El gobierno nacional, cada vez que puede, desliza la teoría de que la diplomacia ha hecho lo que Gualeguaychú pedía. Una manera de “socializar” el fracaso por la pastera, imputándoselo también a los vecinos. Sin embargo, los asambleístas no fueron escuchados tres años atrás, cuando pedían acudir al tribunal internacional. “Eso hubiera abortado la llegada de Botnia”, aseguró el abogado y asambleísta, Fabián Moreno Navarro. Al respecto, explicó que “la sola presentación de esta demanda internacional hubiera actuado como disuasivo para la llegada de este tipo de inversiones a la zona, y existiendo una denuncia formal por la autorización unilateral de Ence por parte de la República Oriental del Uruguay, el país vecino se hubiera visto en serios problemas para evitar las consultas en el caso de Botnia”. “El juicio era una herramienta muy valiosa porque ninguna empresa contaminante se hubiera arriesgado en ese escenario a invertir en la cuenca del río Uruguay”.

En vísperas del seguro funcionamiento de la pastera Botnia, oficialmente se ha querido instalar la interpretación de que no sólo se hizo lo posible sino lo que Gualeguaychú pidió. Con lo cual la derrota diplomática -al menos hasta ahora- debiera ser compartida con los vecinos. Como si éstos, por otra parte, tuviesen la facultad de dirigir las relaciones exteriores de la Nación Argentina.

Fabián Moreno Navarro, el abogado que asesoró en su momento a la Asamblea y hoy es uno de los coordinadores del equipo técnico, salió al cruce de la versión oficial, en la última reunión de la asamblea en el Teatro Gualeguaychú.

Allí remarcó que se hizo caso omiso a un pedido de Gualeguaychú de acudir a La Haya en 2003, cuando todavía no se sabía nada de Botnia. Hubo que esperar tres años, con la pastera finlandesa encima, para que se formalizara esa presentación por parte del gobierno nacional.

Para el letrado, se perdió así un tiempo precioso para literalmente abortar, es decir complicar de raíz, en el arranque, el emplazamiento de la mega-papelera en Fray Bentos.

Por tanto, otra hubiera sido la historia si se hubiese escuchado en su momento a Gualeguaychú. De esta manera, la teoría de que el gobierno hizo lo que pidieron los vecinos -como insinúan sus voceros a través de la prensa capitalina- se desmorona.

“Creo que ha habido un accionar muy tardío del gobierno nacional”, ratificó Moreno Navarro, en diálogo con diario El Día. “Ese tardío no significa, de ninguna manera, que se vencieron los plazos. No voy a plegarme al argumento uruguayo. Lo que digo es que debió actuarse antes ante la Haya, cuando el proyecto pastero de Ence no había aún iniciado su construcción. Dejaron así, -lamentablemente- que la cosa se agravara”, explicó.

Del 14 de octubre de 2003 –según lo verifica un reporte periodístico de este diario- data el reclamo de Gualeguaychú de acudir urgente al tribunal internacional. Entonces, los funcionarios nacionales desestimaban este planteo, argumentando que el conflicto con Uruguay no podía ir a mayores, relató el abogado.

“Entonces no sabíamos nada de Botnia. No sabíamos que existía. Esa empresa recién fue autorizada dos años después”, recordó. ¿Y qué pasaba con ENCE, la empresa española?, inquirió este diario. “Tenía una primera autorización por parte del Uruguay - y ese fue el motivo por el cual nosotros acudimos a la Cancillería- pero sin ningún tipo de participación en la CARU”, respondió el entrevistado.

“A eso se le agrega algo más: tres días después que nosotros hiciéremos nuestro reclamo en Cancillería -y allí fuera desestimado- la delegación argentina en la CARU hace un planteo correcto en dicho ámbito”, comentó.

Dicho planteo, afirmó, señalaba “que Uruguay estaba actuando unilateralmente, que estaba incumpliendo todos los procedimientos de consulta previa que existen en el Estatuto del Río Uruguay, y que si Uruguay persistía en su actitud Argentina debía echar mano del capítulo 15, que estipula la solución de controversias, lo que significa ir a La Haya”.

Curiosamente, explicó el entrevistado, esta postura de la delegación argentina en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), de apelar a la solución de controversias, y por tanto de recurrir a la Haya, no fue concretado por la cancillería argentina sino casi tres años después.

“Mi planteo, por tanto, es que si el gobierno hubiera tomado este camino a tiempo -es decir si hubiera activado lo previsto por el estatuto, conforme lo expresado por nuestra delegación en la CARU en el acta del año 2003- se hubiera podido abortar la llegada de Botnia. La sola presentación de esta demanda internacional hubiera actuado como disuasivo para la llegada de este tipo de inversiones a la zona. Por otra parte, existiendo una denuncia formal por la autorización unilateral de Ence por parte de la ROU (República Oriental del Uruguay), el país vecino se hubiera visto en serios problemas para evitar las consultas en el caso de Botnia", razonó Moreno Navarro.

Volviendo sobre la situación en Fray Bentos tres años atrás, el letrado dijo que lo de ENCE era precario, toda vez que nunca estuvo en condiciones económicas de encarar el emprendimiento pastero sin asistencia crediticia, en ese momento demorada por las nacientes protestas contra su radicación. Las condiciones objetivas, por tanto, eran inmejorables.

“El juicio era una herramienta muy valiosa. Ninguna empresa contaminante se hubiera arriesgado en ese escenario a invertir en la cuenca del río Uruguay”, remarcó. “Quizá Botnia se hubiera ido a otro lado”, apuntó.

En ese tiempo, es decir en 2003, el grupo de abogados de Gualeguaychú hizo infinidad de tratativas ante los funcionarios de Cancillería. “No entendíamos -y así se los planteábamos-, cómo podía ser que no se dieran cuenta de la realidad jurídica que teníamos adelante, y frente a lo cual no reaccionaban”, recordó.

En este sentido, Moreno Navarro dijo que el planteo actual ante La Haya sigue siendo válido e incluso no hay que dudar de la solvencia de los letrados argentinos y extranjeros que pilotean actualmente la causa. “Pero ya no es la llave o solución para resolver el conflicto”, insistió. Y añadió: “A mí me bastaba La Haya en su momento, pero ahora no. No puede ser la única estrategia”.

- En medio de este panorama: ¿qué cosas más habría que hacer desde el punto de vista jurídico-diplomático?
- Necesitamos estrategias dirigidas a Botnia y Finlandia. En ese camino, por nuestro lado, iniciamos una demanda preventiva de daños contra Botnia (presentación del Balneario Ñandubaysal ante la justicia federal argentina), con 80 carillas y gran cantidad de informes técnicos. El gobierno podría hacer un esfuerzo similar y empezar llevar el caso a otras instancias internacionales, sobre todo en la Comunidad Económica Europea, donde poner en la palestra a Botnia y también a Finlandia, que es socia del emprendimiento. Hay que hacer presión ahí.

- Es decir, no quedarse esperando a ver qué pasa en La Haya
- Exacto. Al respecto, hay que remarcar que nosotros tenemos acá un país europeo (Finlandia) que no ha cumplido con sus propias normas. Los tratados que ellos tienen para su propio territorio, especialmente los vinculados con la consulta a las poblaciones de ambos lados de la frontera en casos de instalaciones en ríos internacionales, no son aplicados en la cuenca del Río Uruguay.

- El gobierno dice que tiene todas las fichas en La Haya. ¿Pero sobre qué se pronunciará ese tribunal? ¿Acaso puede avanzar en la relocalización de la planta?
- Esto tiene que ver con el reclamo que se sustanció ante el tribunal. Al menos lo que nosotros pudimos conocer de la primera demanda es que la Argentina alega que se ha violado el Tratado del Río Uruguay, que el emprendimiento causa daños sensibles y por tanto no puede funcionar donde está. Ahora, cómo se profundizó ese planteo en lo sucesivo nadie lo sabe, porque aparentemente la corte de La Haya dispuso no ventilar públicamente las últimas presentaciones. Esta información no está disponible. No sabemos qué es lo que se presentó en la memoria definitiva. Quiero pensar que lo han hecho bien... Ahora bien, la Corte, cuando en su momento resolvió negativamente la cautelar contra la Argentina, se reservó la posibilidad de desmantelar la planta. Hay un párrafo donde le dice a Uruguay que la continuidad de las obras quedan bajo su exclusiva responsabilidad, que no puede considerarse un hecho consumado. Le dice que si fuera establecida la violación del Tratado y la existencia de un menoscabo o daño como consecuencia de la localización de Botnia, entonces puede ella mandar a desmantelar la planta. Ahora, de ahí a que concrete esto hay un largo trecho. Mi opinión es que es muy difícil que los jueces internacionales dicten un fallo donde se ordene desmantelar una fábrica de este tipo. Mi posición es que la acción ante La Haya había que hacerla cuando no había nada para desmantelar.

- Cuando La Haya rechazó la cautelar presentada por la Argentina, ¿acaso no le pidió a las partes que no modifiquen la situación, agravándola? Si es así, no se entiende por qué Botnia siguió construyendo en el ínterin...
- En cuanto a la construcción, al no hacer lugar a la paralización de las obras, obviamente estas tareas podían continuar durante el proceso. Lo que sí es cierto es que Argentina, hizo planteos durante el proceso remarcando varias violaciones nuevas (como las autorizaciones inconsultas otorgadas para el puerto, para duplicar la cantidad de agua a extraer del río y demás) que implicaron objetivamente un agravamiento unilateral de la controversia por parte de la ROU. Y acaso esto posicione un poco mejor a la Argentina. De todos modos, insisto en que a pesar de nuestro expreso pedido, el estado argentino perdió la oportunidad ideal para realizar la presentación ante La Haya, cuando no existían obras de ningún tipo y por lo tanto no era necesario pedir medidas cautelares ante un tribunal internacional que evidentemente tiene una posición muy restrictiva para concederlas. Esta acción ahora debe verse complementada con otras estrategias por parte del gobierno nacional si queremos alcanzar el éxito: la erradicación de Botnia de nuestra región.