Por Natalia Buiatti,
de ANÁLISIS DIGITAL
Este jueves se reanudó y concluyó el debate por la banda que vendía cocaína en Concordia. Cerca del mediodía y reabierta la audiencia, por Secretaría se informó que Jefatura de Policía de la provincia, dio cuenta de que Oscar Medrano cumplió funciones como agente de calle en el jardín maternal Frutillita, de calle Dr. Sauré de Concordia.
El organismo de seguridad remitió ese informe al TOF de Paraná, luego de que una de las imputadas en el juicio pidiera declarar como arrepentida y en la ampliación de su indagatoria, denunciara que un policía de la provincia le cobrara una comisión semanal para no delatar el funcionamiento del kiosco de cocaína. Así lo contó Natalia Bonazzola, dueña de la casa y la despensa en la que también despachaba cocaína al menudeo. La mujer dijo que recibía presiones del agente de la fuerza para abrir otros puntos de venta. Así también consta en una serie de mensajes de texto que obran en el expediente, tal como pudo corroborar esta cronista.
En el derrotero de extorsiones, Medrano había dicho llamarse “Miguel Bordón”. Y Bonazzola le creyó. Según sus abogados defensores, la mujer no denunció antes tal cuestión “por temor”. Pero una vez llegada la causa a juicio oral, pidió ampliar su indagatoria y ser amparada por la figura del arrepentido, con la posibilidad de obtener un beneficio al momento de ser condenada.
El segundo día de audiencia, Bonazzola se sentó frente a los jueces Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto López Arango. Reconoció que vendía cocaína al menudeo en la despensa de su casa, pero contó que un tal “Miguel Bordón”, asignado como agente de seguridad en el jardín maternal de su barrio, pasaba semanalmente a cobrar una comisión para no delatar el negocio ilegal en la justicia.
Entonces, el TOF libró un oficio a la Jefatura de Policía para que informe sobre las actividades del agente en cuestión en la Departamental Concordia. Pero no lo encontraron.
En la audiencia siguiente, Bonazzola presentó un escrito explicando que el policía le había dicho un nombre falso, y que la verdadera identidad era “Oscar Medrano”. En el documento que se incorporó al expediente, la mujer sostuvo también que había descubierto el verdadero nombre luego de un rastreo en redes sociales, y aportó una fotografía.
En su alegato, el fiscal José Ignacio Candioti pidió que se investigue al supuesto agente de la fuerza. Volvió a librarse un oficio a la Jefatura de Policía, esta vez con el segundo nombre aportado por la imputada y la foto en cuestión y dio el resultado esperado. Según el reporte de la Policía de la provincia, Medrano se desempeñó regularmente como agente de seguridad en el jardín maternal mencionado, y cumplía funciones de 19 a 7; y de 13 a 17.
Arrepentida
Hoy, en la reanudación del debate, Candioti, volvió a pedir que se investigue a Medrano. Sin embargo, insistió con que para ser beneficiada por arrepentimiento, Bonazzola debería haber aportado un dato que permita un avance “significativo” en la investigación. Y advirtió que si el TOF otorgaba menos de 5 años y medio de prisión a la imputada, recurriría a Casación. Pero eso no pasó. Bonazzola fue condenada a 5 años y medio de prisión más 5.000 pesos de multa.
Por su parte, Guillermo Vartorelli, defensor de Bonazzola, retrucó a Candioti y sostuvo que el dato “sí es un aporte significativo para la pesquisa”. “Hasta el momento, el nombre de Medrano no aparecía en la causa y sí este dato había sido soslayado. Ahora se avanzó con la declaración de Bonazzola, porque hay un nombre, una identificación y una foto en el expediente”, había recalcado antes del veredicto y, en ese sentido, había vuelto a pedir “que se haga lugar a la figura del arrepentido reduciendo la pena o directamente no aplicándola”.
En tanto, el defensor Oficial Mario Franchi -representa a Silvio Blanco- no se pronunció al respecto; y el abogado Juan José Buktenica -representa a Norma Cabrera y su hijo José María Rey-, se plegó al pedido de Vartorelli respecto del arrepentimiento de Bonazzola.
Nulidades y pedidos de sobreseimiento
Las nulidades planteadas en los alegatos de los defensores fueron las siguientes: el defensor Oficial atacó la forma en que la Gendarmería intervino sobre el colectivo de pasajeros en el que viajaba Silvio Blanco, cuando fue detenido con casi 2 kilos de cocaína.
Franchi había dicho que los gendarmes que testimoniaron se contradijeron entre sí, que no tenían autorización para demorar el colectivo de pasajeros y menos a Blanco; y lo hicieron igual. La nulidad fue rechazada por el TOF, que descartando el pronunciamiento de Buktenia, también dio crédito al informe de Flecha Bus sobre el pasaje a nombre de Blanco, lo que habría permitido a los gendarmes saber cuál era el colectivo que había que frenar en la ruta.
Además, el defensor de Juan José Martínez también había pedido el sobreseimiento de su representado, porque no hallaba prueba que lo implique en los delitos.
Las últimas palabras
Juan José Martínez mantuvo su silencio, como a lo largo de todo el debate.
Natalia Bonazzola dijo confiar en la Justicia. “Que investiguen a Medrano, y que si me condenan, me den domiciliaria por mis tres hijos”, solicitó.
Cabrera se plegó a las palabras de Bonazzola en cuanto a la confianza. “Yo protejo a mi hijo”, dijo por Rey y agregó: “Si me tienen que condenar, que sea a mí y no a mi hijo”.
Rey, por su parte, no dijo nada; y Blanco, que habló el lunes pasado, sostuvo que ya no tenía más nada que decir.
Qué llegó a juicio
Ramiro Blanco, un hombre de unos 40 años, fue detenido el 23 de mayo de 2014, mientras trasladaba desde El Talar -provincia de Buenos Aires- a Concordia, unos 2 kilos de cocaína en un colectivo de larga distancia de la empresa Flecha Bus. La droga estaba acondicionada con la forma de dos ladrillos encintados, adentro de un bolso con ropa que llevaba consigo el pasajero, sentado en la butaca 36.
Personal de la Gendarmería, a media tarde detuvo al colectivo en cercanías de Puerto Yeruá. Los agentes subieron al micro con un perro preparado para detectar estupefacientes, que se alteró al olfatear el equipaje que Blanco reconoció como propio. Los gendarmes le pidieron al hombre que abriera el bolso y, entre las prendas de vestir, apareció la droga.
Luego de esto, en Concordia se realizaron dos allanamientos en domicilios particulares. Uno de los operativos fue en una casa de calle Urdinarrain, que era alquilada por Gabriela Norma Beatriz Cabrera, alias Peti, donde vivía con Mariano Barrios -empleado de la Secretaría de Salud de la provincia, condenado por transportar estupefacientes en Misiones- y tres de sus cinco hijos.
La otra requisa fue en la vivienda del matrimonio compuesto por Juan José Martínez, alias Juanjo, de 36 años; y Natalia Soledad Bonazzola, alias Nati, de 32 años. Ambos viven en una casa de barrio con sus hijos, donde también tienen una despensa.
Cabrera, de 43 años, y José María Rey de 20, uno de sus hijos, fueron sindicados por los Gendarmes como organizadores de comercializar al por mayor la droga que transportaba Blanco, y revenderla al matrimonio Bonazzola-Martínez, quienes a su vez estiraban la sustancia y la expendían al menudeo.
