En las próximas dos semanas tendrá lugar el primero de una larga lista de compromisos “laterales” asumidos por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional en el programa económico: “adaptar” el presupuesto que quedó vigente tras el rechazo del Congreso al proyecto de ingresos y gastos para 2022 a las nuevas condiciones macro establecidas en el acuerdo.

Para eso, el Poder Ejecutivo buscará modificar por la vía administrativa el presupuesto 2021 prorrogado para este año y evitará así tener que discutir en el parlamento un nuevo proyecto. El rechazo de la ley de leyes, en diciembre pasado, fue un golpe duro a la hoja de ruta que se había planteado el ministro de Economía Martín Guzmán en la hoja de ruta de la negociación con el FMI.

El paso a paso de las negociaciones -que por entonces todavía tenían carácter técnico- implicaba que el Gobierno nacional debía tener aprobado en el Congreso el presupuesto 2022 como una de las “acciones previas” a la concreción de un entendimiento técnico. El “bochazo” sobre la hora que tuvo el proyecto oficial trastocó el plan original. Guzmán salió a decir incluso, horas después, que no podría diseñarse un nuevo presupuesto con variables actualizadas porque llevaría meses de elaboración.

Resulta que una de las críticas más repetidas en la oposición a esa iniciativa rechazada era que los supuestos macroeconómicos explicitados en ese proyecto habían quedado vetustos. Como referencia, se planteaba un horizonte de inflación para 2022 de 33% anual y de poco más de 40% para 2021. La aceleración de precios de la última parte del año hizo terminar el IPC anual en casi 51% y el propio programa con el FMI terminó por convalidar un arco de inflación de entre 38 y 48%, una proyección que también ya quedó atrasada.

Habrá, explicaron fuentes oficiales a Infobae, dos modalidades por las cuales el Gobierno pueda cristalizar esa adaptación del presupuesto vigente del 2021 al nuevo programa con el FMI. “Las adecuaciones pueden hacerse o por decisión administrativa o resolución; en ese caso no se comunican al Congreso. Cuando se hacen por decreto de necesidad y urgencia, sí se comunica al Congreso”, detallaron desde un despacho oficial.

De acuerdo a la hoja de ruta prevista con el FMI, esa adecuación podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo. Ahora bien, ¿qué implica una “readecuación” presupuestaria como la que llevaría adelante el Gobierno?

Según la definición que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “las modificaciones presupuestarias son variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente aprobados a nivel de las diferentes categorías programáticas, de acuerdo a las normas legales vigentes. Se originan por varios motivos entre los cuales pueden mencionarse las sobreestimaciones o subestimaciones de dichos créditos, incorporación, reducción o eliminación de categorías programáticas y cambios no previstos en la proyección de los ingresos”.

Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) puso en números las modificaciones presupuestarias ya realizadas por el Gobierno nacional en lo que va del año. El 9 de febrero pasado se aprobó, vía resolución administrativa, un cambio que recalculó en $224 millones los ingresos del Estado y en $655 millones los gastos, lo que implica un resultado negativo por $431 millones.

De acuerdo a la hoja de ruta prevista con el FMI, esa adecuación podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo y el Gobierno podrá hacer esos cambios vía administrativa o por DNU

En este caso, el Poder Ejecutivo debería adaptar la estructura de fondeo a los distintos programas de política pública a las nuevas metas acordadas con el Fondo. A saber: el objetivo de déficit primario equivalente al 2,5% del PBI como techo y las metas trimestrales que tendrá cada revisión.

Incluso ya hay una serie de métricas concretas que tienen como fecha de corte este jueves y que serán evaluadas por los técnicos del FMI en la misión anticipada que tendrán a mediados de mayo. El organismo y el Gobierno decidieron adelantar la primera evaluación -la primera instancia estaba planeada para el 10 de junio- ante el cambio de escenario internacional de precios, que pondrá un fuerte presión sobre las expectativas de inflación y de subsidios elaboradas en el programa económico.

Para fines de marzo, según la letra chica del acuerdo, la cifra que actuará como referencia de techo para el caso del déficit primario será de $222.300 millones. Asimismo, solo permitirá un valor de 535.900 millones de pesos como deuda “flotante”, es decir pagos atrasados del ejercicio anterior. Este último número se mantiene fijo a lo largo de 2022.

Luego habrá metas indicativas para dos aspectos: recaudación y gasto social. En el primer aspecto, el Gobierno debería tener un ingreso real 2,417 billones de pesos entre los primeros tres meses del año. Además, habrá erogaciones en programas de asistencia social que tendrán un cupo mínimo de casi $152.000 millones.

Sobre las metas monetarias, ligadas a la gestión del BCRA, habrá dos criterios de ejecución y una meta cuantitativa. En el primer grupo se listan el piso de variación reservas internacionales netas del Banco Central y el tope del financiamiento monetario desde la autoridad monetaria hacia el Tesoro. Hacia finales de marzo, las reservas deberían haber aumentado USD 1.200 millones en forma neta, mientras que la monetización del déficit tendrá como techo una suma de $236.800 millones.

Según un informe de la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, el Gobierno se perfila para poder cumplir con todas las metas previstas para este último día de marzo. “Con datos disponibles hasta febrero, el déficit primario acumula $92.982 millones, por lo tanto debería superar $129.000 millones en marzo para quedar por encima del límite de la meta. Dada la dinámica de ingresos y gastos, aún incorporando la actualización de las jubilaciones y pensiones correspondientes a marzo, parece poco probable que se supere la meta trimestral”, consideró.

“En cuanto al target de financiamiento monetario, con datos al 23 de marzo el BCRA acumula adelantos transitorios al Tesoro por $122.000 millones con lo cual se mantiene por debajo de la meta de $236.800 millones. A su vez, el Tesoro logró un ratio de refinanciamiento de los vencimientos de deuda en moneda local de 142% lo cual ayuda a reducir el financiamiento monetario”, anticipó.

“Las reservas internacionales netas, por su parte, deberían acumular un incremento de USD 1.200 millones versus diciembre en los primeros tres meses del año. Al 15 de marzo la variación es de -USD 2.400 millones pero si se suman los USD 4.400 millones de financiamiento neto que ingresaron el viernes por el préstamo del FMI, se superaría el objetivo trimestral”, concluyeron desde PxQ.