El fiscal de la Unidad Especializada en violencia de género, Leandro Dato, brindó detalles de la última audiencia de Casación, analizó el proceso que se sigue contra el titular de UPCN, José Ángel Allende, tras una denuncia de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y evaluó la realidad de la Justicia provincial en esta temática.   

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio de la Plaza), Dato explicó que “en la audiencia de Casación dimos nuestros argumentos, que creo que son ajustados a derecho, ampliamente razonables y tienen que ver con la actualidad; la querella y la defensa dieron también sus argumentos y el 11 de septiembre van a dictar sentencia”.

“Esperamos que hagan lugar a nuestro planteo, está claro que en las dos instancias anteriores no tuvimos esa suerte, y por eso cuestionamos y dimos nuestro argumento por el cual entendemos que los dos jueces anteriores no eran razonables y la ley estuvo aplicada erróneamente. En síntesis, acá lo que se plantea es la pretensión o voluntad que tiene un Estado de perseguir a alguien, por eso estamos hablando de prescripción y dentro de un proceso penal qué actos administrativos judiciales tienen esa virtualidad, es decir comunican esa voluntad de persecución, y nosotros entendemos que hubo muchísimos actos por eso decimos que hubo una errónea aplicación de la ley. Así que tenemos confianza en que nuestros argumentos van a ser tenidos en cuenta y finalmente nos van a dar la razón”, explicitó.

En relación con la figura de Allende y el devenir de la justicia en relación a su persona rechazando el juicio abreviado, el fiscal recordó: “Cuando tuve que ir al Senado por mi pliego, había en aquella época proyectos que planteaban la prohibición, en casos de abuso y violencia de género, de hacer el procedimiento juicio abreviado y en aquel momento dije que estaba en contra porque a nadie se le puede obligar ir a un juicio oral, más teniendo en cuenta las características de los casos de violencia de género en que muchas veces la víctima no quiere ir y después tenemos las graves consecuencias de mujeres retractadas en juicio y tribunales que no entienden la retractación y encima absuelven”.

“Lamentamos mucho que no se aceptara el juicio abreviado porque era el momento porque era llevar a juicio y lograr la condena de un dirigente con un pasado y un presente, donde se había reunido evidencia, pruebas por todos lados, pero lamentablemente hubo situaciones que lo impidieron. La reflexión ante eso es que nosotros como Ministerio Público Fiscal tenemos estas exigencias de ir por más, y la verdad que fue un caso que lamentablemente va a ser recordado por no haber sido resuelto, porque ojalá lleguemos a juicio en esta causa de amenazas que yo llevo pero en la de enriquecimiento no se ha avanzado”, afirmó.

Ante la información de que en el último año y medio Allende se desprendió de casi el 80% de sus bienes, entre la caída del juicio abreviado y ahora, Dato aclaró que “si esto es así puede haber consecuencias jurídicas para él porque está sometido a un proceso”. “Cuando se cruzan ciertos intereses, y ha habido mucho de esto en los últimos años, de ciertos embates contra el Ministerio Público Fiscal, se nota que se ha perdido la brújula de para qué estamos: si para tener en miras al justiciable y trabajar todos los días para el justiciable o para mirar para otro lado y que ciertas cosas no ocurran. En el caso de Allende evidentemente pasó esto segundo”, analizó.

Y agregó que “la crisis que tenemos en el Poder Judicial de Entre Ríos tiene como consecuencia esto: se perdió el foco de pensar en el justiciable y avanzar en las causas y en algunos casos hay intereses particulares que se cruzan, intereses sectoriales y esto perjudica al servicio de justicia y luego, lo que es altamente preocupante, a la confianza en el sistema. Tendríamos que estar trabajando mancomunadamente para dar una vuelta de página y que algunos vuelvan a hacer justicia, pensar en los expedientes, pensar en las personas que están esperando resolver causas y no en otras cuestiones”.

Consultado por los datos del Observatorio de medios de comunicación “Ahora que sí nos ven”, que ubican a la provincia de Entre Ríos en sexto lugar en cantidad de femicidios, el fiscal sostuvo que “lógicamente nos preocupa todo los días la situación de los femicidios, que es muy compleja y en la que tenemos que actuar todos los poderes del Estado, porque cuando sucede una situación con una mujer hay educación, hay recursos, hay leyes y también hay un proceso penal, y nosotros vemos la última foto con el femicidio pero hay coas que pasaron antes y que pasan desde hace muchos años. Al mismo tiempo, hay que decir que si hacemos un balance el 22 de septiembre vamos a cumplir 9 años como Unidad, desde el primer momento hubo una clara política criminal propiciada por el procurador General creando la Unidad, dándole recursos porque se ha duplicado la planta de personal –cuando iniciamos éramos 4 fiscales y ahora somos 9- y se han cuadruplicado las denuncias. Se ha visibilizado, pero hay que dotarlo de recursos, de políticas públicas y ese es el combo que hay que seguir trabajando porque la situación de violencia continúa y la consecuencia son los femicidios”.

Por último, aseveró que en cuanto a legislación “los legisladores no nos convocan sobre estos temas, como Ministerio Público Fiscal venimos planteando todos los años en este tema específico las necesidades que tenemos y los recursos que serían necesarios, pero los proyectos para el Poder Judicial llegan de otra manera a la Legislatura, no como uno quisiera, y no son atendidos de la manera que quisiéramos y que correspondería. Hay que entender que esto no es para el Ministerio Publico Fiscal sino para las personas que están esperando una respuesta”.

De izquierda a derecha: la abogada Fernanda Vázquez Pinasco; la fiscal Ileana Viviani y el fiscal Leandro Dato. (Foto: ANÁLISIS)

Pidieron que se revoque el sobreseimiento de Allende por amenazar a la ministra Velázquez