También señala ese decreto que “resulta manifiesto el interés público en que se determinen las responsabilidades en quienes ejercen cargos y funciones de alta trascendencia republicana, lo cual amerita el agotamiento de todas las instancias disciplinarias a la que se encuentran sujetos, de manera tal que la realización y culminación de esas instancias contribuyan a fortalecer la confianza pública en el sistema. Como consecuencia de ello y con el objeto de no entorpecer el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en su tan importante labor, debe rechazarse la renuncia presentada por el magistrado".

Fuente y foto. El Litoral