Silvio Méndez
Pese a los retóricos esfuerzos de algunos funcionarios municipales de Paraná por travestir de transparencia a la gestión, el balance preciso, de ingresos y gastos, sigue siendo uno de los aspectos más desconocidos de la actual administración. Es algo de lo que no se habla. Esta anómala situación sobre la información pública no sólo la debe soportar el ciudadano en general en medio del más espectacular aumento de las tasas sino, incluso, se presenta para los mismos concejales de la comuna. Tal como lo viene denunciando desde hace tiempo el edil de la Concertación Entrerriana, Aldo Bachetti, la última ejecución presupuestaria detallada por mes conocida es de agosto de año pasado. Es más, de acuerdo a lo señalado a ANALISIS, en la sesión del Honorable Concejo Deliberante del 7 de julio pasado, los legisladores oficialistas, en una extraña maniobra, modificaron en 1.900.00 pesos el presupuesto 2005 que, supuestamente, estaba cerrado. Según se señaló, de esta irregularidad no hubo explicación, como tampoco se ha esclarecido en qué está vinculado el velado compromiso contractual con el Banco Nación para obtener un fideicomiso por 16 millones de pesos, y el plan de actualización de la información catastral para el cobro de cargas impositivas.
En esta línea de interrogantes, este mes la consultora IERAL de la Fundación Mediterránea presentó un estudio del grado de acceso público a la información fiscal en provincias y municipios. El informe se realizó sobre el análisis de las 23 jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una selección de los 100 municipios más poblados del país, en el que fueron incluidos Paraná, Gualeguaychú, Concordia y Concepción del Uruguay. Para la elaboración de este paper, se partió de la tan simple pero olvidada premisa de que toda información fiscal es de carácter público.
De esta manera, se estableció una modalidad de recolección de información donde se evaluaron las leyes u ordenanzas del presupuesto 2006 y de años anteriores, las ejecuciones presupuestarias 2005 completa y las anteriores, la legislación tributaria, el stock de deuda, licitaciones, otras leyes y el contenido del boletín oficial. Sobre la base de estos ítems analizados, si se encuentra o no el registro de lo buscado de algún modo, se estableció un Índice de Acceso Público a la Información Fiscal (IAPIF). Así, en parámetros que van de 0 a 1, Concordia encabezó la lista de las comunas evaluadas en el país, “calificando” con 0,76 (sólo fue superada por San Fernando, Buenos Aires, con 0,78); Paraná obtuvo una ya baja “nota”, con un 0,36; Gualeguaychú dio 0,30 y Concepción del Uruguay fue “bochada” con un 0, integrando un lote de 33 localidades que no brindaron información alguna. Como referencia, la provincia promedió un exacto 0,50.
El índice
El informe de la IERAL sostiene que los objetivos centrales planteados relevan el grado de acceso público a la información fiscal, por ser uno de los componentes claves de la “transparencia fiscal”. Asimismo, dentro de las metas también estuvo la intención de medir “el grado de respuesta de los funcionarios municipales frente a un pedido de información relacionado con las finanzas públicas de la respectiva localidad, por parte de un ciudadano común”. Por último, se planteó elaborar el Índice de Acceso Público a la Información Fiscal (IAPIF) para actualizarlo anualmente de un modo que se pueda analizar no sólo la situación actual de los distritos, sino también para poder ir viendo el proceso de “cómo van cambiando las condiciones en estos niveles de gobierno con el paso del tiempo”, se detalló.
Para estos propósitos, en una tarea que demandó siete meses de duración, la consultora de la Fundación Mediterránea realizó un estudio sobre las 23 jurisdicciones provinciales y una muestra de 100 municipios de todo el país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que engloban en conjunto del 65 por ciento de la población de la Argentina. La modalidad para evaluar el grado de accesibilidad a través de relevar los medios de información se centró en una búsqueda de datos por distintos medios. A través de sitios web oficiales; envío de mail de forma anónima, como si fuera un ciudadano común, se solicitó ordenanza del presupuesto en vigencia, ejecución presupuestaria actualizada y legislación vigente; y por último, el mismo pedido con llamados telefónicos al municipio pidiendo los antecedentes indagados.
Sobre este último punto, cabe destacar que al informe principal, IERAL adjuntó otro donde se complementó un análisis técnico y anecdótico con las peripecias del “ciudadano común”, Juan, que se utilizó de forma ficticia para el requerimiento de la información que no se encontraba disponible. En este caso, se realizó un examen sobre las respuestas de los municipios al pedido de las ejecuciones presupuestarias, que se hizo sobre 84 jurisdicciones. El 11 por ciento se negó a enviar la información, el 13 por ciento la mandó luego de un pedido telefónico y el 76 por ciento se comprometió a enviarla pero nunca llegó. En detalle, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay ingresaron al vergonzoso grupo de municipios que se comprometieron a enviar lo requerido y jamás lo hicieron. Un caso también particular lo representa Paraná, ya que según el informe, Juan -el supuesto ciudadano que preguntaba- “no pudo establecer comunicación con el municipio”, por lo que su situación se tornó incalificable.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
