N.B de ANÁLISIS

“La opinión que la sociedad va formando es impulsada, de alguna forma, por ciertos sectores del periodismo que dejan de ser sectores del periodismo objetivo para pasar a ser fuerzas de choque de estas concesiones críticas”.

Tal fue uno de los tantos pasajes que el abogado Raúl Barrandeguy, defensor del exgobernador Sergio Urribarri, dedicó a este medio y específicamente a su director, el periodista Daniel Enz, a quien no nombró y dijo respetar. Lo acusó de preocuparse “por seguir en la tarea de liberticidio”, como si el ejercicio del periodismo y la libertad de opinión supusiese destruir la libertad.  

A continuación, las referencias completas del abogado que representa los intereses del actual embajador en Chipre e Israel:

“Mis interlocutores en estas cosas son los jueces -reconoció-. Pero en alguna entrevista que me pudieron hacer, hablé de la necesidad de distinguir el derecho de la moral. Entonces dijo este periodista ‘miren ustedes lo que dice Barrandeguy, el derecho y la moral separada, esto no puede ser así’. Preocupado por seguir, continuar esa tarea de liberticidio, esa tarea de todos los días, tratar de derrotar una garantía constitucional. Y esta vez le tocó a una de ellas que es la madre de las garantías de la libertad que es la distinción ilustrada entre derecho y moral”, alegó cerca de las 9.30 de este lunes.

Lo dijo puntualmente  por lo que ocurrió entre martes y miércoles de la semana pasada. Barrandeguy dejó de asistir al juicio por sentirse enfermo. Se realizó un test para chequear y descartar un posible cuadro de Covid-19. Paralelamente, dio una entrevista a una radio paranaense donde habló de la separación entre el derecho y la moral. En la edición del miércoles pasado, en el programa Cuestión de Fondo, el director de este medio cuestionó al abogado por su concepto.

Esta mañana Barrandeguy se preguntó por qué eso es importante. “Hay un área en la sociedad, y varias tal vez, como puede haber un área que defienda las institucionalidades oficiales electorales. Pero hay un área que, en términos estrictos de democracia, tiene la función de considerar mal a un gobierno y oponerse. Hay un área, un conjunto vivo de ciudadanos que creen que los gobiernos son malos y los atacan a como dé lugar. Y hay otras áreas que consideran que los gobiernos no son tan malos o son buenos y merecen toda su defensa. Y esta controversia, contienda, tiene que ver con una disputa de intereses, presidente -interpeló al juez José María Chemez- porque nadie fija posiciones desembozadamente, apasionadamente, si no es en defensa de algún interés. Lo que es legítimo, porque la disputa por los intereses debe darse de esta manera y debe ser gestionada por ciudadanos en el ejercicio del mandato que le dan el resto de los ciudadanos”.

De inmediato dijo que “es muy probable, es absolutamente cierto, asertivo, verificable que entre las energías que impulsaron hacia adelante estas investigaciones, estaba muy claramente definida este tipo de energías políticas. Que consideraban que el gobierno de Urribarri había sido mal, que debía ser castigado y sancionado por lo que había gastado. Se consideraba y estimaba que Urribarri se había enriquecido. Ya lo vamos a ver a lo largo de estas audiencias ¿a dónde se enriqueció Urribarri? Que estaban los campos de Urribarri, las aeronaves, los préstamos, los fondos en paraísos fiscales, los inmuebles, las casas en Concordia. Todo esto que la sociedad, la opinión que la sociedad va formando es, de alguna forma, impulsada por ciertos sectores del periodismo que dejan de ser sectores del periodismo objetivo para pasar a ser fuerzas de choque de estas concesiones críticas. Ha tenido un interés en desaprobar penalmente la conducta de Urribarri, sobre todo del gobierno de Urribarri y sus colaboradores porque se puede admitir, alguno podrá haber admitido en algún pasillo que no hay pruebas contundentes, absolutamente demostrativas de cualquiera de los delitos que se le han atribuido a Urribarri”.

El abogado que encabeza el equipo defensivo en el megajuico agregó en la misma línea argumental: “La idea es que Urribarri tiene familiares, que viven de algo, que fueron convocados a practicar disciplinas deportivas profesionales. La sociedad y la opinión pública deben conocer que no hay duda de esas pruebas, no ha habido información. Digo desde ese lugar y vamos a lo sistémico ¿El deterioro de la institucionalidad comenzó con Urribarri? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la razón por la cual se lo ha perseguido y se lo persigue todavía con toda crueldad? Nunca fue propósito del derecho penal hacer sufrir a nadie”.

Refirió después a que “todos los planetas más perversos se van poniendo en fase de esta constelación de estrellas”. “Fíjese la prensa, lo que puede decir el diario de tal, fulano de tal que tiene la posibilidad de sacarnos con –Jorge- Lanata. Entonces vamos abandonando esa posición de servicio esa posición de servicio que defendí durante toda mi vida, del poder judicial republicano capaz de absolver a los que piensan en contra”, apuntó.

Contó una anécdota personal, cuando fue denunciado por un dictamen y no prosperó en el Poder Judicial a instancias del fallecido juez Raúl Herzovich, con quien tuvo “una relación muy tirante y ríspida por razones políticas”. “El doctor Herzovich tuvo la posibilidad de dejarme pegado a una investigación, dijo que no hubo delito. Fue un adversario político enconado, una figura destacadísima del sector más conservador del radicalismo. Propongo tomar de ejemplo esa figura”.

Algunas frases:

• “La justicia de Garantías le permitió a mi defendido llegar a juicio en las peores condiciones”.
• “¿Cuándo se gradúa un juez de juez? Cuando es capaz de absolver a un enemigo y lo debe absolver, cuando es capaz de condenar si hay que condenar a un amigo”.
• “La independencia del poder judicial no es que un camarista no puede ser llamado por un ministro, no es esto”.
• “Estamos dejando pedazos de las entrañas en estas cosas, porque sabemos que el mundo que queremos vivir, requiere de este tipo de juicios”.
• “Nunca he visto en estas causas, una referencia al in dubio pro reo (*). Ha desaparecido”.
• “Tenemos que defender al Poder Judicial. Sé de la clase media argentina y paranaense, no es demasiado amiga del peronismo, sé que hay hostilidad y en muchos casos es comprensible”.
• “Estoy dispuesto a comprender cómo el movimiento que produjo un ascenso de masas desde el ‘45, produjo dolores”.
• “Urribarri me dice ‘que denuncien, yo tengo todo bien, están en su derecho’”.
• “Este es un proceso riquísimo de configuración de procesos penales”.
• “Las sociedades también juzgan, condenan, se expresan cuando dicen no quiero votarte”.
• “Sacando el caso de juicio al vicegobernador, no conozco un caso así”.
•  “Nunca se valoró el sentido de cada circunstancia importante para empujarlo a Urribarri donde está”.
• “Es función de los defensores destacar el dolor que han sufrido nuestros representados”.
• “Urribarri fue condenado una o dos veces por semana, él y sus familiares. A la pena la transita la mujer, el cuñado, la esposa del cuñado, el padre de la esposa del cuñado, el amigo del hijo de Urribarri, el otro hijo”.

Barrandeguy volvió en varias oportunidades a la “distinción entre derecho y moral”. Dijo que es “moderna”. “La antigüedad confundía derecho, religión y moral. El jefe del Ejército era de jefe de la religión y la familia, y el Estado funcionaba sometido a decisiones caprichosas. El derecho y la moral se sostienen en la necesidad de control absoluto de desborde, para eso se dan enormes poderes”, acotó.    

Señaló en el mismo sentido que “en la diferencia encontramos la posibilidad de que los disidentes y mujeres no sean castigados”. “El delito es la extracción temporáneamente valiosa o no, de un grupo de valores que se establecen como leyes. El resto son normas de la moral que aceptamos todos como valiosas, pero no podemos sancionar a una persona que se dedica a los delitos privados dentro de cuatro paredes de su casa, más allá que se haya castigado la homosexualidad. Entonces esta cuestión para mi amigo el periodista, la debe saber”, respondió.

“Hay también un mundo de disposiciones. Que castiguen, aprueben, desaprueben y no se pueden imponer puniblemene. Entre ellas, la de aprobar o desaprobar un gobierno. Eso es una cuestión que tenemos el derecho y obligación de hacerlo, pero no de prostituir esto para que a alguien que no le fue bien en elecciones, herede una intendencia. Afirmo que se ha violentado gravemente en este juzgamiento, se estaría violentando, la distinción entre derecho y moral, y se estaría impulsando la persecución penal contra una figura que no ha cometido ningún delito, más allá que pudiera gustarnos o no su gobierno”, remarcó.

El argumento de los organismos de control

Desde las audiencias en los juzgados de Garantías los abogados defensores plantean que los legajos del Ministerio Público Fiscal sólo contienen la investigación de lo que ellos denominan “actos de gobierno”. Argumentan en ese sentido que al pasar las actividades por distintos organismos de control como Contaduría, Tesorería General y Tribunal de Cuentas, eso sería excluyente para revisar e investigar los expedientes en la Justicia Penal.

“Contaduría, Tesorería y TdC tienen autonomía. Se les dan atribuciones para que ingresen a cualquier oficina a recabar datos. Con todos los elementos siempre, la Contaduría elabora la cuenta general del ejercicio, un informe de todo lo gastado y lo ingresado. Esa cuenta general del ejercicio se manda al Poder Legislativo. Este le informa al presidente, lo pone en agenda y en la primera sesión se informa a legisladores que entró al Poder Legislativo para ser consultada y objetada. Ninguna cuenta general del ejercicio fue objetada por nadie, a pesar que algún legislador fue denunciante y motor”, se quejó el abogado.  

“Lamentablemente las cosas en los análisis periodísticos son superficiales, no habilitamos la piel donde está la piedad, la condolencia. Esa piel existencial que en cada causa rodea al imputado, acá ha sido más por la afectación de familiares y del patrimonio”, completó.  

Preliminares

Tras el alegato de apertura del principal defensor en el megajuico, se plantearon cuestiones preliminares. Defensores cuestionaron informes periciales. Sostuvieron que no se hicieron con profesionales idóneos en la materia sobre la que se produjeron los informes. Volvieron a quejarse sobre la exclusión del debate del empresario uruguayense Fernando Montañana. Aseguraron en ese punto que Montañana pensaba introducir prueba que servía al ejercicio de la defensa de otros imputados y al quedar afuera del debate, afecta a consortes de causa.  

Entre otras cuestiones preliminares, solicitaron que se incorpore como testigo a Gabriel Mariotto, extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Lo ofrece la defensa del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, dado que el 22 de junio pasado falleció el exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, que sí estaba previsto declare en el debate.   

Los cuatro representantes del Ministerio Público Fiscal en el juicio respondieron a los planteos defensivos. Primero lo hizo el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, le siguió la fiscal Patricia Yedro, después el fiscal Gonzalo Badano y por último la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche. Rechazaron los planteos de nulidades y exclusiones probatorias. Recordaron que a la instancia de debate oral se llegó con el contralor de la Justicia de Garantías.   

El tribunal que componen José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón reanudará el debate mañana a las 11 cuando comunicará la resolución sobre los planteos y comenzará a identificar a los imputados.

(*) In dubio pro reo es una locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado.