La Correpi se destacó por ser una de las pocas organizaciones que denunciaron sistemáticamente las aberraciones a los derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas represivas durante los doce años de kirchnerismo, extendiendo sus estudios desde el retorno de la democracia. Dicha organización cuenta con la credibilidad de no haber formado parte nunca del aparato estatal que denunciaron cada vez que ejercieron el monopolio de la fuerza represiva por sobre los ciudadanos.
"El 16 de enero, la dirigente jujeña Milagro Sala fue detenida por orden del juez de Control Raúl Gutiérrez, de la provincia de Jujuy, acusada por los delitos de instigación pública a cometer delitos y sedición. La descripción de los hechos en la acusación fiscal demuestra sin oscuridad alguna que no se trata de una detención originada en la comisión de algún delito, sino de lisa y llana represión a la protesta", criticó el documento de la Correpi.
La organización enmarcó los hechos dentro de un escenario de recambio gubernamental y una clara política represiva a la protesta social que garantice el modelo económico que despidió a centenares de trabajadores a un mes de la asunción de Mauricio Macri: "A poco más de un mes de la asunción del gobierno de Cambiemos, los más de 18.000 despidos, la represión a los trabajadores de Cresta Roja y a los municipales de La Plata, el fallo del Tribunal Superior de CABA que avala las detenciones arbitrarias, el traspaso de la policía federal a la ciudad, sumado a la suba de tarifas y aumento de precios, nos dan una clara muestra del carácter represivo y pro-patronal del gobierno macrista y de los gobiernos provinciales".
"Frente a la creciente represión estatal, se impone la resistencia de todos los sectores del pueblo trabajador, con unidad, organización y lucha", señalaron para finalizar el comunicado.
