En un nuevo capítulo de las medidas que apuntan a desarticular instituciones y símbolos ligados al peronismo, el gobierno nacional resolvió rescindir la concesión del espacio cultural y gastronómico "Un café con Perón", ubicado en la sede del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en el histórico predio del Palacio Unzué, en el barrio porteño de Recoleta. La decisión fue ejecutada por el Ministerio de Capital Humano y podría dejar sin trabajo a más de 30 personas que integran la cooperativa "Lo de Néstor", encargada de la gestión del lugar.

La noticia fue confirmada por integrantes de la cooperativa, quienes manifestaron su desconcierto y preocupación ante una medida que, según aseguran, no fue comunicada formalmente. El acuerdo de concesión, firmado en 2022, establecía la continuidad del bar y espacio cultural hasta 2027. Sin embargo, la nueva desición fue anunciada sin previo aviso ni propuesta de compensación económica, dejando en el limbo legal tanto a los trabajadores como al futuro del inmueble.

Ubicado en Austria 2601, el café funcionaba en una de las casas anexas del desaparecido Palacio Unzué, que en su momento sirvió de residencia oficial de Juan Domingo Perón y Eva Duarte entre 1946 y 1955. Con el correr de los años, el espacio se convirtió en un espacio de interés histórico y cultural abierto al público general, con propuestas artísticas, presentaciones de libros, ciclos de debate y actividades educativas.

Este cierre se suma a la reciente decisión del gobierno de cerrar también el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que tenía como misión la investigación, preservación y difusión del pensamiento del tres veces presidente argentino. La suma de estas decisiones fue interpretada en diversos sectores como parte de una política activa de desmonte simbólico e institucional contra el legado peronista, en línea con las manifestaciones públicas del presidente Javier Milei, quien expresó en varias oportunidades su intención de revisar y desmantelar estructuras estatales vinculadas a esa tradición política.

Desde la cooperativa que gestionaba el café aseguran que el espacio funcionaba con recursos propios y que no implicaba un gasto para el Estado. Además, destacan el carácter autogestivo del proyecto y su valor como generador de empleo digno en un contexto económico de fuerte precarización laboral.

La falta de una notificación formal agrava la incertidumbre. Los integrantes de la cooperativa aún no saben qué pasará con los bienes que pertenecen al emprendimiento, ni si podrán acceder a alguna instancia de diálogo o recurso administrativo para revisar la medida. Tampoco hay precisiones sobre cuál será el destino del inmueble una vez concretado el cierre, o si el gobierno planea darle otro uso o simplemente mantenerlo desocupado.