentes y de un tramo de la clase pasiva fue mayúsculo cuando se encontraron con que no se les habían depositado sus haberes de diciembre de 2015, tal como lo indicaba el cronograma de pagos difundido. Las razones invocadas pueden ser o no razonables pero se ocasionaron lógicos trastornos a quienes tenían agendada la cancelación de sus compromisos.

La información de que se había autorizado la emisión de letras por 600 millones de pesos (léase más deuda) a pocas semanas de asumir el actual gobierno, que ni siquiera pueden cubrir la mitad de la masa requerida mensualmente para liquidar el total de haberes a activos y pasivos, repite una costumbre casi inveterada de Sergio Urribarri, el hombre que dejó un Estado financieramente quebrado.

El reflotamiento del acuerdo con China para construir acueductos, avalado por una ley inconstitucional y convertido en una verdadera Espada de Damocles sobre las finanzas provinciales por varias décadas- –la justicia tendrá la última palabra- es un desatino. Un gobierno que debe hacer malabarismos para cumplir sus gastos corrientes, no puede cometer la locura de tomar un crédito por 430 millones de dólares. No existe razón alguna para comprometer el futuro de los entrerrianos, debiendo citarse que la ex diputada provincial María Emma Bargagna (FAP) pidió públicamente la derogación de la Ley 10.352 “porque nos ata inconstitucionalmente y sin control –dijo-, a un negocio que hizo el gobierno anterior, saltando por sobre todas las normas del derecho público vigente en la provincia y el país”.

Advirtió que el proyecto aceptado por Urribarri contemplaba un acueducto que no lo necesitan los productores y no se trata de una zona que merezca ese tipo de obra. Y demandó que se vuelva sobre el proyecto trabajado por la Dirección Provincial de Hidráulica en conjunto con el ministerio nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca a través del PROSAP (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales). El dialoguismo del cual Bordet se ha mostrado cultor, se pondrá a prueba.

Otra nota de ANALISIS firmada por Juan Cruz Butvilofsky, dio cuenta de que la Ley de Narcomenudeo que se buscó implementar en Entre Ríos y que recibiera rechazos de la Justicia Federal por considerarla inconstitucional, además de no combatir el núcleo del negocio ilegal de drogas, se intenta pasar a la órbita provincial siendo de jurisdicción federal.

No obstante estos fallos el ministro de Gobierno Mauro Urribarri insiste en discutir su implementación. Esto supone desoír e incumplir sendos fallos de los jueces Federales Leandro Ríos (Paraná) y Pablo Seró (costa del Uruguay) donde a fines de 2014 consideraron que una serie de artículos de la norma provincial colisionaban con disposiciones previstas en la Ley de Estupefacientes. El columnista habla de “cuando la palabra de la Justicia vale poco ante la necedad de los dirigentes políticos”. ¿Qué opina el actual gobernador?

Dejamos para el cierre la jugosa columna del periodista Ricardo Leguizamón (sitio El Entre Ríos) recogida por ANALISIS y titulada Smaldone, la familia bendecida por los Urribarri. Sería ocioso abundar en todo su contenido, pero se debe reflexionar seriamente respecto del modo en que se han venido tejiendo arreglos que involucran a los poderes Ejecutivo y Judicial en una suerte de emprendimientos familiares. Sería muy sano para la democracia que se expliquen a la ciudadanía los propósitos de este fenómeno y se dé razón de capacidad en casos donde no ha sido probada en concursos.

Nepotismo es el “trato de favor hacia familiares, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos”. Es una predilección exagerada que puede rotularse como una forma de corrupción. Es un favoritismo que parte de privilegios y preferencias no obstante la falta de idoneidad. José Luis Ramírez Giménez reflexionó que “es desleal e ilegal a la democracia y a la sociedad”.

Leguizamón cita palabras del juez Hugo Daniel Perotti al exponer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que trata su pliego para acceder a una vocalía de la Cámara de Casación Penal. El postulante expresó que el proceso de selección de magistrados a través del Consejo de la Magistratura tiene bondades “en las que creo”, lo que aporta a un proceso transparente, lo que da a quienes pasan por estas instancias, una mayor legitimidad ante la sociedad.

Sería interesante conocer su opinión sobre el órgano seleccionador creado por el art. 180º de la Constitución de Entre Ríos, a la luz del atropello cometido contra el aspirante Angel Moia, quien habiendo ganado legítimamente el Concurso 79 no fue designado por decisión del gobernador bajo argumentos lamentables por lo arbitrarios. En el cargo concursado se desempeña una profesional que había quedado fuera del examen por no alcanzar los requisitos exigibles. El Superior Tribunal lo hizo posible.

Un caso de evidente autoritarismo se dio cuando Sergio Urribarri, eludiendo sin pudor el art. 217º de la carta provincial, instaló en la Presidencia del Tribunal de Cuentas a su entonces ministro de Trabajo Guillermo Smaldone. ¿Qué faltó hacer? Nada menos que convocar a concurso público para que acceda el mejor preparado. ¿Argumentos? Que aún no está reglamentado dicho precepto, como si no fuese responsabilidad inexcusable del Poder Ejecutivo.

Pero ocurrió que el ex senador Juan Carlos Arralde inició ante el Superior Tribunal una demanda de declaración de inconstitucionalidad por el nombramiento irregular de Smaldone, consignando además su pleno y legítimo derecho a concursar. Aludía precisamente a que no se cumplió el requisito previo impuesto por el referido artículo.

¡Qué ironía! Arralde, quien fuera convencional en la reforma de 2008 y como tal contribuyó a darle transparencia y legitimidad al acceso a presidir un órgano de control se semejante trascendencia, vio clausurada toda posibilidad de concursar por obra de un acto arbitrario. El expediente aguarda despacho en al STJ desde febrero de 2015 y pareciera una papa muy caliente para los magistrados. En este episodio, cometieron una violación constitucional tanto quien designó como quien lo aceptó.

Hoy la ciudadanía no se conforma con expresiones de deseos ni acepta actitudes indulgentes para con graves errores y transgresiones recientes. Se exigen auditorías a fondo a partir de organismos de control libre de toda duda o recelo. No es nada fuera de lo común.

Mientras se redactaba esta columna nos enteramos del fallecimiento del Agente Judicial con desempeño en la Sala Nº 2 del Superior Tribunal, Mario Enrique Ramos. Según trascendió, el nombrado habría sufrido una descompensación en su sitio de trabajo, derivada de un altercado por motivos laborales con el Vocal del STJ Emilio Castrillón, quien lo habría destratado groseramente.

Pocos días después habría sobrevenido un ACV que generó el desenlace fatal. Se trataba de un empleado de larga trayectoria e intachable conducta, de acuerdo a lo consignado por el sitio Elentreríos y reproducido por El Once, que además da cuenta del habitual carácter agresivo e irascible del alto funcionario para con el personal. La gravedad de este episodio ameritaría una investigación del alto tribunal, desprovista de todo matiz corporativo.