En un intento por tratar de bloquear el eventual rechazo de los pliegos de los candidatos propuestos para la Corte Suprema -y luego designados por decreto-, el Gobierno le ordenó a la bancada libertaria del Senado que le pidiera a Victoria Villarruel una sesión especial para el próximo jueves para tratar el proyecto de ley de ficha limpia, que impide ser candidatos a quienes tengan una condena penal confirmada en segunda instancia. También, para aprobar la ayuda de emergencia a Bahía Blanca para paliar los estragos de la inundación que sufrió la ciudad del sur bonaerense.

La nota, firmada por cinco de los seis senadores del bloque que conduce Ezequiel Atauche (Jujuy), fue presentada el último jueves, menos de una hora después que la Comisión de Acuerdos emitiera dictamen al pliego de Manuel García-Mansilla, dejándolo, así, en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara alta junto a la nominación de Ariel Lijo.

Hasta el momento, la vicepresidenta y titular del Senado no ha respondido el requerimiento de los legisladores de La Libertad Avanza. Tampoco lo hizo con otra presentación del kirchnerismo que le pide a Villarruel que convoque a una sesión especial para el mismo jueves, pero para tratar los pliegos de los jueces.

Por lo general, la presidenta del Senado suele saldar esas discrepancias en consulta con los líderes de los bloques dialoguistas. Sin embargo, en las últimas semanas se ha venido acentuando el aislamiento de Villarruel con relación a la actividad legislativa, una queja que ya se escucha en todas las bancadas, sin contar que casi no tiene lazos con el bloque oficialista, que es manejado a distancia por Santiago Caputo.

Precisamente, la decisión de pedir una sesión especial fue ordenada por el asesor presidencial, que tiene en Atauche al brazo ejecutor de sus estrategias en la Cámara alta. La jugada apuesta a “espantar” al kirchnerismo abriendo el recinto para tratar el proyecto de ley de ficha limpia, que la bancada de Unión por la Patria rechaza de plano por considerar que su única finalidad es proscribir una eventual candidatura de Cristina Kirchner.

Lo llamativo del caso es que hasta la semana pasada la propia Casa Rosada había ordenado a sus legisladores hacerse los distraídos y dormir el debate de ficha limpia. La jugada muestra la desesperación de la Casa Rosada ante la posibilidad de sufrir el duro golpe político para Milei y la fuerte desautorización a las estrategias de Caputo que implicaría el rechazo de las designaciones de Lijo y García-Mansilla en la Corte Suprema.

El proyecto de ley de ficha limpia fue aprobado por la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero y tiene, desde hace tres semanas, dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Pero el Gobierno había decidido postergar su tratamiento para las sesiones ordinarias ya que decidió priorizar la ley que suspendió las elecciones primarias (PASO) de este año, ley que el Senado sancionó el pasado 20 de febrero.

En realidad, a la administración de Javier Milei nunca le interesó ficha limpia, iniciativa impulsada por diputados de Pro, ya que se contrapone a su estrategia electoral de polarizar con Cristina Kirchner, que se vería impedida de presentarse en los próximos comicios en virtud de tener una condena por corrupción, en la causa Vialidad, confirmada en segunda instancia por la Cámara Federal de Casación Penal.

Así fue como, en noviembre del año pasado, la bancada libertaria de la Cámara baja, en sintonía con el casi centenar de diputados del kirchnerismo, dejaron sin quorum e hicieron fracasar en dos oportunidades el tratamiento del proyecto. La repercusión mediática y en las redes sociales de la actitud del oficialismo, jugando en tándem con el kirchnerismo, obligó a la Casa Rosada a dar marcha atrás y anunciar que estaba dispuesto a discutir el tema, pero que quería hacerlo en base a una iniciativa propia que estaba elaborando el abogado Alejandro Fargosi.

La propuesta en la que trabajó Fargosi nunca se presentó de manera pública, pero a mediados de enero se anunció que el ministro de Defensa, Luis Petri, se encontraba elaborando un proyecto. Este fue incluido por el Gobierno en el temario de sesiones extraordinarias a las que convocó en febrero y, tras algunas modificaciones, fue aprobado por la Cámara baja tres semanas después.

(Fuente: La Nación)