El Papa tuvo duras definiciones a conductas típicas de las derechas mundiales, pero pareció referirse directamente a las maniobras llevadas adelante por el macrismo en los últimos años: usó la justicia para borrar del mapa político a opositores, sobre todo kirchneristas e hizo uso y abuso de paraísos fiscales para esconder sus fortunas.

Francisco criticó el "uso arbitrario" de la prisión preventiva, denunció el "lawfare" contra "dirigentes políticos" y pidió que el denominado "ecocidio" sea declarado como un "crimen contra la paz".

En un discurso a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, a los que recibió hoy en el Vaticano, el pontífice dio su visión sobre el "estado actual" de la materia y se enfocó en los "abusos del poder punitivo".

"En nuestro encuentro anterior señalé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva. Lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, la situación se ha agravado en algunos países y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el cincuenta por ciento de la población carcelaria", les dijo el Sumo Pontífice durante la reunión. 

"Este fenómeno contribuye al deterioro de las condiciones de detención y es causa de un uso indebido de destacamentos de policía y militares para esos fines", lamentó el Papa, en un evento en el que estuvo presente, como único argentino, el jurista Roberto Carlés.

"El encarcelamiento preventivo, cuando es impuesto sin que se verifiquen las circunstancias excepcionales que lo habilitan, o por un período excesivo, vulnera la presunción de inocencia y el principio según el cual todo imputado debe ser tratado como inocente hasta que una condena firme establezca su culpabilidad", desarrolló luego.

Francisco dedicó uno de los puntos de su discurso al denominado "lawfare" y planteó que "se verifica periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados".  

"De este modo, con las herramientas propias del lawfare, se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que solo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios", denunció.

Como caso opuesto, según el Papa, "es curioso que la utilización de paraísos fiscales, instrumento al que se recurre para encubrir toda clase de delitos, no sea percibida como un hecho de corrupción y de criminalidad organizada".  

Cabe recordar que el propio presidente Mauricio Macri figura en los denominados Panamá Papers. Fue director en las sociedades Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas desde 1998 y con funcionamiento hasta 2009. En este contexto y aunque no forma parte de los documentos filtrados porque no se fundó con ayuda de Mosseck Fonseca, apareció una segunda empresa vinculada al presidente Macri, Kagemusha SA, integrada en mayo de 1981 y que todavía está activa según el Registro Público de Panamá. Además, durante el blanqueo propiciado por su gobierno en 2016, su hermano blanqueó 4 millones de dólares.  

"En forma análoga -continuó el Papa-, fenómenos masivos de captación de fondos públicos pasan desapercibidos o son minimizados como si se tratara de meros conflictos de interés. Los invito a todos a reflexionar al respecto", aseveró.

De cara a los participantes en el XX Congreso de la Asociación, Francisco agregó que "un elemental sentido de justicia impone que algunas conductas, de las que habitualmente son responsables las corporaciones, no queden impunes".  

"En particular, todas aquellas que pueden ser consideradas como ecocidas: la contaminación masiva del aire, de los recursos de la tierra y del agua, la destrucción a gran escala de la flora y la fauna y toda acción con el potencial de causar un desastre ecológico o destruir un ecosistema", les pidió.

Según el pontífice, "por ecocidio debe entenderse la pérdida, daño o destrucción de ecosistemas de un territorio determinado, de modo que su goce por parte de sus habitantes haya sido o pueda verse severamente menoscabado", por lo que "se trata de una quinta categoría de crímenes contra la paz que debería ser reconocida como tal por la comunidad internacional", finalizó.