El primer día hábil de septiembre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una serie de resoluciones que forman parte de las medidas del Ministerio de Justicia para bajar los costos de registración de automotores en las dependencias de los Registros del Automotor.

Así, se redujo el costo de transferencia o inscripción inicial de un automóvil al 1% de su valor, que hasta ese momento era de 1,5% para los autos nacionales y del 2% para los importados; se eliminaba el costo de emisión de título de propiedad, cédula de identificación del automotor y chapas patente; y se dejaba de cobrar la certificación de firma. También se reglamentó el modo en que se limitarán las ganancias de los Registros del Automotor, aunque esa medida no es de impacto directo en el bolsillo de los usuarios.

Sin embargo, en la discriminación de costos, hubo dos decisiones que se anunciaron pero no se reglamentaron todavía a través de una resolución que respalde su eliminación entre los trámites que se realizan en un Registro del Automotor cuando se transfiere un vehículo: el arancel por la emisión de libre deuda y las tasas jurisdiccionales, sean municipales o provinciales.

El primero tiene un valor menor y casi simbólico, pero el segundo es el mayor costo que paga quién compra un vehículo, ya que equivale al 3% del precio registrado en la tabla de valuación fiscal de la DNRPA, y que triplica el costo total de la operación.

Este jueves, el Ministerio de Justicia confirmó que este último ítem, el de las tasas municipales o provinciales, ya no será un costo que se tenga que pagar en un Registro Automotor al hacer una transferencia. “Los Registros Automotores ya no cobrarán obligatoriamente impuestos ni tasas provinciales o municipales, tampoco infracciones de tránsito ni patentes de las provincias. Los gobernadores e intendentes ya no podrán financiar sus gastos a escondidas de los argentinos de bien”, se destacó desde la cartera, publicó Infobae.

El anuncio llega en paralelo con la medida anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, por la cual ya no se podrán incluir las tasas municipales o provinciales en las boletas de los servicios públicos como luz, gas, etc. En el caso de las transferencias de automóviles, ese 3% se deberá pagar en otra dependencia, probablemente en un banco, pero ya no formará parte de los trámites que se hacen y cobran dentro de los Registros del Automotor.

Tanto con los servicios esenciales como en este caso con la registración de automotores, la medida se toma como una forma de demostrar cuál es el organismo o estado que percibe esos montos y desligarlos de la idea de ser un costo del gobierno nacional.

En este punto, hay un caso algo insólito que también afecta el costo que terminan pagando los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la duplicación de ese 3% cuando el vehículo se compra a una empresa o agencia que lo registró a su nombre cuando se lo compró a un particular. La figura se enmarca como los “habitualistas”, que son quienes toman un auto usado como parte de pago de otro que vendieron y para poder venderlo nuevamente, lo transfieren transitoriamente a su nombre.

Actualmente, esa transferencia provisoria se cobra el mismo 3% del valor del vehículo, como si fuera hecha a nombre de quien lo compra para usarlo como su propio automóvil. Ese costo, indefectiblemente va a parar al precio de venta, porque de otro modo, el margen de ganancia de la operación de compra-venta de autos quedaría anulado. En la provincia de Buenos Aires esa transferencia provisional no se cobra. Además, la DNRPA tampoco cobra el arancel del 1% cuando la compra la hace un “habitualista”.

El otro ítem, que es menor en costo pero igualmente importante para los usuarios, es el del certificado de libre deuda. Actualmente se cobra $650 y es un trámite que es requisito para continuar con la transferencia.

Lo que se anunció fue que este trámite ya no será un impedimento para hacer la transferencia de un vehículo entre particulares, y que las deudas de patentes o infracciones será un tema que deberán resolver entre comprador y vendedor.

Ambas medidas deberán reglamentarse y publicarse en el Boletín Oficial, pero todavía están aguardando que se terminen de desarmar formalmente los convenios provinciales y municipales comunicándole a cada distrito.