Éticamente inentendible. No son sólo rumores, mucho menos versiones sin fundamentos. De la investigación que encabeza el juez de Instrucción 1, Eduardo García Jurado, habrían surgido datos relevantes sobre las polémicas pensiones percibidas durante más de diez años por el entorno familiar del intendente electo de Pueblo Belgrano, Jacinto Chesini.
“Luego de tomarle declaraciones testimoniales al director de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), al gerente del Banco Nación y al titular de Asuntos Legales de la Municipalidad de Gualeguaychú, se pudo comprobar que todo lo que había denunciado el vecino de Pueblo Belgrano acerca de las versiones que tomaron estado público sobre el cobro de pensiones, eran certeras. En realidad son cinco los beneficios otorgados por el Congreso nacional que se desprenden de esta causa”, informó García Jurado a Gualeguaychú a Diario.
Por otra parte aclaró que la causa será elevada antes de fin de año al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, provisoriamente a cargo de Gustavo Pimentel. “Al confirmar que todos los beneficios que se cobran son nacionales, el fiscal que interviene en la causa, que es Guillermo Biré, solicitó que se remita a la Justicia Federal”, explicó el magistrado.
“Durante la investigación se deberán comprobar ciertos interrogantes que se desprenden: como quién otorgó ese beneficio, por qué se los otorgaron y hasta cuándo los perciben”, cerró el juez de Instrucción 1 al confirmar la elevación de la causa.
Detalles increíbles
El medio gualeguaychuense pudo averiguar pormenores de la investigación que realizó el Poder Judicial sobre los datos específicos de cada uno de los beneficios. De estos datos habría surgido, por ejemplo, que la esposa de Chesini cobraba dos pensiones y no una como se suponía en un principio. Habría comenzado a recibir el cobro en enero de 1999 y renunciado al mismo en septiembre de 2010, cuando desde el programa Fuera de Juego que se emite por Canal 4 de Gualeguaychú, hicieron la primera denuncia pública. Hasta ese momento, de esa pensión se habrían cobrado en el Nuevo Banco BERSA, alrededor de 130.000 pesos que corresponderían a un beneficio de 845,15 pesos mensuales.
Asimismo, lo sorprendente es que según la declaración testimonial de las autoridades bancarias, existiría otro beneficio de 540 pesos que cobraría esta misma persona en la sede local del Banco Nación.
Por otra parte, la hija del intendente de Pueblo Belgrano, menor de edad, habría comenzado a cobrar la pensión de privilegio hace diez años, en enero de 2001, por un monto promedio mensual de 1384,36, lo que haría hasta el día de la fecha un total obtenido de 197.957,39 pesos. Pero, otra de las sorpresas que surgió de esta investigación es que la fecha de cese de cobro de este beneficio es en enero de 2021, es decir dentro de poco más de nueve años.
En la misma situación está la pensión que percibe una sobrina de Jacinto Chesini, hija de su hermana Claudia, quién cumplió mandato como concejal de Pueblo Belgrano y actualmente ocupa el cargo de asesora del Municipio. Al igual que la anterior, la jovencita habría comenzado a cobrar la pensión de privilegio en enero de 2001 y hasta el día de la fecha habría percibido un total de 197.957,39 pesos. Asimismo, este beneficio insólitamente también tendría fecha de cese de cobro en enero de 2021.
Finalmente, la quinta pensión de privilegio que rodea a la familia Chesini correspondería al otro hijo de Claudia, quien habría comenzado a percibir el beneficio en abril de 1997 y lo disfrutó hasta marzo de 2010, es decir un total de 156 meses, que harían un total de 131.347,83.
De esta manera, hay que señalar que según reveló una fuente judicial, la investigación contable habría dado como resultado que del entorno familiar del actual intendente de Pueblo Belgrano, Jacinto Chesini (la mujer, la hija y dos sobrinos) habrían percibido de beneficios nacionales otorgados por el Congreso de la Nación más de 655 mil pesos.
Destino de la causa
Por el momento, el expediente se encuentra en el Juzgado de Instrucción 1. Asimismo las pericias realizadas por los contadores del Poder Judicial, que habrían confirmado que todos los beneficios son nacionales, lo que convierte el hecho en un delito federal. De esta manera, el juez García Jurado tendrá que declararse incompetente y elevar la causa al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
