Las falencias del sistema de cuidado a los adultos mayores quedaron en evidencia a raíz de la pandemia de Covid-19, especialmente en territorio bonaerense, y quizás la situación haya sido una oportunidad para prestarles más atención. En un mundo que logró conquistar años de vida, y teniendo en cuenta que una de las pocas cosas que se saben con certeza del coronavirus es que afecta con mayor letalidad a personas mayores de 60 años, es importante analizar qué estrategias se siguieron en Entre Ríos para cuidar a esta franja de la población en tiempos de pandemia.
Ayelen Waigandt
Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, y Entre Ríos no escapa a esta realidad, es la tercera provincia más envejecida del país ubicándose por encima de la media nacional de longevidad: la cantidad de población de adultos mayores supera el 16%. En ese contexto, las históricas debilidades del sistema de cuidados a personas mayores –como la ausencia de una ley nacional que regule estos espacios- quedaron al desnudo con la pandemia de Covid-19.
Los geriátricos de Buenos Aires fueron un foco grave de contagios y esta semana se confirmaron 52 casos en dos de ellos. Solo en esa ciudad, hay 478 establecimientos donde viven cerca de 16.000 adultos mayores, y hasta el 11 de mayo hubo 132 casos positivos de Covid-19 en 13 establecimientos y 29 residentes muertos.
Por el contrario, antes de que el Presidente de la Nación decretara el aislamiento, Entre Ríos ya había emitido un documento donde se sugería la disminución de las visitas a una sola persona dentro de las instituciones geriátricas, tanto públicas como privadas. Poco después el Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) –el primero en conformarse en el país- dispuso lo que se denomina un “blindaje”, que implicó un cerramiento total de las instituciones restringiendo el ingreso de personas ajenas para proteger a los residentes y extremar las medidas de cuidado, higiene y prevención.
También se creó la Unidad de Políticas y Programas de Adultos Mayores del Ministerio de Salud, bajo la coordinación del director del Hospital “Pascual Palma”, Esteban Sartore.
Pelea contra el virus e ilegalidad
Según el director de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, en el país hay 150.000 “camas” de internación en 3.800 establecimientos, de las cuales “un tercio” son las que PAMI otorga a sus afiliados. A su vez, hay otros 1.000 lugares a los que se define como clandestinos.
(Más información en la edición gráfica número 1111 de la revista ANALISIS del jueves 4 de junio de 2020)
