La abogada paranaense, investigadora y consultora internacional, con más de 20 años de trabajo en Colombia, Guatemala y México sobre temas de corrupción y narcociminalidad, María Eloísa Quintero, analizó el proceso de jury que terminó con la destitución de la fiscal Anticorrupción y procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Quintero sostuvo que el jury que terminó con la destitución “es un caso que he visto y seguido a través de los medios y los comentarios de colegas de la Fiscalía y otras instituciones” y en ese sentido consideró que “lo primero que hay que reflexionar es que en estos casos intervienen muchas personas, no se realiza de manera unipersonal, es toda una institución, hay analistas y gente que realiza peritajes con lo cual es muy difícil cargar toda la mano a una individualidad”.

“Normalmente es un trabajo de equipo, cosa que he visto en este caso porque se mencionó a otros colegas fiscales que han estado a cargo de la investigación, y esa pluralidad habla de cierto margen de neutralidad, de trabajo interconectado”, explicitó.

Agregó que “este tipo de investigaciones siempre suponen tomar decisiones, que pueden ser las mejores o las peores, y hay mecanismos para poder investigarlos, sancionarlos, en proporcionalidad”.

“Lo que me ha mostrado la experiencia, es que cuando uno tiene estos casos de corrupción tan marcados –pueden ser grandes o pequeños en cuanto a los montos de dinero pero lo importante es el impacto en la sociedad y en la institución como tal- la buena práctica internacional hace que el Estado trate de fortalecer a los actores que se suponen que van a trabajar e intervenir en esa investigación y en ese proceso. Trabajando en Guatemala con la ONU, lo primero que hicieron fue fortalecer a los jueces, a la Fiscalía y a los investigadores para lograr esa neutralidad, esa objetividad, que aquí en el caso de Cecilia Goyeneche se altera. La buena práctica dice que hay que fortalecerlos, con lo cual en su momento a los jueces les dieron la categoría de jueces de mayor riesgo, con protecciones particulares y con los fiscales hicieron lo mismo. En este caso, en vez de cumplir una buena práctica se ha hecho todo lo contrario”, comparó.  

Admitió que “ha pasado lo mismo con fiscales de otros países que han sido perseguidos o investigados y son temas que sensibilizan porque uno sabe las consecuencias que trae esto”.

Asimismo, se refirió a la polémica por la intervención de un fiscal acusador ad hoc en el proceso de jury, y reflexionó que “el mensaje es, con base en qué antecedentes se tomó una decisión así, por sospecha de que va a haber una falta de neutralidad y objetividad en una institución. En vez de fortalecer a la institución, es debilitarla o apartarla, y cualquiera que haya sido de carrera o que tuviera una formación en este tema no podía trabajar porque de antemano, en lugar de tener un principio de buena fe, tenían el principio de no objetividad. Esa es una lectura muy fuerte hacia cada uno de los colegas que trabajan allí, una lectura muy peyorativa, infundada y que al mismo tiempo debilita a la institución. Porque si a la primera de cambio la institución es apartada, de aquí al futuro quedan muy desprotegidos”.

“No se puede sin base previa apartar a toda la institución de un procedimiento, con lo que eso significa para el procedimiento en su tacha de ilegalidad; esto es un tema que llama mucho la atención porque las buenas prácticas internacionales trabajan para otro lado, trabajan generando las condiciones para que esa misma institución y la persona estén fortalecidas. En Colombia pusieron jueces sin rostro para que puedan seguir trabajando pero con cierta protección, en Guatemala usaron los jueces de mayor riesgo, que eran jueces especiales que podían sostener y luchar con toda la presión mediática y con la presión de factores políticos; no cualquiera puede tener estos roles, pero se los fortalece, no se los aparta”, explicitó Quintero.

En cuanto a las relaciones políticas de los jueces del Superior Tribunal de Justicia que intervinieron en el jury, la especialista sostuvo que “esto tiene un costo muy alto, porque ya había un halo de falta de objetividad en otro de los actores del proceso, que es el actor de la judicatura; con lo cual uno se pregunta por qué no se juega con las mismas reglas y con las mismas exigencias de objetividad y de fortalecimiento”.

De todos modos, puntualizó que “lo que hay que preguntar es porqué este caso, porqué tiene que ver con contratos truchos, porqué poner un freno tan fuerte a quien o a quienes se meten a investigar este tipo de temáticas” y analizó: “A este tipo de casos se los puede definir como un gran desfalco al Estado –porque se le roba plata de manera sistemática- pero también hay que ver qué papel tiene esto dentro del sistema de corrupción. Estos casos, en otros ambientes se llaman casos de plazas fantasmas, cualquier tipo de contratación es en todo o en parte utilizada en sus recursos para otros intereses: hago como que te contrato pero el sueldo va para otro lado, en todo o en parte. El tema no es el desfalco a la institución, esa es la primera arista que se ve, el tema es que los contratos truchos se convierten en una moneda de pago de favor, de intereses, de roles, a nivel político”.

“El fenómeno funciona con un montón de plazas que están para repartir. Por ejemplo, en Guatemala se pudo condenar a 35 personas que eran todos los directivos del Congreso de la República, pero nos dimos cuenta que lo descubierto no era más que una moneada de pago, que antes de asumir para cumplir una función pública ya sabían con cuánto contaban en sus arcas políticas –que no era la misma que el arca económica- y esas plazas repartidas generarían intereses, favores de otros funcionarios, de empresarios, etc. que ya estaban ‘agarrados’, aunque esas plazas fueran concedidas de manera legal, fueran trabajadas y pagadas por alguien, un ser fantasma, pero sabiendo que ese empresario al que le dieron de trabajar a 10 o 15 familiares, el día de mañana seguramente responderá con la misma generosidad”, explicó.  

Y agregó: “El problema de los contratos truchos muestra algo que todos conocíamos pero que no alcanzamos a dimensionar: cuál es el costo de investigarlo y de suprimirlo dentro de lo que es la dinámica de la política, estaríamos suprimiendo la moneda de pago, toda esa arca de pago de favores y de intereses que no se maneja por derecha sino que se maneja por izquierda y es la que sostiene todo un trabajo de coordinación no necesariamente legal”.

Sobre la postura del gobernador Gustavo Bordet y en general del gobierno provincial, Quintero explicitó que “hay una línea muy débil, porque una cosa es intervenir y otra cosa es permitir; son dos roles completamente distinto”.

“Lo pude escuchar al gobernador en la entrevista con Ernesto Tenembaum y su postura fue muy clara, por supuesto como Poder Ejecutivo no puede intervenir en lo que hacen los otros poderes porque eso rompe la estructura de un estado republicano y democrático, pero otra cosa es darle el rol de garante que uno tiene frente a ciertas situaciones o la oportunidad de apoyar o no normativamente contestando un recurso, eso ya es tener un papel activo. Coincido lo que decía Tenembaum porque le cuestionó efectivamente la falta de reacción frente a casos como estos, que no tienen que ver con el Poder Legislativo o el Poder Judicial sino que tienen que ver con las condiciones básicas de legalidad que hay en un estado de derecho donde también interviene el Poder Ejecutivo”, planteó.

Urribarri condenado actúa como embajador

Consultada respecto de la actuación del ex gobernador Sergio Urribarri condenado a ocho años de prisión por hechos de corrupción en el acto del 25 de Mayo que se realizó en la embajada argentina en Tel Aviv, la profesional sostuvo que “a nivel internacional una imagen así cae bastante mal”.

“Hay que ser y parecer. Y el mensaje, la comunicación que da un acto público es muy fuerte;  así como a nivel provincial, en Entre Ríos podríamos decir que hay un mensaje muy claro que quien investiga y se mete con ciertos sectores va a terminar muy mal, o si uno es fiscal y está trabajando en algo, puede ser que a la primera de cambio te dejen solo. También a nivel nacional uno da espaldarazos o no con este tipo de manifestaciones públicas; hay todo un protocolo, uno sabe a quién sentar a la derecha o a la izquierda en un ambiente político y más cuando son embajadores o ex embajadores. Ahí hay un mensaje y una comunicación muy clara si se quiere respaldar o si se quiere sentar en la última fila a un personaje en particular. Y acá me parece que el mensaje lo hemos recibido muy bien”.

Por último, mencionó: “Me sensibiliza el caso porque sé de los fiscales que estaban trabajando conmigo en la ONU en Guatemala, más de 15 están afuera porque han sido perseguidos y están asilados por hacer su trabajo. No quiero comparar, cada situación es muy particular pero sé lo que significa que te persigan –me ha pasado en mi caso particular- por hacer tu trabajo. Uno puede equivocarse o no, pero está la regla de la proporcionalidad, todos cometemos algún error, seguramente en las 60 investigaciones que llevaba, yo algún error cometí, pero por eso hay proporciones, hay instancias, hay re visiones para poder encauzar el trabajo, que es un trabajo personal”.

“No hay que olvidar acá que este caso de Goyeneche  tiene el espaldarazo del relator para la independencia judicial de las Naciones Unidas; este caso que pasó en Paraná, en Entre Ríos, fue conocido por el relator y no cualquier caso atrae su mirada. Y el relator se manifestó preocupado y también hizo este tipo de preguntas, como el hecho de plantear cuán grave era la situación para tomar una medida como ésta, cuán fundada es la situación para poder alterar un mecanismo de jury, etc. Tenemos que recordarlo porque no es menor contar con la preocupación, con la mirada y el respaldo del relator de las Naciones Unidas para este tema de la independencia judicial y de los fiscales. Y eso tiene este caso”, concluyó.