Los diputados nacionales Rogel y Solanas propusieron incorporar tres artículos al Código Penal estableciendo la imprescriptibilidad de los delitos de los funcionarios públicos, de las acciones penales y la posibilidad de realizar juicios en ausencia de los involucrados, entre otros puntos.
“Es loable la preocupación por la corrupción”, destacó García, y agregó que el tema merece una “profunda” discusión. “No es algo que sólo atañe a un partido político o gobierno, sino que es algo totalmente contraproducente para el sistema”, definió, en declaraciones a APF.
En ese sentido, se manifestó a favor de “aumentar los términos de prescripción (de estos delitos)” ya que “en el Código Argentino son laxos, cortos”, consideró para remarcar luego la existencia de “una norma importante que establece que a los funcionarios mientras estén en el ejercicio del poder, se les suspende la prescripción”.
Tras considerar que “debería haber más situaciones por las que la extinción de la responsabilidad se interrumpa en casos de que el funcionario en cuestión siga estando en funciones”, afirmó que “quedan casos muy retrasados”. Lo dijo en referencia al ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, imputado de graves cargos por defraudación a la administración pública, que fue procesado y luego sobreseído, ya que habían pasado 17 años desde la iniciación de la causa.
“Esta debería ser una cuestión para analizar en profundidad”, sugirió, y se expresó “reacio a cualquier reforma sobre hechos puntuales”. Al respecto, sostuvo que los delitos de corrupción de funcionarios “son de mayor gravedad que la pena prevista en el Código y muchas veces es difícil investigarlos porque se encuentran en el uso del poder”.
“Pero lamentablemente los organismos de control que tendrían que actuar no son muy buenos para investigar pero sobre todo, el punto más complejo, es la gran complicidad con la burguesía el empresariado”, alertó finalmente.
