El diputado nacional Pedro Galimberti (JxC-Entre Ríos) se refirió al informe que brindó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara Baja, especialmente sobre el apartado de la justicia. También habló del veto presidencial a la movilidad jubilatoria, de su posible designación en CTM y de la cuestión energética.  

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Galimberti mencionó que “el jefe de Gabinete, entre marzo y noviembre, tiene que ir todos los meses al Congreso, de manera alternada entre Senado y Cámara de Diputados; el ex jefe de Gabinete que era Posse fue una sola vez al Senado y ahora Francos vino a Diputados recién en agosto. Me habían asignado un minuto de tiempo para las repreguntas, con lo cual es bastante limitado todo”.

En cuanto a las respuestas de Francos, indicó que “en lo que tiene que ver con el criterio del gobierno obre si va ampliar o no la Corte, la respuesta fue insatisfactoria porque dijo que ‘no hay proyectos para ampliar la Corte en esta casa’, cuando en realidad hay proyectos, incluso uno desde el gobierno de Alberto Fernández que todavía está vigente”. “Ante esto hice una pequeña reseña porque quien hoy es el Procurador, Rodolfo Barra, durante la gestión justicialista de Carlos Saúl Menem fue uno de los integrantes de la mayoría automática y, entre otros tantos fallos, emitió el fallo Peralta donde sostuvo que, en casos excepcionales cuando hay emergencia, la interdependencia de los Poderes habilitaba que se dicten normativas de carácter extraordinario. Por eso es tan importante lo que el gobierno vaya a querer hacer con esto, porque una Corte con una mayoría que se amplía puede llegar a tener casos importantes para definir y ver qué criterios van a aplicar”, señaló.

En este marco, afirmó que “independientemente del gobierno que tengamos hoy, se lo dije al jefe de Gabinete, es muy importante cómo se conforma el máximo tribunal de la Justicia de Argentina, y también hay que ver las otras cuestiones hacia abajo como el Procurador de la Corte y los otros Juzgados Federales, porque cuando hay problemas, como pueden ser supuestos de corrupción –que los puede haber en cualquier gobierno- lo que tiene que hacer la República es que funcionen las instituciones. Por eso es tan importante quién va a ir a la Corte Suprema y, eventualmente, a otros Juzgados Federales”.  

Respecto de la postura de la oposición ante la postulación de Ariel Lijo a la Corte, aclaró que “como bloque de Diputados no intervenimos porque la designación se hace en el Senado, pero lo que sí hicimos cuatro diputados de nuestro bloque es hacer todas las presentaciones que correspondían: una ante el Ministerio de Justicia con la impugnación a la candidatura de Lijo y cuando llegó el expediente a la Cámara de Senadores, volvimos a efectuar la presentación para que no avance el pliego y no se termine aprobando”. “Con la reforma de la Constitución del 94, la designación de un juez de estas características es casi necesario un acuerdo entre oficialismo y oposición porque se necesitan dos tercios de los presentes; seguramente habrá negociaciones, pero nosotros entendemos que Lijo es titular del Juzgado Federal N°4 de Capital Federal y tiene a su cargo dos Juzgados más, y cuando se miran objetivamente los fallos y las causas vinculadas a corrupción, se ve que es el juez que menos avanzó en las causas de corrupción, las tiene dormidas, paralizadas y algunas funcionando muy lento, y esto es importante para el funcionamiento de la República, y a esto se lo dije a Francos”.

Vetos presidenciales: movilidad jubilatoria e incremento a Universidades

Consultado al respecto, Galimberti señaló que “el proyecto de presupuesto para las Universidades todavía tiene que tratarse en el Senado, y en el caso de los jubilados, soy autor de uno de los 14 proyectos que había, y la gran mayoría del bloque sé que va a votar para insistir que salga esta fórmula de actualización”.

Explicitó que “básicamente el proyecto de ley tiene dos o tres cosas interesantes: una es ajustar de manera mensual por inflación; la segunda es salir de la discrecionalidad del bono estableciendo que el haber mínimo nunca podrá ser menos que la canasta básica alimentaria y en este sentido hay algo muy importante porque lo que se estaría convirtiendo en ley va a evitar futuros juicios, porque el sistema hoy establece que, si no se les da el mismo porcentaje a todos los jubilados, aquel que se ve perjudicado puede reclamarle al Anses que le pague la diferencia porcentual; y otra cuestión muy importante que a veces pasa desapercibida es que la Nación tiene la obligación de saldar las cuentas con las Cajas provinciales no transferidas –que son 13, entre ellas Entre Ríos- y donde hoy el Estado está incumpliendo con su obligación de remitir en tiempo y forma esos montos”.

En ese marco, aseguró que “fondos hay; hay diferentes lugares, como cualquier definición en materia de política pública se puede tomar desde el propio ingreso. Van a ser aproximadamente 2.000 millones de dólares al año”. Como ejemplo, mencionó: “Mi proyecto originalmente contemplaba el fondo de garantía de sustentabilidad, donde –dependiendo cómo se lo mida-, hay aproximadamente 40.000 millones de dólares que están previstos en el decreto de creación para situaciones de emergencia”.  

“Si bien eso no salió porque el kirchnerismo tiene una fuerte oposición a que se toque eso, aunque en lo personal creo que eso es lo mejor que podemos hacer y en conjunto con lo que va a salir daría certeza respecto a qué van a cobrar los jubilados en los próximos años. Y si la economía mejora, después hay una cláusula de actualización una sola vez al año, en marzo, pero para eso tienen que mejorar más los salarios que la inflación y se toma la mitad”, explicó.

Agregó que “el equilibrio fiscal es muy importante, pero también es cierto que hay herramientas para solucionar esta cuestión; el Estado está en condiciones de hacer frente y también tiene otros lugares. El año pasado en el gobierno de Alberto Fernández, cuando se remitió el Presupuesto tenía la famosa separata que básicamente son recomendaciones de dónde se pueden hacer algunas mejoras en gastos tributarios, que son recaudaciones que hoy no tiene el Estado pero que podría revisar”.

Designación en CTM y cuestión energética

En otro orden de cosas, dijo que habla “lo necesario” con el gobernador Rogelio Frigerio y que desconoce los inconvenientes para su posible designación en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande: “He tenido algunas conversaciones al respecto con el gobernador y a partir de lo que ha sido la llegada al gobierno y estando dentro del mismo espacio político, con nuestras diferencias, pero absolutamente respetuoso de lo que los ciudadanos han votado, estoy a disposición de lo que el gobernador necesite. En este sentido, en algún momento, me pidió ir a ese lugar y entiendo que está en una negociación con el gobierno nacional”.

“No depende de mí, pero soy un hombre de la política, a algunos lugares uno llega porque lo pone la gente y a otros porque las circunstancias políticas hacen que sea necesario, y a mí la materia energética, específicamente lo vinculado a Salto Grande, me interesa desde hace muchos años por un convencimiento de lo que es el tema hacia adelante. El desarrollo de nuestra provincia, de nuestra región y de Argentina está en gran manera supeditado a que podamos tener energía buena, barata, abundante, de calidad para lograr un proceso de desarrollo de nuestras actividades”, definió.

Estimó que en caso aceptar el cargo en CTM renunciaría a su banca: “No tengo claro cuál es el mecanismo, si es licencia o renuncia”.

Finalmente, sobre las posibles soluciones a la cuestión energética, Galimberti apuntó que “hay diferentes alternativas, pero hay un que es la más fácil de todas en cuanto a su inmediatez que es hacer que Cammesa, la empresa distribuidora del sistema energético, le pague a la represa binacional de Salto Grande por la potencia instalada y por lo que efectivamente se genera en kilowatts en condiciones igualitarias a lo que son las otras hidroeléctricas del país. Tanto Salto Grande como Yacyretá cobran muchísimo menos, en algunos casos más de cuatro veces menos, que las concesionarias de hidroeléctricas privadas; es una diferencia notoria que hay que revertir”. “Esto a los entrerrianos nos va a beneficiar, por un lado, en lo que tiene que ver con las regalías y, por otro lado, en los fondos excedentes de Salto Grande que se terminan aplicando por ley provincial en ocho Departamentos de Entre Ríos”, concluyó.