“Si hay una demanda latente de las industrias sobre  algunos de estos productos, lo que tenemos que hacer es fomentar la gestión integral de los residuos para que haya más separación y reciclado, no abrir la importación”, distinguió el funcionario. Anticipó que el equipo jurídico evalúa los alcances legales del decreto

Mediante el decreto 591/2019 conocido la semana pasada, el presidente Mauricio Macri modificó la reglamentación de la ley de Residuos Peligrosos.

La norma generó alarma en algunos sectores vinculados al cuidado del medio ambiente porque con estos cambios se permitirá el ingreso al país de residuos procedentes de otros países sin un certificado de inocuidad emitido por el país de origen.

“Nos toma por sorpresa porque participamos en el Consejo Federal de Ambiente (Cofema) que es el órgano ambiental que reúne la política nacional del ambiente con las provincias y no había sido tratado este decreto”, expresó el subsecretario de Ambiente provincial, Lucio Amavet, al ser consultado por la medida.

Que estos cambios no hayan sido discutidos y analizados en ese ámbito federal siendo que el material aludido circulará por las provincias “es un primer inconveniente”, puntualizó Amavet.

“Consideramos que este decreto está sustentado o respaldado en una supuesta demanda de la industria. Todo el esfuerzo tiene que estar en función de respaldar y fortalecer el reciclado y la  separación como política ambiental nacional, dándole sustentabilidad, legalidad y poner en valor a las cooperativas de recicladores que hay en el país”, diferenció.

En tanto “si hay una demanda latente de las industrias sobre algunos insumos y éstos provienen  de la separación y el reciclado lo que tenemos que hacer es fomentar la gestión integral de los residuos para que haya más plantas de separación y reciclado en el país para hacer más insumos de este tipo; no abrir la importación sino ver cómo generamos las herramientas para que lo que se recicle tenga una valor”, se explayó.

El funcionario contó que el área legal de la Secretaría de Ambiente  de Entre Ríos estudia por estas horas los alcances del decreto y evalúa qué estrategia presentar en el marco de la próxima reunión del Cofema el 16 de septiembre. Una acción a tomar conjuntamente, según se adelantó, sería el pedido de más información al gobierno nacional sobre la nueva norma.

“En la asamblea del Cofema vamos a elevar nuestro reclamo en función de obtener mayor información sobre la supuesta demanda industrial, cómo y de quién sería el monitoreo de esos residuos, cuidado, tránsito y disposición de esa basura”, precisó.

Por otro lado, puso en evidencia que “toda norma ambiental no debe ser regresiva de la norma anterior. En derecho ambiental uno tiende a ir por más cobertura no menos. Esa es una cuestión legal a revisar”.

La demanda industrial argentina de residuos importados de papel, cartón, chatarra, aluminio o caucho a menor costo fue, según trascendió de manera no oficial, una de las razones que habría motorizado la decisión del presidente Macri apuntada en el decreto. A su vez esta decisión coincide con la demanda de países de la Unión Europea y de Estados Unidos de nuevos mercados donde colocar sus residuos tras el cierre a la importación de este material por parte de China.

“Como no hay una política clara de separación y reciclado de la basura no tenemos el volumen o la escala que demandaría el mercado”, opinó Amavet y brindó datos elocuentes: “Argentina aproximadamente separa y recicla el 25 por ciento de la basura que genera, no tenemos una demanda calculada de las industrias, pero sí sabemos que aquellas cooperativas y municipios que trabajan en el reciclado tienen un mercado y un valor que hoy cubre muchos de sus costos en la gestión integral”.  Con la importación, “al aumentar la oferta, bajaría la demanda y disminuirían las posibilidades de tener municipios que separen y reciclen con más fuerza”.

Cabe destacar que Entre Ríos “está por debajo del 25 por ciento" de reciclaje que muestra el promedio nacional. Y de acuerdo a lo manifestado por Amavet es así porque “hay proyectos de tratamiento integral proyectados pero que aún esperan financiamiento internacional”. Se trata de los cuatro grandes nodos Paraná y su micro región; Concordia y todo el departamento; Colón- San José  - Villa Elisa y Ubajay; Santa Elena, La Paz  y Hasenkamp.

Fuente: APF