Vásquez Pinasco: “Este juicio abreviado invisibiliza la violencia machista en la política”

Sonia Velázquez-José Allende

“Incluir el legajo de un delito tan especial y específico como amenazas y coacciones en el contexto de violencia de género en otros legajos que son delitos contra la administración pública no son las buenas prácticas que se esperan del Estado argentino”, afirmó la abogada de la ministra de Salud.

La abogada Fernanda Vásquez Pinasco, defensora de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, en la causa por amenazas contra José Ángel Allende, explicó que participarán en el proceso de juicio abreviado aunque se pidió un tratamiento especial del legajo por violencia de género.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Vásquez Pinasco explicó que “el legajo por violencia que inició la ministra de Salud no iba a la par de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevaban a cabo los fiscales respecto del enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles de funcionario público, sino que lo lleva la Unidad Fiscal de Género por tratarse de un delito en contexto de violencia de género”. 

Agregó que “estaban separadas las investigaciones y lo que se pretende en la audiencia de este miércoles es unificar todos los legajos para también unificar la pena” y ante ello comentó “la voluntad recabada a la ministra fue que, si en el marco de su legajo, estaría dispuesta a darle fin mediante un juicio abreviado, pero no en las condiciones y características de este juicio abreviado”.

Ante ello, la abogada planteó que “hacerlo de este modo no hace más que invisibilizar la violencia machista hacia las mujeres y de género en el contexto de la política” y destacó que “la ciudadanía debe saber que nuestra ministra ha sido muy valiente para denunciar aquello que venimos padeciendo durante siglos las mujeres exacerbado en el ámbito de la política”.

Recordó que “la ley 26.485 fue modificada el año pasado incluyendo otra modalidad de violencia hacia las mujeres en el ámbito político” y consideró que “incluir el legajo de un delito tan especial y específico como amenazas y coacciones en el contexto de violencia de género en otros legajos que son delitos contra la administración pública nos llama la atención y no son las buenas prácticas que se esperan del Estado argentino”.

“Lo que peticionamos en que nuestro legajo sea apartado de eso que se ha consensuado para lograr este abreviado. No nos oponemos al abreviado que este señor haga respecto de sus otros legajos ni tampoco al abreviado en nuestro legajo, y así lo manifestó la ministra al fiscal que lleva la IPP de su legajo”, aclaró.

Por otra parte, explicitó que “el Tribunal de Juicio nos permite participar de este juicio porque el Estado argentino garantiza que las víctimas participen en los procesos penales, entonces si bien todavía tenemos tiempo de constituirnos como querellantes porque todavía no se elevó la causa a juicio y no se concluyó la IPP”.

En ese sentido, afirmó que “existe una serie de desigualdades como el hecho de que las mujeres no tienen acceso a una querella gratuita como sí tienen acceso a una defensa gratuita los varones que ejercen violencia hacia las mujeres, y también representa una desigualdad real el no poder querellar en su IPP y ser representada la víctima como debe ser. Frente a esta situación donde la víctima no está representada por medio de la querella, el Tribunal de Juicio nos permite tener voz en el juicio y en esta audiencia de hoy y que la voluntad de la víctima sea manifestada, y esto es un avance muy importante”.  

Apuntó que “frente a eso, el Estado argentino es responsable de no permitirle el acceso a Justicia y eso hubiera ocurrido no siendo querellante y no tener voz en esta audiencia donde es partícipe de este acuerdo del que no le dieron noticia ni le informaron cuales serán las reglas de conducta, que en los casos de violencia de género son muy importantes porque tienen que ver con el cambio social que buscamos desde el movimiento de mujeres y la sociedad toda”.

“La persona que cometió el ilícito penal en perjuicio de la ministra de salud, con al menos dos hechos probados en la IPP uno ocurrido en Casa de Gobierno y otro en un acto público, esas reglas de conducta deben estar adecuadas a que esta persona pueda entender que ese modo de relacionarse de manera violenta hacia las mujeres perjudica y es inadecuado. Por eso es tan importante la participación de la víctima en el proceso de reparación del daño penal”, explicó.

Finalmente, reflexionó que “el patriarcado sólo se puede derribar en tanto exista un cambio social y ese cambio es posible porque la cultura se puede modificar y se modifica en el constructo social: en el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, en las escuelas, en los medios de comunicación”.

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