Néstor Pérez, el cuestionado secretario de Hacienda de la Municipalidad de Gualeguaychú, deberá declarar finalmente el lunes próximo ante el juez de Instrucción Roberto Cadenas, en el marco de la escandalosa causa por el desfalco en Tesorería. Pérez estaba convocado para esta mañana, pero debido a una acumulación de causas con detenidos en el juzgado de Instrucción número 2, se dispuso la postergación de la indagatoria.

Pérez está citado como responsable de los controles del área de Tesorería a cargo del detenido y procesado contador Angel José Giménez, área de la cual faltó una cifra que –según datos oficiales- superaría el millón y medio de pesos.

Pérez será indagado por peculado culposo, idéntica figura por la cual se llamó al contador municipal Pedro Pomés, a diferencia de Giménez, cuya figura no es culposa, sino dolosa.

Giménez, el tesorero sospechado del mayor acto de corrupción ocurrido en décadas en la Municipalidad de Gualeguaychú, se encuentra detenido desde el 5 de julio -hace más de un mes-, mientras que Pérez y Pomés pidieron licencia en su cargo.

A cincuenta días de denunciado el hecho por el intendente Daniel Irigoyen, hasta ahora la culpa recae sólo en la figura del ex tesorero, contador Giménez, aunque la cadena de responsabilidades enlaza lo que establece la Ley Orgánica de Municipios –Ley 3001-en cuanto a las funciones de los integrantes del Ejecutivo, y las 22 observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia en los últimos años, cuestiones que no habrían sido tenidas en cuenta.

En Gualeguaychú, una ciudad que sigue indignada, nadie sabe exactamente cuánto dinero falta de la Municipalidad, y todavía no está clara la mencionada cadena de responsabilidades.

Por otra parte, como consecuencia del dinero faltante, sufrirán demoras las obras del Boulevard 2 de Abril y el Autódromo, y el municipio ha encontrado dificultades para satisfacer demandas de ropa y calzado de sus obreros de las áreas de higiene urbana y obras públicas.

En la Municipalidad se inició una investigación interna para el posterior sumario, al tiempo que llegaron funcionarios del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Por otra parte, el Concejo aprobó la realización de una auditoría externa a cargo del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, y al mismo tiempo llegaron técnicos del Superior Tribunal de Justicia solicitados por el juez Cadenas.

El peculado –el robo a las cuentas públicas por parte de quien debía administrarlas- prevé penas de 2 a 10 años, pero en el caso de Giménez, por cada uno de los hechos se le suman diez años, por lo cual su eventual condena pasa de 2 a más de 100 años, ya que fue procesado por diez hechos y la semana pasada –cuando se abstuvo nuevamente de declarar- fue imputado por otros tantos.

El hecho fue denunciado por el intendente Irigoyen, tras la confesión quebrada de una empleada del área de Tesorería, el pasado 30 de junio.

Fuente: Radio Máxima