A raíz de la autorización por parte de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, de Entre Ríos de habilitar la caza deportiva menor de especies autóctonas se generó una polémica entre asociaciones conservacionistas y trabajadores de turismo aventura y operadores turísticos.

La temporada de caza menor 2024 fue habilitada por el Gobierno de Entre Ríos entre el 10 de mayo y el 23 de agosto mediante la Resolución Nº 997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización. Dicha norma prohíbe hacerlo en sitios Ramsar de jurisdicción provincial así como en áreas naturales protegidas, la Reserva de Salto Grande y Monumentos naturales.

Habilita la caza pato picazo (Netta peposaca) 5; pato Barcino (Anas flavirostris) 3; pato Sirirí pampa (Dendrocygna viduata) 2; pato Sirirí bicolor (Dendrocygna bicolor) 2; pato Cutirí (Amazonetta brasiliensis) dos 2; pato maicero (Anas georgica) 2; pato Collar (Callonetta leucophrys) 2; pato Capuchino (Spatula versicolor) 2; perdiz chica (Nothura maculosa) 8 y liebre (Lepus europaeus) 4.

Tras la publicación de la Resolución, el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) emitió un comunicado en el que calificaron de “indignante” lo resuelto por el Gobierno de Entre Ríos. “A pesar de los antecedentes judiciales de inconstitucionalidad y del contundente rechazo social hacia la caza, el gobierno de Rogelio Frigerio decidió permitir la matanza de nueve especies de aves autóctonas”, denunciaron.

Sobre las especies y cantidades autorizadas en la Resolución Nº 997 para la caza en los Departamentos La Paz, Gualeguaychú, Diamante y parte de Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Villaguay, indican que “es considerablemente más alta respecto a años anteriores, así como la superficie donde se puede practicar la caza, favoreciendo claramente al negocio de los cotos de caza”.

Trabajadores del turismo aventura expresaron su opinión

En tanto, desde la Asociación Civil para la Conservación y Uso Sustentable del Ecosistema Entrerriano (Acetra) integrada por trabajadores de turismo aventura y turismo cinegético plantearon ante diario Uno su postura respecto a la temporada de caza menor 2024.

Desde Acetra indicaron que la resolución se basa en “información científica seria y acreditada” generada por renombrados biólogos de universidades nacionales UNL, UBA, UNLP y UNC que realizaron un relevamiento poblacional de patos y perdices en tres provincias. Mencionan que estos estudios se realizaron en virtud de un convenio, de 2023, entre la Universidad de La Pampa, profesionales de INTA, Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos. “A partir de este trabajo, en el que estuvieron incluidos muchos Departamentos de Entre ríos, se pudo estimar la abundancia de cada especie, su distribución, y se pudo evaluar la evolución y el comportamiento de éstas gracias a la secuencia obtenida con los estudios realizados en los años 2019 y 2022”, señalaron.

“Lamentablemente, así como avanza el orden público fundándose en la ciencia, frente a esta medida recrudecen los ataques animalistas con desinformación y llanas mentiras, lo cual nos obliga a realizar algunas aclaraciones. Por un lado, la resolución de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización no es inconstitucional, y así lo ha determinado la Justicia (Exp. 2.843.815/23 Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos). Estas mentiras se basan sobre un fallo que no fue revisado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”, indicaron en un comunicado.

Y agregan: “De igual modo, queremos resaltar que la resolución no está hecha a medida de los cotos de caza, sino que está basada en un análisis técnico exhaustivo, sirviéndose para esto de diversos estudios científicos de investigación. La misma habilita, para esta temporada, una tasa de extracción mínima, agrega la prohibición del uso de plomo en anátidos y se observa debidamente que la fiscalización 2024 será exhaustiva, garantizando de esta manera una importante regulación en el impacto de la actividad”.

Los trabajadores y operadores turísticos en defensa de su sector destacaron, además, que “la resolución no es rechazada ni criticada por la sociedad, sino por un reducido grupo de gente autodenominada ambientalista o animalista que, a falta de argumentos, recurre a las mentiras para desinformar y sostener su relato”.

Finalmente señalan que en ese afán “dejan de lado el importante derrame económico que esta actividad de turismo aventura tiene sobre la economía rural, en la cual son cientos los trabajadores que generan su sustento de manera directa, como así también comerciantes y servicios de toda la comunidad”.