Las tres subrayaron su “punto de vista crítico sobre el actual rumbo de AGMER, bajo la actual conducción mayoritaria de la agrupación Rojo y Negro”, informó APF.

“Un sindicato que sea realmente plural, superador del sectarismo y el fundamentalismo que existe hoy en la mayoría de la conducción Directiva Departamental de Concordia y en la Comisión Directiva Central de AGMER Entre Ríos; diversidad que represente riqueza en el debate ante la dispersión organizativa actual, donde no se brinda la orientación política-sindical imprescindible para que los debates y las acciones no se den divorciadas de la realidad”, exigieron en el comunicado de prensa.

En la misma línea desearon “un AGMER que tenga claro en cada uno de sus posicionamientos su condición de representación de la clase trabajadora en la docencia y por tanto con una verdadera autonomía de las patronales, tanto las gubernamentales como las privadas; así como de todos los partidos políticos, sin excepción ni preferencias”.

“Apostamos a recuperar la unidad dentro de nuestro sindicato respetando las diferencias, así como hacia el conjunto de la clase trabajadora y sus organizaciones; y fundamentalmente hacia la comunidad educativa como parte inseparable de un proyecto educativo, gremial, pedagógico y político”, postularon.

En ese sentido plantean “recuperar la capacidad formativa y autoformativa de los docentes, de la militancia gremial y al servicio de nuestras reivindicaciones y de un proyecto de provincia y de país con mayores avances”. Aclarando que eso “significa defender con una orientación crítica la formación docente que ahora brinda el Estado, como las propias instancias que el sindicato genere. Estas últimas merecen ser seriamente rediscutidas y reorientadas”.

Asimismo, argumentaron que aspiran a que AGMER vuelva a ser considerado “un actor insoslayable de la definición de las políticas públicas en educación, con capacidad de acumular fuerzas en esa dirección; valorando los avances logrados como un piso para futuras conquistas, no como en la actualidad, donde Graciela Bar y el CGE (Consejo General de Educación) se constituyen en el monólogo de una política oficial que no responde a las necesidades del colectivo docente, por seguir potando rémoras neoliberales, tales como la ‘eficiencia’ educativa y responsabilizándonos por la cantidad de días de clases del calendario”.

“Este protagonismo en la agenda a discutir con el gobierno es criterio válido y central para las conquistas salariales, en la estabilidad laboral, condiciones de trabajo, infraestructura escolar y el conjunto del pliego reivindicativo docente; recuperando la visión de la negociación como espacio de disputa desde la lucha, con firmeza y flexibilidad para dar pasos de avance y no de retroceso. Los conflictos deben conducirse con orientaciones político-sindicales claras, que le brinden herramientas de análisis a todos los compañeros, para resolverlos en la práctica y no producir mayor orfandad y confusión”, aseguraron.

Por último hicieron hincapié en las medidas de protestas adoptadas. “Va de suyo que en este planteo ocupa un lugar central la reinvindicación del paro como medida de lucha, pero sin someterlo al desgaste actual, que sumado a la falta de una estrategia clara ante los descuentos patronales pone en riesgo el sentido y poder de esa herramienta: un canal de aglutinación y expresión no solo de los docentes sino de sectores sociales dispuestos a pelear por un proyecto que ubique como uno de sus ejes la defensa de la escuela pública y popular, con igualdad, justicia social, ejercicio de todos los derechos humanos y los trazos necesarios para construir una sociedad diferente”, concluyeron.