La jueza de Garantías de Paraná Marina Barbagelata rechazó el recurso de apelación que presentó un grupo de defensores de imputados en la causa de los contratos señalados como «truchos» en la Legislatura, que habían pretendido acudir al Tribunal de Juicios y Apelaciones para cuestionar la decisión de la magistrada de no hacer lugar a las recusaciones presentadas contra los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

Con la negativa de la magistrada, el camino que les queda a los defensores -que pretenden apartar a los representantes del Ministerio Público Fiscal- es ir en queja ante la vocal María Carolina Castagno, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, para cuestionar el rechazo a la recusación, consignó Entre Ríos Ahora.

Los cuestionamientos a los fiscales que investigan, desde la primavera de 2018 la causa de los contratos, habían sido formulados por los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, Iván Vernengo, Damián Petenatti, Emilio Fouces, Leopoldo Cappa, José Velázquez y Leonardo Schonfeld. Los defensores sostuvieron en la audiencia del 12 de agosto, que Yedro y Aramberry violaron el principio de objetividad de la investigación penal preparatoria.

Pero el miércoles 18 del actual, la jueza Barbagelata dio a conocer su rechazo a dichos cuestionamientos al trabajo de los fiscales. «La crítica formulada corresponde a una diferente valoración a una actitud probatoria de los elementos colectados en la investigación penal preparatoria», dijo la magistrada y señaló que ello se verifica cuando el abogado Emilio Fouces -defensor de Sergio Cardoso, José Javier Schneider y Jorge Fabián Lazzaro- sostuvo que sus defendidos son imputados «solo por hacer su trabajo».

Más adelante, entendió que «los recusantes no pudieron individualizar ningún elementos que pusiera de relieve la alegada existencia de un interés diverso del propio ejercicio de la persecución penal, inherente a la función de la Fiscalía. Siendo la disconformidad con las conclusiones fiscales en el requerimiento a elevación a juicio lo que funda la critica al Ministerio Público Fiscal, todo lo cual deberá ventilarse en la etapa procesal oportuna».

Asimismo, reiteró que no advirtió la pérdida de objetividad ni un apartamiento de las normas de la Convención de la Lucha contra la Corrupción ni de la Ley 26.097 (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).

Por último, rechazó las recusaciones contra el Procurador General y la Fiscal Coordinadora, que formularon los abogados Vartorelli y Cullen. Al respecto, dijo que sus dichos «se resumen a manifestaciones genéricas, dogmáticas y extemporáneas, porque lo planeado en la audiencia pasada no formó parte del escrito de recusación que se le corrió traslado al Procurador».

Así, los defensores presentaron este martes por la mañana la apelación a la medida, camino que fue invalidado por la magistrada. «Proveyendo los recursos de apelación interpuestos por los Dres. Leopoldo Cesar Cappa, Damián Petenatti; Iván Vernenego, Leonardo Schonfeld y José Raúl Velazquez, contra la resolución dictada en fecha 18/08/2021, contra la decisión que rechaza la recusación a los señores Fiscales Dra. Patricia Yedro y Dr. Ignacio Aramberry, y teniendo en cuenta que la resolución, conforme lo regulado por el art. 46 del C.P.P.E.R. resulta expresamente irrecurrible, resuelvo: denegar los recursos de apelación deducidos; y tener presente la reserva del caso federal planteada por los Dres. Leonardo Schonfeld y José Raúl Velazquez», dice la escueta resolución de la jueza, dictada este mismo martes.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver una cuestión de competencia: el juez federal de Paraná Daniel Alonso reclama para sí la investigación, petición que rechaza la jueza Barbagelata, que entiende que es competente el fuero ordinario.

En la causa de los contratos la Fiscalía busca establecer la existencia de una «asociación ilícita» que, entre 2008 y 2018, habría manejado de forma discrecional los fondos de la Legislatura para las contrataciones ficticias de personal, maniobra que habría supuesto un desfalco al Estado de $ 4.961.988.609.