Federico Malvasio
El pliego de un postulante a ocupar la titularidad de un Juzgado de Instrucción en Diamante fue rechazado sin fundamentos en el Senado. Mientras en el Consejo de la Magistratura no encuentran motivos para que se caiga el pliego, desde el Poder Legislativo las respuestas son poco menos que increíbles. Todo indica que la maniobra fue pura y exclusivamente un desquite por la acusación del postulante a un senador imputado de enriquecimiento ilícito. Esta nota da cuenta de un precedente que empaña la institucionalidad de la provincia.
A una determinación se la puede calificar de arbitraria cuando sus fundamentos carecen de racionalidad. Algo así sucedió con el pliego del postulante Julio Humberto Albornoz para ocupar el cargo de juez de Instrucción en Diamante. El pliego del aspirante, luego de pasar todas las etapas de evaluación en el Consejo de la Magistratura y lograr el puntaje más alto, fue rechazado por el Senado. El asombro, la angustia y la confusión reinan en los tribunales de Diamante, en el instituto colegiado y en la sociedad diamantina. El Poder Ejecutivo parece estar abocado sólo al conflicto del campo y el Legislativo, cuando se le pregunta el porqué del rechazo, no tiene argumento alguno. La historia tiene un trasfondo político, más que jurídico.
Muy bueno
El abogado, de una vasta carrera en los Tribunales de Diamante, hizo la prueba de oposición el 24 de octubre del año pasado ante el jurado conformado por Noemí Berros, Juan Ascúa y Julio de Olazábal. Este examen consiste en resolver un tema propuesto por los evaluadores cuyo sistema tiene todas las precauciones respecto al anonimato del aspirante. Por ejemplo, el tema se pone en sobre cerrado y luego se hace el sorteo delante de los concursantes. A cada uno de ellos se le otorga una clave para identificarlo una vez que se les entregue su evaluación realizada en una computadora que no tiene otro programa que el necesario para contestar las preguntas. La letra tiene un tamaño reglamentario y, en las respuestas, no puede haber partes subrayadas o marcadas en negritas. De esta manera, el jurado, a la hora de corregir, no puede identificar de quién es la evaluación. El reglamento se hizo en función de garantizar el anonimato del concursante.
La examinación comenzó ese día de octubre, a las 9 de la mañana. Albornoz se sentó frente a una PC con la clave RÑV. El aspirante logró en ese paso 32 puntos. La calificación -según el artículo 10 del decreto 39 que crea el Consejo de la Magistratura- tiene como tope en el promedio un máximo hasta 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera: a) Antecedentes: hasta 40 puntos; b) Oposición: hasta 40 puntos; y c) Entrevista personal: hasta 20 puntos. El puntaje final del diamantino fue de 29,70 en antecedentes; 32 en la prueba de oposición; y 14 en entrevista personal. Lo que hace a un porcentaje de 75,70 puntos. En términos escolares se podría decir que se trata de un alumno muy bueno. En el acta labrada el 6 de diciembre el Consejo señala que concluidas las deliberaciones, los consejeros “concuerdan que el candidato cuenta con la idoneidad requerida para desempeñar el cargo concursado, dado que respondió con solvencia a las distintas cuestiones que se le plantearon, demostrando un manejo fluido de los temas cuya exposición le fue requerida, resolviendo por unanimidad”. Así fue que el pliego fue enviado por el Poder Ejecutivo, para luego ser bajado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos el 4 de febrero de este año con el número de expediente 8.850. La rapidez con que circuló por los diferentes despachos en Casa de Gobierno se debió a que Albornoz no tenía impugnaciones. Todo parecía ir sobre ruedas.
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