Luciana Dalmagro

Obtienen permiso para trabajar o compartir tiempo con sus familias y se escapan, cometen delitos o son agredidos y hasta asesinados en la calle. Desde el escándalo desatado tras la liberación de Miguel Lencina y la desaparición de Fernanda Aguirre, poco ha cambiado en el sistema penitenciario. Sin tratamiento, sin contención, desprotegidos y sin ningún tipo de vigilancia, alrededor de 250 presos -casi todos jóvenes y pobres- tienen permiso para salir de los penales de Entre Ríos.

En la cárcel de Concordia armaron el plan. El domingo estarían los dos en la calle: uno trabajando; el otro visitando a su familia. Consiguieron armas, eligieron un pequeño autoservicio e imaginaron que lograrían escapar, obtendrían algo de dinero y el lunes por la mañana volverían normalmente al penal. Nadie sospecharía y podrían volver a hacerlo en futuras salidas. Al día siguiente apareció la historia en todos los diarios: sólo consiguieron 400 pesos, le dispararon a un policía y fueron capturados esa misma noche.

Ahora enfrentan un nuevo proceso judicial. Vanesa Benítez estaba embarazada de siete meses. Una madrugada estaba descansando en su casa cuando escuchó varios disparos. Cuatro proyectiles perforaron las ventanas y dañaron las paredes de la vivienda. El autor de los disparos fue un convicto en salida sociolaboral que aún no fue recapturado.

En Concepción del Uruguay fue asesinado un joven de 27 años. Estaba en la vereda de su casa, comenzó a discutir con un vecino y recibió una puñalada en el pecho que le provocó la muerte. El vecino era un preso en salida transitoria que cumplía condena por el crimen de un anciano. Sumó a su prontuario otra pena por homicidio.

“La ejecución de la pena privativa de libertad tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad”, expresa en su artículo primero la Ley Nacional 24.660.

Para lograr este objetivo, la norma impone un régimen caracterizado por la progresividad. Un preso ingresa primero en un período de observación, en el cual periódicamente un organismo técnico - criminológico debe realizarle estudios médicos, psicológicos y sociales, para luego formular un diagnóstico y un pronóstico sobre su conducta. A la vez, este gabinete de profesionales está obligado a escuchar las inquietudes del penado y a brindarle tratamiento.

En el penal de Gualeguay hay más de 100 internos y ningún psiquiatra. Una psicóloga nueva, que cubre interinamente el cargo dejado vacante por una profesional que renunció, es la encargada de brindar tratamiento a toda la población del penal y, además, debe realizar las evaluaciones periódicas. Es lógico pensar que los tratamientos no existen y parece prudente dudar de la rigurosidad de los diagnósticos e informes.

Superada esta primera etapa, el preso ingresa en lo que la ley llama “período de prueba” y con ello se acerca a la posibilidad de obtener salidas transitorias. Habiendo cumplido la mitad de la pena, con un buen concepto de acuerdo a los exámenes de los desbordados profesionales y con buena conducta, establecida por agentes de un Servicio Penitenciario que no ha dado muestras de gran profesionalismo y está sospechado de corrupción, llega el día en que puede salir a la calle.

No hay ni móviles ni agentes disponibles, así que nadie lo acompañará ni lo vigilará. Es un individuo generalmente joven y muy pobre. Ha cometido delitos, vive encerrado y hacinado y no recibe contención ni tratamiento.

Imposible saber qué hará en esas primeras horas en libertad. Puede volver al penal o fugarse. Puede pasar un rato en familia o usar el tiempo para conseguir un arma y asaltar un comercio. Puede encontrarse con sus hijos o asesinar a alguien. Puede soñar con nuevas salidas o ser ejecutado en la calle por un ajuste de cuentas.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)