Lo dispuso este martes la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata. Se trata de los recursos de apelación que interpusieron las defensas de los imputados que siguen en proceso. Sostuvo que los planteos “no reúnen tal carácter, toda vez que no puede causar gravamen irreparable, cuando aún resta la instancia de juicio donde las pretensas impugnantes tendrán la posibilidad de intentar demostrar ante el tribunal de juicio, el error de lo que se ha resuelto”.

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió este martes “denegar los recursos de apelación interpuestos” por las defensas de los 18 imputados que quedaron en proceso, tras la desvinculación de 14 que fueron beneficiados con la concesión de la suspensión del juicio a prueba; con el juicio abreviado;  y con el sobreseimiento por el retiro de los cargos por parte de Fiscalía. Todo ocurrió en el marco de la audiencia para elevar a juicio oral la causa por los “contratos truchos”.

Según la información que publicó APF, también tuvo presente las reservas casatorias y del caso federal formuladas por los defensores.

Barbagelata resolvió sobre los recursos de apelación que presentaron José Velázquez y Agustín Fontana, defensores de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores de Alfredo Bilbao; Tomás Vírgala, por Ariel Faure; y Miguel Ángel Cullen y Pablo Hawlena Gianotti, el primero como defensor de los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Eduardo Opromolla; y el segundo codefensor del imputado, Jorge De Breuil; contra “algunas de las decisiones adoptadas en audiencia, el 9 de junio de 2025, en tanto rechazan los planteos de exclusiones probatorias deducidos por los impugnantes, durante la mencionada audiencia”.

Marina Barbagelata, jueza de Garantías N°1 de Paraná.

Causa contratos: la jueza Barbagelata rechazó pedidos de exclusión probatoria

Aún resta la decisión de la jueza Barbagelata sobre los planteos de nulidad de las defensas. Es decir, la semana pasada la jueza rechazó los pedidos de exclusión probatoria de las defensas. Ayer contestó sobre las apelaciones presentadas a esos rechazos. Queda pendiente su resolución sobre los planteos de nulidad.

Detalles de la audiencia y la causa

La audiencia de remisión a juicio de la causa se lleva adelante ante la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao;  José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.