Cecilia Goyeneche, este lunes en el salón de actos del STJ. (Foto: ANÁLISIS)
Natalia Buiatti
de ANALISIS
El primer día de jury a la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, fue largo. Hubo un tramo hasta las 11.13 en el que se escucharon los alegatos de apertura. Se abrió un cuarto intermedio y se plantearon cuestiones preliminares. Siguió un segundo cuarto intermedio tras el que se comunicó la decisión del Jurado de Enjuiciamiento sobre los planteos preliminares. En ese momento la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Verónica Moulone, fundamentó su voto en disidencia respecto de sus pares. Una sorpresa.
Continuó el descargo de Goyeneche. La fiscal suspendida se sentó en el banco de los testigos y le pidió al fiscal Ad hoc, Gastón Justet, que le haga preguntas porque no tenía claro los hechos por los cuales debía defenderse. Posteriormente comenzaron a pasar los testigos: Pedro Opromolla; Guido Krapp; Mario Deiloff y Maricel Goyeneche. Se trasmitió el registro fílmico de la entrevista que se le tomó en Fiscalía a Deiloff. Cabe recordar que en la ampliación de la acusación contra Goyeneche, se le endilga haber maltratado al testigo durante la entrevista.
La jornada se caracterizó por una especie de cambio de roles. Fue la propia Goyeneche que tomó una postura activa en defensa propia, hizo los interrogatorios más largos, llevó documentación para mostrar a los testigos, propuso citar progresivamente durante las jornadas venideras y adelantó cómo continuará la actividad defensiva.
El acompañamiento de fiscales de Paraná, Concordia y Gualegauychú no pasó desapercibido. Varios de ellos estuvieron hasta el final de la audiencia. Tampoco pasó inadvertida una protesta ruidosa en la vereda de Tribunales.
Alegato repetido
El fiscal ad hoc, Gastón Justet, debió alegar dos veces este lunes. Ocurrió un inconveniente técnico que impidió que se tome su voz en la primera oportunidad. De modo que a las 9.42, por segunda vez, hizo su acusación. “Mi actuación es de carácter formal. Al ser este un proceso atípico, no somos titulares de la acción en sí. Nuestra función en el presente es de carácter autónomo. La acusación que presentamos en su momento, cumple con requisitos y vemos plausible continuar con este proceso para llegar a un veredicto de remoción o no de la acusada. Se trata de un proceso no sancionatorio. Se cumplió con las reglas. Se dio la oportunidad a la defensa de rebatir cada uno de los hechos y ofrecer prueba, además de ampliar y detallar la prueba”, introdujo.
Justet, exconcejal de Gualeguay, subrayó que se trata de “un hecho inédito porque la acusada es fiscal Anticorrupción y procuradora Adjunta”. Se evalúa “su actuación en causa la ‘causa Beckman’”, acotó, en referencia a la investigación por los contratos truchos de la Legislatura. “La causal de mal desempeño debe ser analizada al momento de dictar sentencia. Con esto salvamos cualquier discusión técnica”, dijo.
Pidió atender “el contexto en que se da proceso, se juzga la conducta a partir de normas éticas, morales y de decoro que tienen que tener los funcionarios, en este caso en el marco de una causa que investiga el mayor desfalco al Estado entrerriano”. Preguntó si “la confianza que se delega a la Justicia se puso en duda con el obrar de la funcionaria”. “Habrá que ver si se afectó o no la objetividad”, acotó y planteó: “Me queda la duda ¿por qué obrar de esa manera?”.
“No sabemos de qué defendernos”
El abogado Leopoldo Lambruschini abrió el alegato defensivo. Señaló que en el auto de apertura o formación de causa se acusa a Goyeneche de un “supuesto vínculo comercial con Pedro Orpomolla, amigo de su marido y el ocultamiento de una comunidad de intereses”. “Hay que resolver sobre estas cuestiones. Cualquier resolución que se dicte por fuera, implicará una violación del principio de defensa”, advirtió.
Recordó que por esa misma cuestión hay un “planteo de nulidad de la acusación”. “De modo sorprendente el Jurado de Enjuiciamiento resolvió diferir este planteo para resolverlo cuando se dicte sentencia”, acotó e insistió: “Esto supone una violación del principio de defensa. No sabemos de qué defendernos. El hecho sometido a juzgamiento es fijado en el auto de apertura. No tenemos legalmente que defendernos de una acusación ampliada ilegítimamente. Pese a que se resolvió admitir prueba de la acusación tendiente a probar hechos distintos a los fijados en la apertura de causa”.
En otro tramo de su exposición, el abogado preguntó “¿cuándo debió inhibirse Goyeneche en la causa Beckman? Goyeneche no estaba incursa en los canales de inhibición. Sostendremos que su inhibición no correspondía ya que no existe deber de inhibirse, sino que se rigen por norma especial que sólo faculta la inhibición frente a casos de grave compromiso de objetividad”.
Por último recordó que en la audiencia frente a la vocal Carolina Castagno, la fiscal negó vínculo comercial con el imputado “porque no lo tenía”. “Nunca se le atribuyó en esa audiencia tener ‘comunidad de intereses’”, apuntó, en referencia al voto del vocal Daniel Carubia.
“No hay causa”
“En los alegatos de apertura las partes deberíamos realizar un índice adelantando de qué se tratará el juicio y qué se intentará probar. Me atribuyeron falsedades. Tengo tendencia a pensar que tengo frente a mí personas que entienden de derecho. Hoy me toca hacer a mi otro alegato de apertura con lo que es realmente este juicio”, dijo Goyeneche.
La fiscal suspendida aseguró que no primó una “mirada jurídica” y por eso hay jury en su contra. “No escuché la violación a ninguna norma”, enrostró al fiscal ad hoc. “Estamos aquí por la existencia de una megacausa de corrupción que no investigó ningún fiscal ad hoc. Venimos diciendo y señalando que esta actuación es una interferencia al MPF. Lamentablemente este Jurado no quiere transmitir todo, sino este alegato de apertura.
Desde 2018 dimos lugar especial a las investigaciones de corrupción porque es una cuestión antidemocrática que afecta los derechos humanos. El Poder Judicial se ve afectado por la corrupción por algunas cuestiones. Primero porque la corrupción es son delitos sin víctimas aparentes y eso paraliza cualquier reacción. A veces se ve afectado porque habilita espacios amplísimos de impunidad, porque hay amplia influencia del poder político. El Poder Judicial puede ser víctima de corrupción y eso afecta su objetividad y a veces puede ser corruptor. Vemos por un lado el MPF, en representación de un sector del Poder Judicial y como sistema judicial, es agente de corrupción al impedir el debido proceso”, denunció.
Goyeneche dijo que el jury mismo es “una cuestión de desvío de poder” y sin titubeos recordó que recusaron a varios de los integrantes del Jurado. “Daniel Carubia, Juan Ramón Smaldone, Gisela Schumacher”, nombró.
“La creación de Fiscalía Anticorrupción nunca se concretó pese a la manda constitucional. Se dejaron de lado todos los proyectos y en 2018 me asignaron esa función, tras 12 años de ejercicio como fiscal. Nunca había tendió cuestionamiento por mí desempeño, al contrario, había miradas positivas. Pero esto cambió con mi función como fiscal Anticorrupción, porque dimos espacios materiales y recursos para investigar. Además porque teníamos causas de corrupción muy graves, y apareció esta que fue una especie de terremoto”, mencionó en referencia a la causa “contratos truchos” o “causa Beckman”.
“En la causa contratos vimos un grupo organizado que persistió en el tiempo, más de 11 años haciendo esto con un enorme amparo de la política. Eso hizo que dispusiéramos el secreto de la investigación. Después aparecieron, abruptamente, una enorme cantidad de cuestionamientos que configuran una trama para mantener la impunidad. Estas intromisiones no son un invento argentino, busquemos en Internet y aparecen los patrones, hechos de descrédito público, desprestigio de los investigadores. Se coloca a investigadores e investigados en el mismo lugar, así nadie está en condiciones de investigar a nadie. Quieren hacer creer que somos todos iguales. La utilización de los medios de difusión masiva, las denuncias y recusaciones son mecanismos para cuestionar a los investigadores”.
La fiscal citó declaraciones radiales del abogado Miguel Cullen. “Llama a los legisladores a revelarse contra la investigación penal porque había pedidos de jury, amenazas de escándalo, hechos que se fueron concretando. Se hizo una primera denuncia contra el procurador general, Jorge García. Todo parte de la misma trama. El procurador estuvo en esa discusión hasta junio de 2019, todos los primeros meses de la causa contratos. Lo pusieron en ese lugar no por casualidad, sino porque es lugar cómodo para interferir. Ahora prevén en proyecto un Fiscalía Anticorrupción ¿Qué pasaría con las causas que están abiertas si pasan a una persona que no las conoce?”, inquirió.
La fiscal dijo que el “desprestigio a su persona comenzó en diciembre de 2018, a través de los medios de prensa”. “El 7 de diciembre de 2018, una nota en El Diario fue usada por los defensores para recusarme. De los datos que surgen de una planilla se afirmaba que mi esposo trabajaba en un estudio contable. Se dijo que era una planilla secuestrada en un allanamiento. Obviamente que eso no es así. No había planilla secuestrada. Uno de los acusados la llevó en 2019 a su indagatoria. Estábamos investigando a una asociación delictiva. Se formuló una recusación de Pérez y Faure -dos imputados de la causa, pertenecientes a uno de los dos estudios contables investigados-, diciendo que mi esposo trabajaba con otro socio y se lo iba a favorecer. Es absurdo. Lo que pasaba era que no podían poner a Orpomolla recusando porque supuestamente lo estaba favoreciendo. Y encima lo hicieron en un escritorio equivocado”, manifestó.
Goyeneche pidió al Jurado que recuerde cuando fueron contra el juez de Instrucción de La Paz, Carlos Trajtemberg porque investigaba al exvicegobernador Domingo Daniel Rossi por enriquecimiento ilícito. En igual sentido mencionó cuando el exgobernador Sergio Urribarri denunció al juez de garantías Eduardo Ruhl. “La amenaza de Cullen en ese medio radial se concreta en este caso”, sintetizó y rememoró cuando “el Colegio de la Abogacía acusó al Ministerio Público Fiscal de difundir información a los medios de prensa y fueron los defensores. El propio Alejandro Canavesio –presidente del –CAER- después se negó a ocupar el lugar que ahora ocupa Justet”, marcó.
La fiscal suspendida vinculó la denuncia para abrir jury al requerimiento de elevación a juicio en la causa contratos. “Me pidieron el jury con dos años de dilación, porque dejé de actuar en esa causa en mayo de 2019. ¿Por qué? En paralelo a esta situación de denuncia, estaba ocurriendo también el pedido de cambio de jurisdicción de la causa a la Justicia Federal”, apuntó.
Además dijo que la decisión del Jurado de designar un fiscal ad hoc consistió en “incumplir las leyes”. “Discrecionalmente, porque les parecía que el procurador no podía cumplir con ese rol. Encima decidieron no notificarnos hasta que aceptara un fiscal ad hoc. Hubo 15 que no aceptaron y al menos 13 dijeron que era inconstitucional. Se cambió el objeto procesal y se propuso prueba ilegal. Le están buscando algo a Goyeneche. Nos negaron prueba a la defensa. Necesitaban acelerar el proceso de juzgamiento. Acabamos de escuchar una acusación defectuosa. Se rechazaron todas las recusaciones. Esto es relevante porque es un proceso con intervención de jurados parciales que se salvó con argumentos superficiales. Recusamos algunos jurados porque intervinieron en la causa Beckman. En la causa Beckman también tuvieron una intervención parcial, favoreciendo a los imputados. Por ejemplo cuando dispusieron la libertad de los acusados el 24 de diciembre a la noche. Solo querían intervenir acá para llegar a la destitución”.
Añadió que “cuando sortearon el Jurado de Enjuiciamiento, sortearon una silla vacía y seleccionaron a la magistrada que integraría ese lugar. Todo es un acto de desvío de poder. Estamos haciendo un gran papelón nacional”, subrayó.
Por último, Goyeneche aseguró: “Desde luego no tenía relación comercial con un imputado. La criminalidad organizada hace estas cosas. Primero dicen que mi esposo es amigo de Orpomolla, luego que yo soy amiga. No tengo relación con esta persona. Se difundieron fotos de mi casamiento, claro que los amigos de mi esposo fueron al casamiento. Se difundieron fotos de vacaciones, planes comunes. Es falso su señoría. Hubo una especie de inflación en la acusación, así como los inmuebles que tengo. La verdad que este proceso es absolutamente triste. Para mí es un momento interesante, no van a lograr probar que yo incumplí una regla. Lo que se probará es que se usó este proceso como una interferencia a quienes nos ocupamos de investigar honestamente la corrupción”.
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