Cuando asumió el Gobierno, Javier Milei se propuso terminar el año eliminando decenas de organismos públicos, más de sesenta, que bajo su óptica no tienen razón de existencia. Pero no lo logró: apenas se disolvió uno, el Inadi, mientras el resto sobrevive, pero con una fuerte reducción de personal.

De acuerdo a datos oficiales y recolectados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que lidera el combativo Rodolfo Aguiar, el organismo más perjudicado por el plan motosierra fue el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo ya que dejó de existir. La disolución implicó el despido de más del 70% de su planta de trabajadores, cuya base constaba de cuatrocientos empleados. El 30% restante, logró ser reubicado en áreas del Ministerio de Justicia, publicó la agencia Noticias Argentinas.

Luego, figura la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con 1.300 personas que perdieron su fuente de ingreso en distintas dependencias del país. En el gremio que nuclea a los trabajadores, el Secasfpi que conduce Carlos Ortega, señalan que el régimen de disponibilidad que lanzó el oficialismo en agosto, una idea del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, fue clave para que las destituciones puedan avanzar.

Este régimen consagra que la autoridad estatal pueda disponer del futuro del trabajador de planta permanente, en aquellos organismos que se vean afectados por reestructuraciones, que eliminen cargos o se reduzcan el personal. También impone la desvinculación en el caso de que un trabajador no asista a las capacitaciones y, además, se estima el despido definitivo por medio de una simple indemnización.

La nómina de organismos afectados por los ajustes siguen con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con 644 bajas; Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), 567; Estado Mayor General de la Armada, 442; la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), 381; la Dirección Nacional de Vialidad, 326; y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con 223.

El oficialismo no dio detalles del porqué se desvinculó a cada persona. En el caso del Senasa, se señaló que “casi el 65% son administrativos, justamente porque se busca un Senasa que esté controlando y no tanto en los escritorios”.

También hubo marchas y contramarchas, como pasó en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): se anunciaron en septiembre 282 cesantías. No obstante, por presión de ATE, las autoridades tuvieron que rubricar la reincorporación de 153 trabajadores. De todos modos, para el gremio fue una victoria parcial. 

En diálogo con el portal de Perfil, Aguiar remarcó que están peleando en la Justicia por la reincorporación de los empleados porque los despidos son “ilegales”. Y que de acuerdo al conteo que tienen, “hay más de 33 mil despidos en el año contando las empresas estatales”.

Por otro lado, el referente mencionó que el plan de lucha que su organización lanzó “evitó el despido de más de 150 mil empleados que querían llevar a cabo Milei, Caputo y Sturzenegger”.