En un comunicado de prensa reñido con el respeto al derecho a la libertad de expresión, principio fundamental de la convivencia democrática, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos atacó el trabajo de ANÁLISIS por la nota publicada este miércoles sobre los millonarios pagos de honorarios por parte del Iosper a abogados por amparos, y una entrevista del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) al titular de la obra social provincial.
No se trata de una réplica ni desmiente ningún tipo de dato o información publicada, sino que ejerce una posición corporativa e intolerante ante la informnación sobre una situación crítica real, más allá de las opiniones al respecto, que las autoridades públicas no atienden.
El comunicado completo del CAER:
“El colegio de la Abogacía de Entre Ríos expresa su profundo repudio ante las recientes manifestaciones publicadas en el medio digital denominado Análisis Digital en fecha 9/10/24 bajo el título ‘Abogados facturaron más de 100 millones de pesos por amparos contra el IOSPER’, como también las declaraciones irresponsables del Sr. Cañete y su entrevistador en un medio televisivo.
La publicación mencionada, bajo el velo de una seudo investigación periodística, encubre una inmoral y cuestionable exposición de datos personales de profesionales independientes, con aparente intención de evitar que ejerzan libremente su profesión y la defensa de los derechos de los afiliados de IOSPER frente a los incumplimientos de su Obra Social.
Es fundamental que los medios de comunicación actúen con responsabilidad y ética, especialmente en un momento en que la desinformación o información maliciosa puede tener graves consecuencias, cuidando difundir datos privados y personales de ciudadanos entrerrianos, sin el consentimiento debido, invadiendo su privacidad.
Entendemos que ciertos acuerdos relacionados con pautas publicitarias establecen una agenda de temas que la Obra Social desea imponer al medio. Sin embargo, las publicaciones que afectan los derechos y la privacidad de las personas deben ser veraces y justificadas, como se exige en este caso.
No es un dato menor el hecho de que la noticia se publicara el mismo día en que los afiliados del IOSPER se quedaran sin la prestación de los médicos anestesistas debido a la negligencia de quienes negocian con prestadores en nombre de Obra Social. Entendemos que esta situación pone en contexto la agresiva y violenta publicación.
Es fundamental que, más allá de los requerimientos de quien le paga una pauta, el medio revise sus fuentes, obtenga los consentimientos necesarios para la publicación de datos personales y se retracte de la información errónea presentada. Los instamos a adoptar un enfoque más riguroso en su cobertura futura.
Los colegas mencionados en la nota, en pleno ejercicio de la profesión cumplieron con su deber y velaron por la salud de sus clientes, logrando que el IOSPER cumpla con las prestaciones que infundadamente negaba y debía, percibiendo un honorario regulado de acuerdo a la Ley, por tribunales de la Provincia. Como Colegio reivindicamos a quienes dedican su práctica profesional al noble objetivo de litigar para defender el derecho a la salud y a la vida de sus clientes.-
Además, este Colegio ratifica su credibilidad en los jueces que dictan resoluciones en post (SIC) de garantizar el derecho a la salud, como también en los profesionales médicos que bregan a diario por el bienestar de los afiliados del IOSPER, que en definitiva son los grandes perjudicados por el obrar negligente de sus directivos.
Esperamos que esta carta contribuya a fomentar un diálogo constructivo sobre la importancia de la seriedad y veracidad en el periodismo Entrerriano, como también al mejor funcionamiento y gestión del IOSPER de modo que no haga falta poner en duda el ejercicio profesional de profesionales de la abogacía y de la medicina o el cumplimiento de las funciones de la magistratura en post de ocultar las falencias propias de la obra social.
Algunas consideraciones
-Bienvenida la discusión sobre la ética en el ejercicio de todas las profesiones y oficios. Sin que se hayan dado a conocer en los últimos años comunicados del CAER sobre actuaciones antiéticas de abogados en la provincia, ahora sí la entidad pide “responsabilidad y ética”, pero para “los medios de comunicación”. Esto “es fundamental” para todos los ámbitos.
-El CAER no estaría en condiciones de decir qué es y qué no es una investigación periodística. Mucho menos a un medio con periodistas que han recibido premios, nominaciones y reconocimientos nacionales e internacionales por su labor justamente en esta categoría del periodismo.
-Tanto la mencionada nota como todas las publicaciones que ANÁLISIS viene realizando sobre la problemática suscitada desde que la Legislatura provincial aprobó el inusitado aumento del jurista que provocó la multiplicación de sus honorarios en distintas actuaciones, en particular con los amparos, no cuestionan la legalidad del accionar de abogados sino la crisis que surgió a partir de dicha Ley. De hecho, no es la primera vez que el CAER se enoja con una publicación de este medio sobre los conflictos que acarrean el negocio jurídico montado por los amparos. Siempre criticaron que se publique sobre un tema de interés público, pero jamás respondieron sobre las escandalosas cifras publicadas.
-El CAER se posiciona como defensor de los afiliados del Iosper, al mismo tiempo que contribuye, con estas posiciones, al desfinanciamiento de la obra social de las decenas de miles de trabajadores de la provincia.
-Piden veracidad y justificación de la publicación, sin mencionar qué no es veraz ni justificado. Pueden quedarse tranquilas las autoridades del CAER que la información está debidamente chequeada. Es más: los amparos están publicados en la Mesa Virtual Pública de la página web del Poder Judicial donde se cargan todos los fallos judiciales, inclusive los amparos, en los cuales se detallan los honorarios que deben pagarse a cada abogado litigante. Incluso algunos se publican en el Sistema Argentino de Información Jurídica. Toda resolución judicial es un acto de gobierno, y por lo tanto de carácter público. Por más que para algunos el ejercicio de la abogacía se haya convertido en un negocio privado, no dejan de ser profesionales auxiliares de uno de los poderes del Estado, con una actividad regulada por Ley.
-La afirmación del Colegio de la Abogacía sobre una publicación de ANÁLISIS como parte de un “acuerdo publicitario” con el Iosper, no es más que un lugar común (y bajo) en el que caen algunos de los que se sienten afectados por una nota periodística (del medio que fuere). Lamentamos que el CAER se alinee con el discurso oficial presidencial que ataca con cada vez mayor violencia la labor periodística con la finalidad de censurar y callar voces. Se trata de una conducta que socava los principios de la democracia.
