La iniciativa contó con 37 votos a favor, del Frente para la Victoria y bloques aliados, y 14 en contra, por parte de la UCR y el interbloque FAP-UNEN.
El acuerdo firmado en enero pasado establece la cesión por 30 años y por usufructo de parte del gobierno porteño a la Nación del control de los predios de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) y de los centros que funcionaron como sitios de tortura y detención de presos políticos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
El jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, explicó que la transferencia incluye al personal de todas las dependencias a quienes se les garantizará “la plena preservación de sus derechos laborales”, consignó Parlamentario.
El objetivo del traspaso, agregó el funcionario al efectuar el anuncio, es la “plena preservación de esos lugares con la inversión necesaria para la puesta en valor de esos sitios de la memoria”.
En este sentido, el PEN se compromete en el acuerdo a realizar en el edificio “Pabellón Central (4 Columnas)” el Museo del Terrorismo de Estado, donde además tendrá su sede el Instituto Espacio para la Memoria (IEM).
También se dispone a “implementar una Propuesta Museográfica para el sitio de memoria, con el objeto de propender a la reconstrucción de la memoria histórica de los argentinos en el edificio del exCasino de Oficiales”.
Durante la sesión, la senadora Liliana Fellner (FpV) fue quien encabezó la defensa del proyecto, al explicar que “había que compatibilizar este proyecto con lo judicial y lo patrimonial” ya que “los juicios por lesa humanidad todavía no han terminado”.
Fellner, quien además es vocal de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, recordó que el Gobierno nacional declaró Monumento Histórico Nacional al edificio del Casino de Oficiales de la exESMA, en 2008, y apuntó que “fue allí el escenario de las más aberrantes violaciones a los Derechos Humanos”.
“No es un museo cualquiera. Es donde se cometieron los crímenes más horrendos”, indicó, y agregó que “el dolor de los argentinos” debe “estar reflejado en ese museo”.
Por el Pro, Gabriela Michetti sostuvo que “los temas de la ESMA no tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires, sino con la República Argentina”.
La senadora macrista relató que en 2007 se comunicó con la presidenta Cristina Fernández para destrabar el conflicto a raíz de las diferencias entre los propios organismos de Derechos Humanos, ya que “los gobiernos anteriores (en la Ciudad de Buenos Aires) no habían hecho nada” para resolver el asunto.
“Este traspaso significa poner esto en manos de quienes en realidad están gestionando el tema y lo vienen trabajando desde hace muchos años”, explicó.
Sin embargo, aclaró: “No voy a aceptar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se ocupe de estos temas. No hay un desentendimiento, todo lo contrario”.
En tanto, el jefe del bloque radical, Gerardo Morales, consideró que el convenio es un “retroceso” porque “se le otorga al Poder Ejecutivo Nacional la ejecución de la gestión de una política” que debe ser “trasversal” y no “un intento de apropiación por parte de ningún gobierno”.
Morales opinó que “si hay un número importante de familiares que están en contra, no importa el tiempo que tarden los organismos de Derechos Humanos para ponerse de acuerdo, porque se trata de leyes”.
Puntualmente, el acuerdo abarca al ex edificio del Casino de Oficiales, al Pabellón Central, a La Imprenta, el Taller Mecánico y la Enfermería, todos situados en Avenida del Libertador del 8151 al 8461.
En los fundamentos del texto se indica que “la administración por parte del Poder Ejecutivo Nacional de estos espacios de memoria ayudará a la conservación, mantenimiento y puesta en valor de los mismos, de acuerdo a las políticas de memoria, verdad y justicia que se han implementado desde el año 2003”.
El acuerdo incluye además al centro Automotores Orletti, de Venancio Flores al 3500; al Club Atlético de Paseo Colón al 1200; al Olimpo, de Ramón Falcón 4250, y Virrey Cevallos, de Virrey Cevallos 628.
