El plenario de Delegados de la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER), declaró su apoyo al paro de este jueves. En un pronunciamiento conjunto, las 15 filiales del sindicato se alinearon con la medida de fuera por 24 horas, convocada por la Federación de Judiciales Argentina, las dos CTA y la CGT.

“A través de una declaración con concurrencia a los lugares de trabajo, por esta vez”, se indica en el parte de prensa. “Las razones que fundamentan la declaración son la escalada de precios tanto en los productos básicos como en las cuotas de las escuelas, los combustibles, los alquileres, el transporte y los fuertes aumentos en la luz y el gas, que deterioran el salario mes a mes, con actualizaciones salariales que quedan por debajo de la inflación”, plantearon.

Agregaron que “esto en un contexto de caída brutal de la actividad económica (tanto productiva como de servicios) como no se veía en décadas, lo que ya está produciendo una creciente población desocupada, que como sabemos de sobra los trabajadores, produce mayor pobreza y deteriora las condiciones laborales y el salario de todos”.

“La actividad que cayó fundamentalmente por la paralización casi absoluta de la obra pública (que genera desocupación), porque 40% del ‘gasto’ que redujeron, son en realidad los salario de los jubilados nacionales, y por el incumplimiento de leyes que establecen recursos genuinos de las provincias como la compensación a la Caja de Jubilaciones, el incentivo docente o el fondo del transporte”, añadieron después.

Manifestaron desde AJER que “el vaciamiento económico de las universidades nacionales, que sólo fue mitigado por una enorme movilización en todo el país casi sin precedentes, la determinación de volver a cobrar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, de limitar el derecho de huelga, de reprimir las movilizaciones de trabajadores con protocolos represivos, mientras se liberan los precios a sectores concentrados que no tienen competencia, y sin que exista ninguna medida para proteger o garantizar los derechos de trabajadores y sectores medios, terminan de configurar las condiciones para una enorme transferencia de ingresos de éstos sectores a las grandes empresas a las que favorece el gobierno de Milei”.

Plantearon que “este escenario de giro violento a políticas neoliberales que ya conocemos, vuelve aponer en riesgo el modelo de sociedad con equidad distributiva y justicia y progreso social que los trabajadores judiciales hemos defendido y defenderemos”.

Por último, marcaron que “el gobierno provincial que acompaña las políticas y la sanción de las leyes del ajuste nacional, comienza, por ese mismo ajuste, a no poder liquidar correctamente los aumentos de los jubilados judiciales lo que impone nuestro reclamo para que se respete su derecho y se liquide lo adeudado, y enciende una alarma sobre el estado de las cuentas públicas provinciales”.