Juan Arralde se refiere a la ley 9.659, que fuera impulsada en 2006 por Jorge Busti para beneficiar internamente a su candidato Sergio Urribarri, y que pasaría a la historia con el nombre de su autor, en ese momento presidente del bloque de Diputados del PJ, Emilio Castrillón, hoy vocal del STJ.
A seis meses de la presentación de los radicales, no se conoce aún en qué momento puede haber una definición del máximo tribunal provincial sobre una norma que fue en los últimos dos años objeto de cuestionamientos de gran parte del arco político provincial, al punto que hubo en este tiempo proyectos de modificación y derogación de todos los colores partidarios en la Legislatura, aunque ninguno prosperó.
“Es una ley escrita por Castrillón con el simple objetivo de impedirle al opositor interno de ese momento (Julio Solanas) que pueda armar. Ya nace con un pecado original, no puede mantenerse vigente una ley maldita como esta”, dijo Arralde.
Ante la consulta de El Diario por el estado de la causa, el ex convencional observó que en la votación (hasta ahora hay sólo un voto y falta el del resto de los vocales) “se toman su tiempo”, y no se atrevió a brindar una estimación sobre una definición que afecta en forma directa al próximo proceso electoral entrerriano.
“El planteo es jurídico, con muy pocas consideraciones políticas, debieran tomarlo muy en serio”, opinó el dirigente radical, aunque no dejó de marcar que para los jueces “esto tiene alto voltaje político a lo que se suma que la fecha de las elecciones es un secreto”.
Efectos
“Nos parece prudente que una legislación de altísimo linaje constitucional debe hacerse con reglas claras, estables y serias”, consideró Arralde ante la posibilidad de que sea la Legislatura la que derogue la cuestionada norma.
Como eso no ocurrió, los ex convencionales radicales fueron a la Justicia. Si el STJ les da la razón a todo el planteo, caída la norma, la Legislatura “tendría que votar una ley o adherir al esquema nacional, o remitir a las internas que haga cada partido”, evaluó el ex senador por San Salvador.
A juicio del ex convencional, en el planteo “hay una cuestión central, que es la representación de las minorías”, donde la Ley Castrillón presenta “una inconstitucionalidad manifiesta”. Aceptó como “más opinable” a la autonomía de los partidos para diseñar su esquema de elecciones.
Y cerró: “No se ataca que las elecciones sean internas y simultaneas, sí el modo de implementación, las dificultades que tienen los partidos para cumplir esta ley engorrosa, los trámites que a veces se superponen, que le imponen a una candidatura más requisitos de los que exige la propia Constitución”.
