Por Luis María Serroels
(Especial para ANÁLISIS DIGITAL)
En el grupo de ex funcionarios kirchneristas -y ahora con la irrupción de sindicalistas amasadores de fortunas no justificadas-, se instaló la táctica de atribuir las imputaciones judiciales a una persecución salvaje. Se incurre en el fenómeno consistente en proyectar en el otro lo que no aceptamos en nosotros mismos. Ergo: nefastos son los que imputan.
Entre los referentes de la oposición legislativa y del sindicalismo se incluye a los diputados Juan Facundo Moyano y Máximo Kirchner (cuyos trabajos formales en el mercado laboral se desconocen y sus riquezas no se explican) y a Hugo Moyano (quien peguntó si “tener algo significa ser deshonesto”). En realidad el problema es tener mucho sin poder justificarlo legalmente. Si el dirigente camionero es tan inocente e impoluto ¿porqué quienes lo denunciaron, entre ellos las diputadas Graciela Ocaña y Paula Oliveto, vienen recibiendo amenazas de muerte?
La concentración del miércoles no fue la del pueblo trabajador contra el gobierno, sino de “Moyano versus Macri”. Del ala gremial del Cristinismo en retirada buscando oxigenación política. Los llamativos faltazos de “gordos” cegetistas y dirigentes del PJ, convirtieron en una estrategia personal la jugada del líder camionero ante el riesgo de ser citado por los fiscales.
A principios del siglo 20 aparecía en Estados Unidos Jimmy Hoffa, un carismático líder sindical llamado a ser muy influyente en su país al frente del Sindicato de Camioneros, al que convirtió en una potencia económica y política, pero terminó enredado con personajes non santos. Al parecer Moyano cultiva un pensamiento de Hoffa: “que todo lo que ande sobre ruedas sea de Camioneros”.
En otro orden, se difundió que la justicia provincial dispuso un embargo de 26 millones de pesos al actual titular de la cámara baja, a un ex ministro de su gestión como mandatario y actual diputado provincial, a un hermano político del primero y a un grupo de empresarios, tomando como origen el desvío de publicidad oficial entre 2010 y 2015 a empresas vinculadas al familiar, por un monto de 24 millones de pesos. Trascendió que las penas que pedirían los fiscales serían de cuatro a ocho años según las imputaciones.
El defensor Raúl Barrandeguy expresó que “una medida cautelar se debe dar en el contexto de una sentencia (…) nosotros no estamos condenados ni nos van a condenar”. Su colega Rubén Pagliotto le respondió que “el embargo evita el desprendimiento de bienes mal habidos” y días después calificó a Urribarri como “saqueador serial de recursos públicos”). ¿No tendría éste que acusar para vindicarse como manda la Constitución?
A propósito del ex mandatario, hace tiempo viene recorriendo territorio entrerriano y fuera de él para entrevistar dirigentes en procura de la “unidad partidaria” (que más pareciera la del languideciente Frente para la Victoria que la del Partido Justicialista, de cuyo Consejo Provincial es miembro). También estuvo con Jorge Capitanich, otro kirchnerista pura sangre mirado por los jueces y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, integrante de una dinastía inaugurada por Juan Rodríguez Saá en 1860 y que sentó en el sillón mayor del poder político puntano a nada menos 7 gobernadores. Se ignora quién le confió orgánicamente este cometido, siendo en apariencia una cruzada personal.
El gobernador Bordet declaró el martes 20 que no está participando de conversaciones con vistas a la unificación, un asunto sin dudas muy sensible.
Sorprendió que dos diputados del PRO apoyaran la continuidad de Urribarri al frente de la cámara baja y mucho más que para ello habrían sido autorizados por su bloque. Si bien el diputado Esteban Vitor reveló su desacuerdo, nunca se dieron los fundamentos de semejante decisión que afectaría la disciplina partidaria.
La postura de Bordet se comprende, en tanto se halla sumergido en la tarea de gobernar para todos los comprovincianos y en su carácter de titular del Consejo Provincial está obligado a separar las cosas. El papel dirigencial y su rol de mandatario no deben mezclarse. En un encuentro gastronómico se comentó que si bien Urribarri no ha recibido condena alguna, un emisario con graves acusaciones judiciales no resultaría una jugada riesgosa para revertir una afligente diáspora electoral.
Culminando 2017, desde la Departamental Paraná del PJ se pidió la expulsión de los legisladores Juan José Bahillo, Mayda Cresto, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath por “las graves faltas doctrinarias cometidas (…) y sus consecuencias violatorias de los compromisos de la plataforma electoral del partido”. El origen del enojo fue “la decisión de acompañar el ajuste previsional y la flexibilización laboral”. En el fondo se trató de un tiro por elevación al ocupante del sillón mayor de la Casa Gris.
No obstante surgen necesarios interrogantes. Primero, que tan extrema solicitud no haya contagiado a los demás consejos departamentales. Y segundo, que no se haya advertido que el mensajero es alguien -que se recuerde- que nunca nombró a Perón y Evita y que enfrenta juicios por graves irregularidades en sendos mandatos.
El justicialismo, que lucha por reverdecer sus cartas doctrinales lesionadas seriamente por el Frente para la Victoria (una carátula que arrió las banderas históricas), trata de reagrupar sus cuadros para colocarse en carrera con expectativas firmes el año venidero. Muchos hablan de una eventual amnistía para díscolos que creyeron ver en los Kirchner a dos grandes estadistas.
Un veterano militante expresó con optimismo que si se logra reafirmar preceptos innegociables, depurar la estructura dirigencial y apuntalar férreamente la acción del actual gobernador, diferente sería el panorama. En tanto se fortalece la idea de despegarse definitivamente del “fenómeno K” y de ello dan cuenta declaraciones de altas figuras que lo sitúan como algo que ya fue y que no volverá.
Mientras esto ocurre, el mandatario comenzó la siempre complicada ronda de negociaciones salariales con los gremios. Las paritarias siempre han sido fuente generadora de rispideces y asperezas. El asunto radica en la predisposición de ambas partes para hallar el justo equilibrio entre las extremas necesidades del erario público (comprometido por una crisis de arrastre) y las justas reivindicaciones de los servidores estatales. (Este es precisamente el nudo gordiano del problema).
En uno de los tramos más salientes del mensaje anual a la Legislatura, Bordet anunció el envío de un proyecto proponiendo una nueva Ley Electoral sin “lista sábana”, sosteniendo que “no hay que tenerle miedo a la voluntad popular”. Un lúcido ex dirigente con mucha experiencia en las lides comiciales, reflexionó que “no se puede entreverar en una misma lista un as de espadas con un siete de copas”. La calidad moral, política e intelectual debería ser la única vía para justificar una postulación y evitar que una candidatura funcione como reconocimiento por favores militantes.
