Por Florencia Donovan (*)

Hay varios motivos por los cuales los argentinos mantienen, desde hace años, sus ahorros en el colchón. Las medidas de simplificación anunciadas por el Gobierno este jueves son un primer paso para alentar a quienes tienen algunos pequeños ahorros a que vayan goteándolos poco a poco en el sistema formal. Suman. Pero la informalidad seguirá siendo un problema en tanto y en cuanto los argentinos sigan percibiendo que la carga tributaria que pesa sobre ellos es demasiado grande. O, por lo pronto, que lo que pagan no les vuelve en la misma proporción.

Con la misma velocidad con la que los individuos fueron agudizando su ingenio para ocultar sus ingresos al fisco, también fueron viéndose obligados a privatizar muchos de los servicios que hasta gran parte del siglo XX el Estado argentino ofreció con eficiencia. Hoy, los que pueden, pagan además de sus impuestos, servicios de salud privada, educación privada y seguridad privada. Para quienes viven dentro del zoológico de ARCA (la exAFIP) y los organismos de rentas provinciales y municipales, se debe afrontar una presión tributaria digna de un país nórdico, pero como contraprestación se reciben servicios muy deficientes.

De ahí que, según admiten desde el equipo económico, el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos -tal cual se lo bautizó- no puede entenderse si no es en el marco de una reforma tributaria más profunda, en la que vienen trabajando sigilosamente en el Gobierno. Aunque para conocerla es muy probable que haya que esperar hasta pasada la elección legislativa de octubre. Por ahora, desde el equipo económico se contentan con que en el Congreso traten las reformas a la ley de procedimiento tributario y penal tributaria. “Quién se va a animar a oponerse ahora a sacarle un pie de encima a la gente; estas leyes debieran poder salir”, confió un hombre que participa de las discusiones sobre el plan desde un comienzo. “Pero es apenas una parte. Lo grande viene después”, admitió.

De cualquier manera, también tal cual dijo este jueves el ministro Luis Caputo, la idea es que esta medida al menos colabore para ir mejorando la recaudación. Por lo pronto, del IVA. El tema no es menor, y debiera alinear a los legisladores que responden a los caudillos provinciales, dado que es un impuesto coparticipable. Entre los gobernadores hay un malestar cada vez más evidente por la falta de fondos. Algunas provincias empiezan a estar bien complicadas. El 7 de mayo último, el Bank of New York Mellon (BNY) envió una nota a los tenedores de bonos de Tierra del Fuego que vencen en 2027 alertándolos sobre una serie de incumplimientos contractuales por parte de la provincia que conduce Gustavo Melella que, de no subsanarse en los próximos 60 días, podrían considerarse formalmente un “evento de default”. Entre otras cosas, señala, la provincia “no ha presentado un presupuesto y un estado de ingresos para 2025”, y además cayó por debajo del umbral mínimo permitido en su índice de cobertura de regalías. No parece, por ahora, que sea un problema de pagos, lo que sería más grave, pero claramente es una alerta. Tal vez le sirva para negociar a Melella en plena puja por la sostenibilidad del régimen de promoción de Tierra del Fuego. Quién sabe.

De todas maneras, no parece oportuno que se empioje el mercado para las provincias. Córdoba y Santa Fe están planeando probar suerte en los mercados de capitales internacionales por primera vez desde 2017. Córdoba podría salir con un bono por más de US$700 millones la semana que viene; Santa Fe aspira luego a recaudar hasta US$1000 millones.

Pero también para la Nación es un problema. Ya Caputo dijo que es muy probable que este año la Argentina vuelva a intentar emitir deuda en el exterior. Necesita los dólares para los vencimientos de deuda de 2026.

En la Secretaría de Finanzas vienen siguiendo de cerca desde el comienzo de la gestión la situación de los bonos provinciales. Incluso elaboraron en algún momento -como en el caso de Chaco, el año pasado- estrategias financieras vía el Banco Nación para evitar que cayera en cesación de pagos. A partir de esta semana, en tanto, se decidió que habrá una ayuda adicional para todas las provincias. Y es que el Tesoro decidió que comprará con pesos los bonos, Bopreal, que muchas empresas usaron en las últimas semanas para cubrir el vencimiento del impuesto a las ganancias. Al ser otro impuesto coparticipable, los pesos se distribuirán a cada provincia sin discrecionalidad en función de lo determinado por ley. Se supone que se podían usar Bopreales -los bonos que emitió el Banco Central (BCRA) para captar los pesos atrapados en el sistema- para el pago de impuestos este año por hasta US$1000 millones (unos $1,5 billones).

Pero, además, la compleja ingeniería financiera que servirá en algo para oxigenar las finanzas provinciales podría ir acompañada de otro anuncio. Y es que luego los Bopreales que queden en las arcas del Tesoro podrían ser utilizados para capitalizar aún más al Banco Central.

Se espera que en los próximos días el BCRA también anuncie un nuevo préstamo con garantía de bonos-repo, en la jerga financiera- con un puñado de bancos internacionales por unos US$2000 millones. Sería una operación similar a la realizada en enero pasado. Pese al tembladeral que se registró en los mercados del mundo esta semana, fuentes al tanto de la operación aseguran que el préstamo no está en riesgo. Si bien en el Gobierno insisten en que no están preocupados por cumplir la meta de reservas internacionales pautada en el acuerdo que se firmó con el FMI tan solo el mes pasado, habría una intención de al menos acercarse. El Fondo no suele ser muy explícito en sus declaraciones, pero ayer, la vocera del organismo, Julie Kozack dejó traslucir que no se trata de un tema menor: “Hay un reconocimiento compartido con las autoridades sobre la importancia de fortalecer las reservas externas y asegurar un regreso oportuno a los mercados internacionales de capital”, dijo.

“En el mercado no se descarta tampoco que el Tesoro o el BCRA decidan además emitir un bono en el corto plazo que pueda suscribirse con dólares. La decisión de ayer del BCRA de extender el plazo mínimo que pueden tener los bonos en dólares que emitan las empresas privadas y de habilitar la suscripción de títulos de forma directa con moneda extranjera, fue leída por los operadores como una señal de que el Tesoro o el BCRA podrían aprovechar para buscar dólares en el mercado en el corto plazo. “Sería una forma de cumplir con la meta de reservas sin comprar dólares dentro de la banda en el mercado cambiario”, aseguraron. Autoridades por ahora no lo confirman. Reconocen, sí, que buscan dejarle el terreno libre a la nueva emisión de Bopreal, anunciada cuando se levantó el cepo cambiario para darle salida a los pesos que todavía tienen atrapados las empresas.

El BCRA también quiere que los individuos se animen a meter sus dólares en el sistema formal, y que los bancos activamente colaboren en el proceso. Más de uno recibió en estos días un llamado pidiendo que contribuyan a multiplicar las operaciones de crédito con dólares. Desde febrero, existe la posibilidad de que los individuos compren bienes en cuotas con tarjeta de débito. Muy pocos lo hacen. Junto con las tarjetas de crédito, las autoridades trabajan hace tiempo en un proyecto para ampliar el negocio que hoy rige con las tarjetas de débito a las de crédito. Pero todavía no tiene fecha de salida. La realidad es que en los bancos son reticentes todavía a dar créditos en dólares a quienes no tienen ingresos en moneda dura. El recuerdo de la crisis financiera de la salida de la convertibilidad es lejano, pero demasiado traumático. En la cámara que nuclea a la banca nacional, Adeba, trabajan hace meses en un proyecto para presentarle al BCRA. Dos automotrices les hicieron llegar su interés porque la propuesta avance. Es solo cuestión de tiempo.

(*) Periodista, publicado en La Nación