La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Entre Ríos recordó en un comunicado “que las normativas vigentes obligan a los miembros el Poder Judicial a controlar dichas internaciones, las que fueron dispuestas por motivos de salud mental y adicciones”, al hacer referencia a “las recientes publicaciones, en la que la Asociación Antidrogas de la República Argentina cuestiona las inspecciones judiciales que se efectúan sobre los internos de la Comunidad Terapéutica Programa Ibicuy”.

Y añadió la entidad entrerriana: “Esos controles se hacen garantizando el debido proceso legal de la persona recluida por motivos terapéuticos, tal como lo establecen los artículos 21, 22 y 24 de la Ley Nacional de Salud Mental, 41 -inciso d- del Código Civil y Comercial de la Nación, entre otros”.

“La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y Decreto Reglamentario 603/2013, considera a las personas con adicciones como usuarios de los servicios de Salud Mental (artículo 4), y, como tal, su problemática debe encontrar respuesta y ser abordada por los diferentes servicios sanitarios, públicos y privados, que se encuentran bajo la supervisión de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley (Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos –art.5, ley 10445)”, agregó además.

Y subrayó: “Por esa razón, las decisiones jurisdiccionales que se hayan adoptado están precedidas de evaluaciones interdisciplinarias realizadas por equipos técnicos profesionales del Poder Judicial y/o por el del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos”.

“Por consiguiente, se reclama el respeto a la independencia de la judicatura, el cese de acciones que atropellan el estado de derecho, la adopción de las medidas que correspondan por parte de los organismos estatales competentes, y el respeto de los derechos humanos de personas especialmente vulnerables”, remarcó en ese sentido.

“La Asociación de la Magistratura de Entre Ríos reitera que existen diversos instrumentos legales y vías institucionales para recurrir las decisiones jurisdiccionales que se suponen que lesionan los intereses del recurrente”, apuntó, y concluyó: “No hacerlo por esas vías no sólo se debilita a la Justicia sino que se pone en riesgo a la República”.