De ANALISIS DIGITAL
Tras el mega allanamiento que realizó el Escuadrón 56 “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional, para desarticular a una banda de narcotraficantes en esa ciudad y su red de distribución en Concepción del Uruguay, Gualeguay, Alta Gracia y Posadas, el coordinador de Fiscales de los tribunales de Gualeguaychú Mauricio Derudi dijo haberse sentido impresionado por el operativo. El funcionario judicial puso sus esperanzas en la ley de narcomenudeo, como una herramienta legal para poner un freno y revertir el avance del narcotráfico en la provincia. “La ley de narcomenudeo es un mensaje claro de que el poder político se está involucrando más sobre la problemática del narcotráfico. Es una cuestión compleja y en realidad tendrían que involucrarse todos los poderes del Estado”, expresó en el programa Fuera de Juego (C anal 4 Gualeguaychú).
La Cámara de Senadores aprobó un proyecto del Poder Ejecutivo, sobre tablas y sin despacho de comisión, que apunta a generar herramientas para que la Policía y la Justicia entrerriana puedan actuar contra el denominado "narcomenudeo", que es la comercialización de droga en baja escala. En tanto, Derudi prefirió no emitir opinión sobre el funcionamiento de la Justicia Federal y el retraso de la puesta en funcionamiento de los juzgados federales, de Concordia, Gualeguaychú y Victoria, proyectos que fueron aprobados por el Congreso de la Nación, pero no se destrabaron los fondos desde el Ejecutivo Nacional para la construcción de las instalaciones y el presupuesto de funcionamiento. Esto termina sobrecargando a los juzgados federales de Paraná y Concepción del Uruguay con causas cuyas fechas de las audiencias de juicios llegan hasta el 2016, como sucede en Paraná.
En cuanto a la cantidad de denuncias que ingresan por día a la Fiscalía de Gualeguaychú, Derudi dijo que “aproximadamente ingresan unas 550 a 600 causas mensuales, tenemos un promedio de 20 diarias, entre las policiales y las tomadas en la propia fiscalía”. Respecto de la infraestructura y la distribución del espacio de Tribunales para el trabajo de los fiscales, Derudi indicó que “la Justicia de Gualeguaychú siempre tuvo problemas de infraestructura y ahora que se sumaron más funcionarios judiciales el problema se agravó. Además la problemática social hace que hoy tengamos determinadas áreas a las que se le tenga que dar más privacidad para el tratamiento de algunos problemas, y la cuestión edilicia es un inconveniente bastante importante”.
Al ser consultado sobre el avance de las causas sobre delitos de abigeato, el funcionario judicial mencionó que se está trabajando con la Sociedad Rural de Gualeguaychú en conjunto con la Brigada de Abigeato y la Jefatura Departamental. Sostuvo además que se está en la búsqueda de “generar un convenio con la Sociedad Rural para comenzar a utilizar el laboratorio genético de la Sociedad Rural Argentina para utilizarlo en el análisis de muestras de pelos y sangre de animales hitopatológicos para que nos sirvan como medio de prueba. Nos parece algo muy importante y fue una iniciativa de la misma Sociedad Rural de Gualeguaychú”.
Por otro lado tras el fallo tribunal de Juicios y Apelaciones, quien el mes pasado llevó adelante el juicio por la muerte del joven Nicolás Bellolo, por la conducción irresponsable de Jonathan Fernández, la presidenta del tribunal la doctora Alicia Vivian, dijo que las cárceles no son adecuadas para que un joven como Fernández se resocialice, y en base a este argumento el Tribunal le dictó tres años de prisión en suspendo a Fernández. “El sistema carcelario es deficitario, no ofrece una alternativa para que una persona se recupere o se resocialice, que es el fin constitucional de la pena. Cuando se reformó la Constitución en 1994 y se incorporaron los distintos tratados de los derechos humanos quedó totalmente zanjada la cuestión en cuanto al fin de la pena que es resocializar al infractor, a la persona que cometió el delito. Estamos en una crisis del sistema penitenciario a nivel nacional.
Comparto lo que dicen – agregó al referirse al fallo del tribunal que llevó adelante la causa por la muerte de Nicolás Bellolo, “más allá de que Fiscalía pidió cumplimento efectivo de la pena”.
Causa Broggi
En tanto se refirió a la causa por abuso de menores que mantiene imputado a Javier Broggi, que en diciembre se cumplirá un año de su inicio. Pese al tiempo transcurrido a la localidad de Urdinarrain, le cuesta salir de su asombro, debido a que Broggi fue durante muchos años director de Cultura de esa localidad. “Es difícil la investigación porque uno se encuentra con la barrera de las propias víctimas que se niegan a colaborar con la Justicia. En muchos casos es entendible porque a algunas personas les hace revivir etapas traumáticas nada agradable. Nosotros seguimos apelando e insistiendo por lo menos con aquellas personas que podrían haber sido víctima. Desde la Fiscalía se mantuvo el contacto por vía telefónica e iremos por un nuevo intento para que se decidan a venir a declarar. Este aspecto es doloroso porque esto va en contra de la localidad”.
En tanto al ser consultado por si se resolvió la competencia judicial para dar curso a las constantes denuncias de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú por los episodios reiterados de contaminación de la pastera UPM Botnia, Derudi dijo que: “No, todavía no se resolvió. En este caso la incompetencia del juzgado Federal para entender en la causa debe ser planteada desde la Fiscalía hacia el juez de Garantía, que en definitiva es el que va a decidir si los fiscales provinciales somos competentes para investigar las distintas denuncias. Incluso trabajamos en conjunto con reparticiones municipales que recaudaron datos de las distintas personas afectadas, pero la cuestión de competencia no la hemos discutido a nivel judicial”, finalizó.
