Vigencia del conflicto, fracaso institucional

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Reflexiones de cierre

Luis María Serroels

Se ha dicho hasta el cansancio que un verdadero estadista es aquel que no piensa en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones. El significado no siempre ha sido comprendido, en esta realidad política donde las viejas mañas y las malas costumbres están fuertemente arraigadas en una mezcla de folclórica suma de intereses y mezquindades.

El gobierno provincial enfrenta por estos tiempos cuestionamientos muy duros que provienen principalmente de los gremios estatales, que reúnen a la administración central (ATE y UPCN) con sus respectivos delegados en distintas áreas; a la docencia (AGMER, AMET, SADOP y UDA) y a los judiciales (AJER), sectores donde se advierte un estado de conflictividad casi permanente.

¿Por qué ocurren estas contingencias, en una administración que ha prometido pasos importantes? ¿No será porque no cumplió? ¿Por qué el Poder Ejecutivo y a su turno ciertos legisladores cargan tintas sobre los sindicalistas docentes, haciendo apresuradas simplificaciones respecto de las líneas de reivindicación y los reclamos, como si se tratase de temas exclusivamente vinculados al salario, cuando se aprecian en esa demanda otros ítems que abarcan toda la política educativa, los sistemas, los programas y los contenidos curriculares, las cifras presupuestarias que den tranquilidad al funcionamiento global y la infraestructura en riesgo que genera inseguridad?

Todos los reclamos que parten de esa grilla de sindicatos para integrar el ya crónico mensaje reivindicatorio son los mismos que ayer nomás hacían suyos los dirigentes justicialistas en sus enfrentamientos con la gestión de Sergio Alberto Montiel.

Un ejemplo muy claro fue la presencia del entonces senador nacional Jorge Pedro Busti en medio de la sorpresiva visita que el Presidente Néstor Kirchner y su ministro de Educación, Daniel Filmus, hicieron a Paraná 48 horas después de haber asumido para ponerle final a la irrazonable postergación del inicio de clases en Entre Ríos.

El actual gobernador supo entonces explotar inteligentemente esa circunstancia, pensando que apenas seis meses después tendría sobre sí la responsabilidad de dar las respuestas que su antecesor no había sabido, podido o querido plasmar.

En esa suerte de enroque que exhibe el ajedrez de las alternancias, queda al desnudo que estar arriba o estar abajo convalidaría la visión cambiante de ciertos criterios y la hábil mutación de ciertos discursos.

Quien se detenga a mirar los recibos de haberes de los servidores del Estado, donde se dan pagos en negro -a despecho de intimaciones del organismo recaudador nacional al sector privado- que inciden malamente en los niveles jubilatorios, comprende que nadie llora porque sí y que arribar a fin de mes sin penurias constituye un milagro con entidad más que suficientemente para la beatificación. Sería casi como instalar la idea de un futuro San Sueldo en el santoral religioso.

Y quien, con capacidad técnica-educativa suficiente, analice los aspectos pedagógicos y didácticos de una auténtica estrategia de aprendizaje con carácter de política de Estado, afianzando los resortes de progreso y desarrollo social, poco tardará en descubrir las notorias falencias y ausencias existentes. Así las cosas, el conflicto entre el Estado y sus servidores, con un régimen jurídico cajoneado y un sistema de paritaria docente con muchas grietas, nada bien le hace a las instituciones.

Pero hay más. El enfrentamiento frontal entre el gobierno y las entidades del campo entrerriano no permite vaticinar nada bueno.
Decir que no piensa recibir a los que se quejan permanentemente y que únicamente lo hará con quienes se reconvierten, evolucionan y dan trabajo, no es una frase feliz del gobernador.

Porque el reclamo constante no es sólo consecuencia del autismo oficial y la falta de diálogo, sino del no cumplimiento de formales promesas.

En ese marco, no puede sorprender que las sociedades rurales de la provincia hayan tomando la decisión de no invitar a sus muestras anuales a las autoridades del gobierno, incluyendo al propio Busti y los legisladores.

Tomemos como ejemplo tres economías regionales. En una zona productiva muy caliente, que encierra a Concordia, Federación y Chajarí, centro de la gran producción citrícola provincial, puede ejemplificarse con datos precisos y más que contundentes: un cajón de naranjas o mandarinas, por 20 kilogramos, se vende en el Mercado Central de Buenos Aires a 7 pesos promedio. Pero sobre este valor hay que deducir el costo de cosecha, flete y comisiones, por lo que al productor en su quinta le quedan apenas 3 pesos por cajón (sin contar que hasta hace pocos días el precio de venta en ese mismo lugar era sólo de 5,50 pesos).

Con semejante "ganancia", la familia citrícola podría adquirir 1,500 kilogramos de pan, o 2,500 litros de leche, o 225 gramos de manteca, o 1,750 kilogramos de manzana, o 1/2 kilogramo de pulpa, o 2,500 de fideos, o una botella familiar de bebida cola. También 1,500 litro de nafta súper o cuatro pasajes en el transporte urbano, pero ninguna entrada a un cine.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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