Silvio Méndez
Organizado por la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), se realizará hoy a las 19.30 una charla debate con el docente e investigador Pablo Imen. El encuentro se llevará a cabo en el Auditorio Rodolfo Walsh de la FCE, sito en Buenos Aires 389. En esta ocasión, el educador también presentará su última publicación, La escuela pública sitiada. Imen es reconocido por sus labores gremiales y académicas en torno al estudio de las políticas educativas. En diálogo con ANALISIS, adelantó algunas consideraciones del actual debate público en que interviene.
-¿Cuáles son los ejes de trabajo del libro que hoy presenta en Paraná?
-El libro pretende dar cuenta de la direccionalidad y los supuestos que enmarcaron la política educativa en los ‘90. En una primera parte trabajo las concepciones neoliberales que le dieron sustento, apuntando a la expansión máxima de las relaciones de mercado, a la promoción de los valores de competencia, egoísmo y desigualdad, y a la atención a los efectos ocurridos por esas políticas, especialmente en lo referido a las reconfiguraciones del Estado como Estado Penal y Estado Asistencial. Luego, se introduce en dispositivos e instrumentos de la política educativa propiamente dicha, desde la introducción de lenguajes del mundo empresarial a la incorporación de normas que intentan regular la vida del sistema educativo en el marco de un proyecto de orden social según los cánones del Consenso de Washington. En una última parte, nos introducimos en un debate teórico y político acerca de lo público y de la educación pública, entendidos ambos conceptos como territorios en disputa.
-¿Puede realizar una breve caracterización de las políticas en educación de los gobiernos democráticos post dictadura del ‘76?
-La dictadura genocida desarrolló una política educativa centrada en dos grandes ejes: el desmantelamiento de la noción de “educación” como derecho de ciudadanía –una de cuyas expresiones fue la transferencia de escuelas primarias de Nación a provincias sin la contrapartida presupuestaria–, y la aplicación a rajatabla de prácticas represivas que se expresaron en la desaparición de opositores, la cesantía de docentes, la prohibición de contenidos, la quema de libros y otros etcéteras tremendos en un proceso de reordenamiento social que desmanteló el modelo productivo y económico social preexistente. Los gobiernos posteriores tuvieron distintas prioridades. El radicalismo impulsó ámbitos de debate para “democratizar la educación”. Hay que decir aquí que el genocidio dictatorial se expresó en una legítima preocupación contra el legado autoritario, pero que cercenó todo debate que ponga en entredicho las bases de la dominación capitalista. Debate que, sin duda, estuvo en el centro de la escena antes de la dictadura militar. El posibilismo fue el camino elegido por la política oficial, y el 19 y 20 de diciembre expresan el agotamiento de un modelo de acumulación y de ejercicio del poder político. La Alianza, el duhaldismo y hasta hoy Kirchner, más allá de las frases altisonantes, continúan las mismas líneas abiertas con la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior.
-¿Qué cambios y continuidades en la educación se pueden observar entre la dictadura y la democracia?
-La institucionalidad democrática –algo distinto a lo que yo entiendo por “democracia sustantiva”– recuperó algunas preocupaciones en los 80 en torno a la democratización educativa. Como se dijo, a condición de no poner en discusión el conjunto del orden. Sin embargo, los intentos de habilitar ámbitos o experiencias democratizadoras tuvieron un carácter parcial, atomizado, y terminaron en ostensibles fracasos: desde el Congreso Pedagógico a los planes de formación docente renovadores tuvieron un final muy poco feliz. La ola neoliberal profundizada con el menemismo y luego continuada recuperó algunas de las consignas de la derecha educativa. De lo que se trataba entonces era de adecuar la educación a un orden global incuestionable. Tres funciones fueron asignadas a la política educativa: la gestión de la pobreza -convirtiendo a las escuelas en comedores-, la gestión “discursiva” del empleo -en un modelo de expulsión estructural de mano de obra- y la gestión de negocios a partir de medidas de privatización de educativa -desde la terciarización de la limpieza o el comedor en las escuelas al mercado de cursos abiertos por la Red Federal de Formación Docente Continua-. Esas políticas continúan vigentes aún hoy.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
