Federico Malvasio
Un proyecto de ley propone dar un giro sustancial en política y legislación sobre la niñez y la adolescencia en la provincia. La naturaleza de la iniciativa consiste en sentar las bases para establecer un nuevo procedimiento judicial en menores ya estipulado en convenciones internacionales. Las reformas en el sistema no se pueden llevar a cabo en tanto no esté en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. ANALISIS da algunas pautas que pueden dilucidar por qué se demora el tratamiento del proyecto. También, cuáles serían los cambios en los procesos judiciales para menores de edad.
Las políticas sobre la protección del niño en términos de política de Estado con frecuencia suelen ser postergadas. En esto no es necesario recurrir a la opinión de especialistas, con sólo observar el tiempo que llevan los proyectos en un cajón se encuentra la respuesta.
La legislación y el funcionamiento de la Justicia en minoridad es una definición que suele irritar a los expertos en el tema. Prefieren hablar de niñez y adolescencia antes que de minoridad. El menor de edad como sujeto de derecho, en reemplazo del lugar pasivo que le otorga el Estado en su intervención presuntamente protectora, es el giro que se pretende dar con el proyecto de ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y su Familia.
El texto que pretende convertirse en una norma fue redactado en 2004 por un equipo del Consejo del Menor de la provincia, coordinado por la doctora María Elena Murga, directora de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia del organismo oficial.
Demoras
El proyecto ingresó en la Cámara de Senadores en diciembre de 2005 y recién se lo aprobó en diciembre del año pasado. Ahora se encuentra en Diputados para su tratamiento. Actualmente, en Entre Ríos rige la Ley Número 9.324, sancionada en 2001, norma que toma como base otra ley, la número 8.490, de 1989, que sólo reforma algunas cuestiones de competencia en la Justicia.
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